En el marco de la campaña del IRPF que realiza Rivas laica, el pasado día 21 se celebró en la sede de IU en Rivas una charla coloquio titulada ¿Qué pasa con la X de la Iglesia en el IRPF?
Nuestro compañero Enrique Ruiz del Rosal explicó las razones del por qué no hay que marcar ninguna de las dos casillas de asignación tributaria en la declaración de la renta de 2017 que se presenta durante estos meses:
Quienes marcan alguna de las casillas de la asignación tributaria no aumentan su contribución a la Hacienda Pública, sino que reducen su aportación, pagan al Estado un 0,7 o un 1,4 % menos (si se marcan las dos casillas), que pasa a la Iglesia católica y a ciertas organizaciones sociales. Así el dinero recaudado por esta vía sale de los Presupuestos Generales, no es una aportación del contribuyente.
El dinero recaudado a favor de la Iglesia Católica, es utilizado por esta Corporación religiosa para pagar sueldos y seguros sociales de curas y obispos, para gasto corriente y proselitismo de la Conferencia Episcopal, para publicidad y propaganda de las campañas eclesiales, para la financiación de sus propios medios de comunicación, para las universidades eclesiásticas, para montar campañas antiaborto, homófobas… y contra diversidad de derechos civiles, para las beatificaciones, para engordar las arcas del Vaticano, para el pago del IVA… En fin, nada que ver con fines sociales ni benéficos. La financiación eclesiástica debería ser exclusiva de sus acólitos, aumentando la cuota en su IRPF y no restando de la hucha común de los presupuestos generales.
En cuanto a la casilla de “Otros Fines de Interés Social”, Enrique Ruiz argumentó que la mera existencia de esta casilla sirve como coartada de la existencia de la casilla de la Iglesia Católica. Además, el reparto del importe recaudado por marcar esa casilla se reparte en una comisión opaca en la que participan algunos ministerios y algunas organizaciones sociales (las más grandes, las más afines al gobierno)
Los derechos sociales básicos exigibles a los poderes públicos por la Constitución Española no pueden quedar al margen de la asignación y discusión de los Presupuestos del Estado, ni de los procedimientos de control que garanticen que se asignen con equidad, eficacia y objetividad, y siempre en función de los intereses generales.
Tras la intervención de Enrique se realizó un coloquio en el que se pusieron de manifiesto otras vías de financiación de la Iglesia católica, tanto directas mediante subvenciones del Estado, Comunidades Autónomas, Diputaciones Provinciales o Ayuntamientos o indirectas debido a las exenciones fiscales contempladas en los Acuerdos económicos entre el Estado y la Santa Sede de 1979. Es necesario la denuncia y derogación de esos acuerdos para eliminar así los enormes privilegios injustos e insolidarios de los que goza la Iglesia católica.
