Sr. Presidente del Gobierno de España:
Me dirijo a usted en su calidad de responsable de los actos del Rey, según el artículo 64 de la Constitución, del que extraigo dos frases: “De los actos del Rey serán responsables las personas que los refrenden. Los actos del Rey serán refrendados por el Presidente del Gobierno y, en su caso, por los Ministros competentes.”
Estamos viviendo unos momentos particularmente importantes en España y en toda Europa en lo que se refiere al estatus de las religiones y, concretamente, a la situación de la Iglesia católica en la vida pública. En España, esta Iglesia goza de unos privilegios desorbitados, sobre todo en los terrenos educativo y económico, fruto de los Acuerdos pre y paraconstitucionales de 1976 y 1979 entre nuestro Estado y la Santa Sede. Aunque, según el artículo 16,3 de la Constitución, “ninguna religión tendrá carácter estatal…”, la normativa derivada de aquellos Acuerdos ha llevado a incumplir en la práctica este precepto. Así, la Iglesia católica recibe del Estado una financiación y unas exenciones fiscales extraordinarias, y somos todos los españoles quienes costeamos la mayor parte de sus cuantiosísimos gastos, incluyendo los salarios de sus sacerdotes y sus catequistas. Y, así también, la Iglesia detenta en los colegios e institutos públicos (o concertados: sostenidos con fondos públicos) la asignatura de Religión, un adoctrinamiento ejercido con profesores de la propia Iglesia que, para más inri, están pagados por las arcas públicas. Una de las razones por las que decía que la situación es particularmente importante es que la Iglesia y el Gobierno que usted preside van a fortalecer aún más la ya intolerable presencia de la Religión en la enseñanza, al darle el carácter de asignatura académica, evaluable y computable a todos los efectos del mismo modo que el resto de materias, y dejando como alternativa para los irreligiosos… más religión.
La otra razón es que, en su afán de incrementar sus regalías hasta donde sea posible, en estos momentos la Iglesia ha desatado una intensa campaña para conseguir que la futura Constitución europea haga una referencia a los orígenes cristianos de nuestra cultura. No se trata de una pretensión intranscendente: seguro que daría pie al mantenimiento o extensión de las prerrogativas eclesiales en los países europeos. No hay más que ver el juego que ha dado en España la “inocente” alusión a la Iglesia en el citado artículo 16,3: “… Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la iglesia Católica y las demás confesiones.”
Pues bien, en estos tiempos de revitalización del nacional-catolicismo que nunca desapareció, en los que nos jugamos tanto, en los que somos muchos quienes exigimos, en nombre de los principios democráticos más elementales, que se deroguen los Acuerdos del 76 y del 79 con la Santa Sede (con todo lo que ello supone de finalización de privilegios: que no se imparta Religión bajo ningún camuflaje en centros públicos y concertados, que la Iglesia se atenga a las mismas reglas de juego que cualquier asociación, religiosa o no…), el Papa nos ha visitado, y muchas autoridades y representantes públicos han acudido devotamente a sus actos estrictamente religiosos. Siendo esto reprobable en todos los casos, lo es mucho más tratándose del Rey, por su especial carácter simbólico. De hecho, el artículo 56,1 de la Constitución resume así su naturaleza y funciones: “El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado Español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes.” Lo que haga el Rey (o su familia) en su ámbito privado le aseguro, dicho sea con todos los respetos, que no me interesa. Pero como Rey no puede santiguarse, o asistir a misa… y aún menos arrodillarse ante el Papa y besarle el anillo: este acto de sumisión de la máxima instancia personal del Estado es sencillamente inadmisible. Recordemos que hincar la rodilla, bajar la cabeza y besar el anillo son símbolos de vasallaje. Usted, como presidente del Gobierno, es el responsable de este gravísimo atropello a la dignidad del Estado (aparte, naturalmente, de su propio y lamentable comportamiento como católico cuando ejerce como presidente). La foto del Rey postrado ante el Papa puede verse en las páginas web de la Casa Real (http://www.casareal.es/casareal/papa10.html) con el siguiente pie:“El Rey besa el anillo del Santo Padre, tras la multitudinaria misa de canonización de cinco beatos españoles. (Madrid, 4 de mayo de 2003)”. En las mismas páginas pueden verse más referencias inequívocas a la catolicidad de la Familia Real. Y es que la manifestación pública de las creencias religiosas del Rey y su reiterada participación en actos devotos la mayoría lo ve, para mi continuo asombro, como algo normal. Se me agolpan las preguntas: ¿Cómo es posible que no se haya escrito –que yo sepa– en algún editorial un mínimo comentario reprobatorio al respecto?, ¿qué dicen los intelectuales independientes con acceso a los medios (digamos Fernando Savater)?, ¿se están censurando imprescindibles opiniones críticas, como las de Gonzalo Puente Ojea?, ¿es que el Partido Socialista reniega de nuevo de sus principios?
Pero no importa que no haya escándalo de la mayoría; sí que lo hay en los crecientes movimientos laicistas, esperanza de un mundo que posibilite una verdadera convivencia pacífica entre diversas posturas ideológicas (religiosas o no). Creo que, en definitiva, basta mi calidad de ciudadano español para sentirme en el derecho de exigirle que tome las medidas oportunas para que no se repitan los agraviantes comportamientos reales. Dado el momento histórico en que estamos, es necesario que lo haga con la máxima urgencia; desde luego, antes de la increíble y bochornosa ofrenda real al apóstol Santiago –que no debería volver a hacerse nunca–. Respecto a las páginas de la Casa Real, simplemente me atrevo a pedirle que haga llegar al Rey mi punto de vista, pues, según el artículo 65,2 de la Constitución, “el Rey nombra y releva libremente a los miembros civiles y militares de su Casa”.
Juan Antonio Aguilera Mochón
Profesor de la Universidad de Granada
