El colectivo entiende que la aportación a las ONG no puede depender de la voluntad de los contribuyentes, y debe formar parte de los presupuestos del Estado de manera directa
Además muestra su oposición a que la Iglesia reciba dinero de la Renta, porque “con este injusto sistema la ciudadanía paga el culto, la propaganda y el clero”
Ni la casilla de la Iglesia católica, ni la de los fines sociales. Extremadura Laica se suma a la campaña estatal que reclama a la ciudadanía que evite marcar ambas casillas.
La primera de ellas por entender que España es un estado laico y aconfesional,que a su juicio no debe financiar a una religión desde el erario público.
Pero además instan a los extremeños a que no marquen la casilla de los fines sociales porque “se trata de una casilla que existe para justificar la casilla de la Iglesia”. A su juicio la cantidad que reciben las ONG gracias al IRPF debería ser asignada de manera directa a través de los presupuestos generales del Estado. A través de un plan estatal, “y no depender de la voluntad o la caridad de los contribuyentes”.
Javier Escudero, de Extremadura Laica, incide en que las ONG cumplen una función social y de asistencia a los derechos fundamentales, y por lo tanto sus ingresos no pueden estar condicionados de esta manera.
Pero advierte además de que parte del dinero acaba igualmente en la Iglesia católica si se marca la casilla de fines sociales. El motivo es que hay varias organizaciones vinculadas a los obispados que también reciben asignación mediante esta vía.
¿Por qué no a la Iglesia?
Según apunta Extremadura Laica, la Iglesia católica recibe en torno a 250 millones a través del IRPF. Eligiendo esa casilla “se quebranta el principio constitucional de igualdad ante la ley”. Sostiene que se “discrimina por razón de convicciones y creencias, vulnerando el principio que expresa que ninguna confesión tendrá carácter estatal”.
Explica también que la aportación que reciben las tres diócesis extremeñas del fondo interdiocesano, gracias a la recaudación del IRPF, asciende según a unos 24 millones según sus estimaciones. Y de esta cantidad “hasta un 80 por ciento a sufragar salarios, seguros y gastos afines”. “El montante fundamental va para sufragar el culto y el clero, y a las fines sociales una mínima parte, en contra de lo que venden”.
¿Qué piden?
Advierten que se marque o no se marque la casilla de la Iglesia, el Estado está obligado a subvencionar a la Santa Sede en atención a los acuerdos Iglesia-Estado, y que ‘justifica’ por ejemplo que los edificios de la diócesis estén exentos de pagar el IBI.
Reclaman la anulación de los acuerdos del Estado español con la Santa Sede de 1979 y 1976, y del Concordato de 1953; y consideran necesaria la anulación de los acuerdos de cooperación con otras religiones (evangélica, musulmana y judía) de 1992. Su objetivo es que las religiones no sean financiadas con dinero público.
Otra de las sus reivindicaciones es acabar con las inmatriculaciones, y la recuperación de los bienes “usurpados” por la Iglesia desde 1946. También que la Iglesia y otras entidades privadas paguen el Impuesto de Bienes Inmuebles.
Abogan por una ley de libertad de conciencia, y unos principios que definan con más seguridad los principios laico del estado en la Constitución. Su última reivindicación, una educación pública y laica, donde la enseñanza de las religiones quede fuera de las aulas.
