Joan Ridao i Martín
Diputado
Portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados
Estimado amigo:
A través de la noticia divulgada por “Periodista Digital”, de fecha 17/01/2010, hemos tenido conocimiento de sus interesantes declaraciones sobre la incitación al gobierno a “presentar "cuanto antes" una Ley de Libertad Religiosa que establezca el reparto de la recaudación para la iglesia del IRPF entre las confesiones con presencia en España”, proposición que aparece enmarcada en su intención de hacer una "apuesta clara por la laicidad desde el laicismo". Dado que tal apuesta constituye la razón de ser de nuestra existencia como asociación y que tanto la modificación de la Ley de Libertad Religiosa como la recaudación de la Iglesia en el IRPF son temas a los que les estamos dedicando muy especial atención, desearíamos dialogar con ustedes para darles a conocer nuestra opinión sobre ellos.
A título de ofrecerles una idea inicial de lo que el diálogo puede ser de aportador, queremos significarle que en la amplia trayectoria de nuestra asociación, tenemos múltiples razones para considerar que el concepto de “libertad religiosa”, tanto en la concepción eclesiástica que la jerarquía de la Iglesia Católica defiende como en las aplicaciones prácticas que viene realizando el PSOE, se opone al concepto de “libertad de conciencia” que nosotros consideramos como eje vertebrador del laicismo, al implicar, entre otras, las siguientes consecuencias negativas para esa libertad de conciencia (e incluso para la práctica religiosa individual que se ve sometida al abuso por parte las cúpulas eclesiásticas, que en frecuentes ocasiones atentan contra la Declaración Universal de los Derechos Humanos):
La “libertad religiosa” parte de considerar que la sociedad está dividida en grupos comunitaristas religiosos que deben ser “protegidos y potenciados” por el Estado, por lo que corresponde a éste canalizar una parte de los fondos del Estado, recaudados de todos los contribuyentes (con independencia o no de sus creencias religiosas), para permitirlo. Esta apreciación supone la clara discriminación de todos los ciudadanos y ciudadanas cuyas creencias ateas son antagónicas con las religiosas y de aquellos cuya abstención agnóstica o indiferentismo religioso expresa un lógico rechazo a que parte de su contribución sea canalizada a tal fin, con absoluto desprecio a la financiación de sus propias creencias.
Ateos y agnósticos representan alrededor del 20% de nuestra población, lo que comparado con el 2% de creyentes religiosos no católicos expresa el grave error que supone atender a la financiación de estos últimos y no solo seguir desatendiendo la discriminación de los primeros, sino aumentarla al incrementar su cuota de participación para pagar creencias que les son ajenas o antagónicas. Desde el laicismo no cabe sino suprimir la financiación del Estado a cualquier forma de financiación de creencias, sean religiosas o no, que deben ser autofinanciadas por sus propios seguidores.
La canalización de fondos del Estado a los grupos comunitaristas, a través de sus organizaciones religiosas, normalmente jerarquizadas, supone, de hecho, atentar contra el ejercicio de la libertad de conciencia en el seno de las organizaciones religiosas, al favorecer que la cúpula de tales organizaciones, receptora y distribuidora de la financiación pública según sus criterios, se sirva de ellos para imponer su poder y convicciones sobre el conjunto de creyentes, a pesar de que su ejercicio no esté refrendado por mecanismos democráticos . La realidad mostrada por las encuestas es que tan solo un 30% de los creyentes que se declaran católicos son practicantes y más o menos seguidores de los preceptos emanados de la jerarquía eclesiástica (entre los jóvenes de 16 a 30 años la cifra se sitúa en un 9%, aproximadamente), mientras que el resto discrepa fuertemente de ellos. Este hecho también se refleja en que solo alrededor del 30% de los contribuyentes suscribe la casilla de financiación de la Iglesia Católica a pesar de que eso no les supone tener que pagar un solo céntimo más de su contribución en la declaración de IRPF, ya que tal financiación se sustrae a lo aportado por todos, incluidos ateos y agnósticos. Esto implica que el 70% de los ciudadanos y ciudadanas estemos financiando contra nuestra voluntad lo que solo desean el 30% restante en beneficio del poder de una exigua minoría.
La pretendida reforma de la anacrónica “Ley Orgánica de Libertad Religiosa” de 1980, en tanto puede seguir manteniendo este concepto equívoco que implica tanto la discriminación por desprecio, ignorancia u ostracismo de las creencias no religiosas como la discriminación de la libertad de conciencia de los creyentes religiosos discrepantes con las cúpulas eclesiales, requiere un rechazo absoluto desde el laicismo.
Solo una propuesta de Ley de Libertad de Conciencia en la línea y con los argumentos, que venimos propugnando desde Europa Laica puede superar las aberraciones que el concepto de “Libertad Religiosa” lleva implícitos. Solo desde estas consideraciones puede entenderse que la financiación múltiple de las confesiones religiosas en el IRPF no solo no resuelve los problemas de la actual financiación de la Iglesia Católica, sino que los agrava.
La pretendida reforma que se aununcia o la modificación de las casillas de financiación religiosa, aparte de los problemas denunciados anteriormente, ni siquiera sirven para la actual modificación del estado de cosas actual, que podemos calificar de rasgos múltiples de un Estado confesional católico de hecho, pasando a un estado multi-confesional , pues la subsistencia del ideológica de “Concordato de 1953” (actuales acuerdos con la Santa Sede) sigue estableciendo privilegios para la Iglesia Católica que resultan inigualables para el resto de confesiones y claramente incompatibles con toda creencia no religiosa.
El Concordato es, por tanto, el nudo gordiano que el laicismo y un sistema democrático y derecho, debe aspirar a cortar para hacer posible la libertad de conciencia en el camino de la construcción de un Estado laico, en nuestro país. Esto conecta con su alusión a la necesidad de “modificar” los acuerdos con la Santa Sede, que nosotros consideramos necesario eliminar, lo que sin duda implica sintonías entre ambas consideraciones que conviene analizar en detalle.
Para cualquier aclaración quedamos a su disposición. Atentamente
PresidenteFrancisco Delgado.
