Carlos Lesmes será elegido este lunes nuevo presidente del Consejo General del Poder Judicial y Tribunal Supremo para los próximos cinco años. Su nombre ha sido el más sonado desde que el ministro Alberto Ruiz-Gallardón pisó el acelerador hace aproximadamente un mes para renovar el órgano de los jueces, cuyos vocales se encontraban en funciones desde el pasado mes de septiembre. El Gobierno quiere que sea Lesmes la persona que dirija el Poder Judicial y así lo ha negociado con el principal partido de la oposición.
Lesmes es magistrado del Tribunal Supremo desde algo más de tres años, pero parte de su carrera ha estado destinada a la política. Fue director general de Relaciones con la Administración de Justicia desde 2000 hasta 2005, es decir, en el último Gobierno de José María Aznar, con Ángel Acebes y José María Michavila como ministros. Fuentes del Alto Tribunal sostienen que no tiene el suficiente bagaje jurídico para presidir el Supremo, principalmente, porque lleva poco tiempo y ha llegado muy quemado de la política.
Desde el tribunal donde trabaja ahora no acaban de ver con buenos ojos su nombramiento, porque se esperaba que se eligiera a algún magistrado con más tiempo ejerciendo, como Juan Saavedra o Ángel Calderón, cuyos nombres también sonaron en las quinielas. No quieren que se repita lo del anterior presidente, Carlos Dívar, quien llegó a su puesto sin haber pisado antes el Supremo, inexperiencia que se notaba en la toma de decisiones y en la labor del día a día. Finalmente, sólo ha quedado otra candidata junto a él, Pilar Teso, aunque fuentes próximas al CGPJ aseguran que lo previsible es que Lesmes se quede de presidente, para ocupar ella el puesto de vicepresidenta del Supremo.
Sin embargo, fuentes muy próximas a él aseguran que tiene un alto sentido institucional con un perfil muy técnico, todo lo contrario a un político al uso. Le definen como hombre noble, reflexivo más que impulsivo, aunque persuasivo; profundamente vocacional, serio y cordial. No son pocos los que le definen como un profesional de alto nivel jurídico con una notable experiencia en la carrera judicial. Su nivel técnico, precisamente, sirvió para formar parte del comité que elaboró las dos últimas leyes orgánicas del Poder Judicial, la última de ellas la que ha cambiado parte de la composición y funcionamiento del CGPJ que ahora va a presidir. Quienes le conocen dicen que tiene evidentemente un perfil conservador, ideológico pero muy técnico. Otras fuentes dicen que sin duda es un magistrado politico y ahora ha sido un gran apoyo para Gallardon.
Madrileño de 55 años, se casó en 1983 con Marieta Mansilla Lesmes. De padre doctor, se inició como fiscal para en 1993 pasarse a la carrera judicial. Ha sido presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional y Presidente de la Sección Primera de dicha Sala hasta su nombramiento como magistrado del Supremo. Como Fiscal, estuvo destinado en las Audiencias de Alicante y Madrid y en el Tribunal Constitucional.
Lesmes tiene cinco hijos y desde su entorno destacan que es un hombre muy familiar, que sabe escuchar y es muy amigo de su amigos. Es un hombre de profundas raíces religiosas y muy próximo al catolicismo. Viene de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y no es la primera vez que su nombre suena para un cargo. Hace dos años, ya estuvo en las quinielas para fiscal general del Estado aunque finalmente fue Eduardo Torres Dulce el elegido.
Precisamente, éste ha criticado la elección de los nuevos vocales del CGPJ al no haber sido elegido por parte del Congreso de los Diputados, ni del Senado a ningún miembro de la carrera fiscal. Que Lesmes provenga de ella puede ser una manera de calmar el malestar de los fiscales, que han visto como por primera vez no van a estar representados en el órgano que regula a los jueces.
Kamikaze, Sáenz y Sortu
Durante su estancia en el Supremo ha sido el ponente de dos asuntos muy espinosos para el Ejecutivo. El primero de ellos afectaba al anterior Gobierno, al anular el indulto concedido por José Luis Rodríguez Zapatero al exnúmero dos de Emilio Botín en el Banco Santander, Alfredo Sáenz. Defendió en su ponencia que no se podían retirar los antecedentes penales del banquero, impidiéndole de ese modo que pudiera seguir ejerciendo en el sector bancario.
Tiempo después, le tocó la ponencia sobre el recurso interpuesto contra el indulto aprobado por Ruiz Gallardón al conductor kamikaze, que provocó la muerte de otro conductor y graves heridas a la acompañante, tras conducir 5 kilómetros. en sentido contrario en la AP-7. En ese momento, Lesmes ya sonaba como candidato cuando realizó un informe favorable al indulto, que fue muy criticado porque en el despacho de abogados que defendió al condenado trabaja el hijo del ministro de Justicia. La mayoría de sus compañeros se opusieron a dar el visto bueno a la medida de gracia y Lesmes tuvo que abandonar la ponencia.
Su nombramiento como magistrado del Supremo tampoco estuvo exento de cierta polémica después de que una compañera de la Audiencia Nacional lo impugnara junto al de otros tres magistrados. Finalmente, el Alto Tribunal le dio la razón a Lesmes y señaló que sus puestos como director general de Objeción de Conciencia y posteriormente del departamento de Relaciones con la Administración de Justicia durante el gobierno de José María Aznar eran de “evidente contenido jurídico”, por lo que no restaban méritos para su designación. Ante las afirmaciones de la recurrente sobre el hecho de que los nombramientos obedecían a la asignación de cuotas entre determinadas asociaciones judiciales, el Alto Tribunal apuntó que, si bien los datos sobre adscripción a las asociaciones de los magistrados designados para el Supremo son ciertos, “tal realidad no significa que el nombramiento de Carlos Lesmes Serrano se haya debido, en lugar de a los méritos que en él ha apreciado el CGPJ, a su pertenencia a la Asociación Profesional de la Magistratura”.
Como ponente, Lesmes también firmó la sentencia en la que avalaba el recurso de la Abogacía del Estado en contra de que Sortu, formación abertazale, se pudiera apuntar en el registro de partidos, una decisión que después fue tirada por tierra por el Tribunal Constitucional que permitió que Sortu pudiera presentarse a las elecciones.
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