En primer lugar, es nuestro deseo felicitarle por su éxito y el del Partido Socialista Obrero Español en las elecciones generales celebradas el domingo 14 de marzo.
Las difíciles circunstancias en que se celebraron debido al repugnante atentado del jueves 11 no han hecho más que demostrar la solidez del sistema democrático español y la madurez del electorado y de los partidos políticos que competían por el voto.
Las asociaciones laicistas andaluzas, organizadas en torno a Andalucía Laica, estamos esperanzadas en que su victoria suponga un giro en la intolerable la deriva confesional impulsada por el Partido Popular, y confiamos en que el gobierno de su partido contribuya a eliminar la innumerables trazas de criptoconfesionalismo que aún permanecen en nuestro país.
Con especialísima preocupación nos preparábamos para contestar la aplicación de la Ley Orgánica de Calidad Educativa en lo referente a la enseñanza de la religión en la escuela, pues suponía un ataque frontal a libertad de conciencia y al derecho de los padres a elegir una educación acorde con sus convicciones. Confiamos, por ello, en que su primera medida en este sentido sea posponer el calendario de aplicación de la misma, de cara a su reforma o completa derogación ulterior, tal y como han manifestado miembros de su partido.
Consideramos sin embargo que es inadmisible una vuelta a la situación anterior a la LOCE. La pervivencia de la asignatura de religión, católica u otras, y de los catequistas que la imparten, incrustados en el currículo y en la comunidad escolar como un cuerpo extraño, es fuente de disfunciones e incluso graves conflictos en los centros. Dado que el Tribunal Supremo dictaminó que los padres tienen derecho a que sus hijos puedan recibir religión, pero que eso no puede comportar la obligación para los demás de cursar otra materia concreta, la única solución racionales la exclusión de la religión del currículo escolar.
El origen último de esta situación es la anacrónica pervivencia de los acuerdos entre el Estado español y el Estado Vaticano del 76 y 79, que curiosamente sólo contienen obligaciones para el primero y que contradicen frontalmente el espíritu y la letra de la Constitución española. Estos acuerdos son una mera reforma del infausto Concordato del 53, apenas maquillado, y suponen una rémora para el pleno desarrollo constitucional en materia de libertad de conciencia.
La Constitución española consagra la neutralidad del Estado en materia religiosa, y así lo han puesto de manifiesto distintas sentencias del Tribunal Constitucional, por lo que en ausencia de los citados acuerdos la única manera coherente de interpretar el Articulo 27.3 de nuestra Constitución, y que se refiere al derecho de los padres a recibir una educación acorde con sus convicciones, es la de una protección indirecta, esto es, la no intromisión del Estado en la formación religiosa que los padres quieran proporcionar a sus hijos.
Por todo ello le instamos a que se denuncien los citados acuerdos y se modifiquen todas las leyes por ellos constreñidas, y que como consecuencia de ello la religión salga de la escuela financiada con fondos públicos, se acabe con la situación de privilegio de la Iglesia Católica, y en general, se eliminen todos los privilegios que el Estado concede a las asociaciones religiosas frente a aquellas de cualquier otra naturaleza.
Rafael Gallego Sevilla
Andalucía Laica
