Cada embarazo no deseado es un fracaso. Siempre para la mujer embarazada y también, aunque no siempre, para el varón que está en el origen del embarazo. Cuando el número de embarazos no deseados adquiere un cierto volumen, el fracaso del embarazo no deseado deja de tener una dimensión exclusivamente personal, para pasar a tener una dimensión social. Esto es lo que viene ocurriendo desde hace muchos años. El número de embarazos no deseados viene siendo muy alto y, como consecuencia de ello, también el número de abortos, ya que el aborto no es la causa de que haya embarazos no deseados, sino la consecuencia de los mismos.
Esta es la razón por la que la tarea del legislador no pueda ser otra que la de hacer una norma que intente conseguir que se reduzca el número de mujeres que se queden embarazadas sin desearlo y que, como consecuencia de ello, se practiquen menos abortos. Una norma represiva es la peor de todas las posibles. No solamente no resuelve el problema, sino que lo agrava todavía más, introduciendo riesgos adicionales para la vida o la salud de las mujeres embarazadas que, en ningún caso, deberían producirse.
Esto es lo más importante de la ley que ha entrado en vigor esta misma semana y que no solamente ha sido recurrida por el PP ante el Tribunal Constitucional, sino que ha solicitado incluso que se decida la suspensión de la norma hasta tanto dicta sentencia. Algún presidente de comunidad autónoma, como el de Murcia, se ha negado incluso a que la ley se aplique en su comunidad hasta tanto no haya dictado sentencia el Tribunal Constitucional. No deja de ser sorprendente la posición de este presidente al ser Murcia la comunidad autónoma en la que, en términos relativos, se produce un mayor número de embarazos no deseados.
La ley es estatal, entre otras cosas porque es una ley orgánica, que no puede ser dictada por ninguna comunidad autónoma, pero la ejecución de la ley sí corresponde a las comunidades autónomas ya que todas han asumido a través de sus estatutos de autonomía la competencia en educación, sanidad y servicios sociales. Son ellas, por tanto, las que tienen que poner en marcha los programas educativos que permitan a las adolescentes, que es el sector de la población en el que se producen la mayor parte de los embarazos no deseados, tener el conocimiento que les ayude a evitar quedarse embarazada. Así como también adoptar las medidas que hagan posible la interrupción menos traumática del embarazo, de tal manera que la operación de abortar se reduzca lo más posible.
Este es un terreno en el que las políticas que están poniendo en práctica las comunidades autónomas son muy distintas. Sería conveniente que se produjera una armonización de las mismas, no sólo para que las mujeres se encontraran en situación de igualdad independientemente de su comunidad de residencia en un momento tan trascendental de su vida, sino, sobre todo, para que la política dirigida a la reducción de embarazos no deseados fuera lo más efectiva posible. Una comunidad que desvía a otras comunidades las operaciones de interrupción de embarazo, es imposible que esté poniendo en práctica ninguna política para evitar que los embarazos no deseados se produzcan y, por tanto, está boicoteando la aplicación de la ley en lo más importante que ella tiene.
Pienso que sería también oportuno, y esto lo digo por Andalucía, que fuera la sanidad pública la que se encargara de hacer reales y efectivas todas las medidas que la ley contempla para hacer frente al problema. Andalucía no lo está haciendo mal, pero creo que lo puede hacer todavía mejor.
