El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha anunciado que cuando llegue al Gobierno derogará la ley de educación que lleva la firma de la exministra socialista Isabel Celaá, pendiente de aprobación definitiva, y propondrá otra en la que se introduzcan inspecciones “contra el adoctrinamiento”.
“Como rechazan un pacto educativo, al llegar al Gobierno aprobaremos una ley que garantice: libertad de elección, calidad con pruebas nacionales, inspección contra el adoctrinamiento, unidad estatal con MIR educativo, castellano vehicular, más materias comunes, inglés y STEM“, ha escrito este martes Pablo Casado en su red social Twitter.
El borrador de la LOMLOE, o ley Celaá, acaba de ser enviado a las Comunidades Autónomas (con algunas aportaciones de la nueva titular del departamento, Pilar Alegría), para que ofrezcan su visión y se pueda consensuar así un texto definitivo. Su entrada en vigor no está prevista hasta el curso 2022-2023.
Entre los aspectos más polémicos de la nueva norma está la vuelta de la asignatura de Educación para la Ciudadanía, que Ética no sea una alternativa a la Religión, sino una disciplina obligatoria, así como que se introduzca la perspectiva de género a la asignatura de matemáticas.
El proyecto de ley también incluye el objetivo para la educación primaria de fomentar la gestión emocional, promover la educación sexual y la igualdad de género a partir de los diez años, garantizar la atención personalizada al alumno y desarrollar la autonomía y la capacidad de reflexión de los niños.
Como rechazan un pacto educativo, al llegar al Gobierno aprobaremos una ley que garantice:
-Libertad de elección
-Calidad con pruebas nacionales
-Inspección contra el adoctrinamiento
-Unidad estatal con MIR educativo
-Castellano vehicular
-Más materias comunes, inglés y STEM
?? — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) August 10, 2021
El PP lleva varios meses mostrando una “extraordinaria preocupación” por el desarrollo del currículo de la ‘ley Celaá’ y . Para la formación de Casado “la norma lejos de buscar el consenso, es partidista y está ideologizada como demuestra el ataque que supone a la educación concertada y la especial, así como la eliminación del castellano como lengua vehicular”, han dicho sus responsables.
En marzo el PP ya recurrió ante el Tribunal Constitucional este proyecto de ley, por considerar que “vulnera los más esenciales principios derechos y libertades en el ámbito educativo que recoge la Constitución”, según la formación. Además, el PP impulsó una campaña de recogida de firmas contra la norma y ahora es su líder el que ha anunciado que la retirará en cuanto llegue al gobierno.
El Gobierno defiende la norma que empodera a las mujeres
Ante las críticas a la nueva ley, el Gobierno de Pedro Sánchez, a través de la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha salido en defensa del proyecto y se ha lamentado de que “algunos intenten ridiculizar algo tan serio como que las mujeres se empoderen“, en referencia a la orientación que promueve la Ley de Educación.
Montero ha afirmado que el Gobierno “seguirá trabajando con la comunidad educativa, con los profesores, que han dado ejemplo de capacidad de seguir con los itinerarios curriculares”. Y ha apelado a la contribución de la nueva Ley de Educación para “combatir fallos estructurales de nuestro sistema educativo”.
La ministra ha apelado a “ser capaces de despertar vocaciones sobre áreas emergentes en el futuro como matemáticas, tecnología, ingeniería, ciencias”, de las que se ha lamentado que sean áreas con “poca presencia de la mujer”, por lo que ha abogado por que “desde la educación infantil ser capaces de despertar el interés de las niñas, de las adolescentes, de las mujeres por estas disciplinas que parecen ser menos atractivas para la población femenina”.
