Distinguidos señores miembros de la CEE:
Los argumentos esgrimidos hoy por el clero español, encabezado por la notoria representación de los obispos y coreados por la ciudadanía más rancia e integrista, son los mismo que hace años se alzaban contra el matrimonio civil y contra la primera ley que regularizaba el divorcio.
A pesar de ustedes, los ciudadanos no católicos y/o no creyentes de este país podemos constituir familias con los mismos derechos que los ciudadanos católicos y tener hijos no condenados a la marginación a la que secularmente los ha sometido la Iglesia.
A pesar de ustedes, los ciudadanos no católicos y/o no creyentes (además de muchos católicos que les vuelven la espalda cuando su situación lo exige) se divorcian por lo civil (hayan o no contraído matrimonio eclesiástico), para darse la oportunidad de rehacer sus vidas y de liberarse de las ataduras de matrimonios inviables.
A pesar de ustedes, la mayoría de los que se dicen católicos en las encuestas de opinión se sirven del preservativo y de otros medios de contracepción, por razones higiénicas y para tener una paternidad responsable, además de recurrir al aborto, si lo creen necesario, en los supuestos contemplados por la ley y en los aún no contemplados, por las mismas razones de paternidad/maternidad responsable.
A ustedes, señores obispos, los niños que utilizan como coartada para violentar la libertad de las personas les importan muy poco. Valga como prueba, para refrescar la memoria de muchos, la NOTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA ANTE LAS PRÓXIMAS ELECCIONES GENERALES, hecha pública el 17 de febrero de 2000, en la que ustedes, señores obispos, reclamaban, entre otras lindezas, "apoyo claro y decidido a la familia fundada en el verdadero matrimonio, monogámico y estable, respondiendo a sus necesidades con servicios que garanticen sus derechos: vivienda digna, reconocimiento del trabajo del ama de casa, ayuda a las madres que trabajan fuera del hogar, beneficio fiscales a las familias numerosas, etc." Dicha nota, señores obispos, contrasta ostensiblemente con el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948: "La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social."
Son ustedes, señores míos, en lo que a sus actitudes políticas y sociales se refiere, una auténtica amenaza para las aspiraciones a una sociedad justa y solidaria, integrada por seres humanos libres e iguales, y un auténtico cáncer para la democracia, cáncer sostenido por el dinero público mediante el que se fiancian los sueldos del clero diocesano, pese a la manifiesta negativa, a tal efecto, de más de dos tercios de la sociedad española en la declaración anual del IRPF.
Que el dios de ustedes los guarde muchos años y a los demás nos permita vivir sin sus coacciones.
Atentamente,
Juan Francisco González Barón, Presidente de la Asociación Europa Laica.
