El informe no incluye los bienes ya vendidos, como el solar de San Martín de la Barreda comprado en 2018 por un particular.
La Iglesia católica tendría inmatriculados en Asturies al menos otro millar de bienes que no aparecen en el listado hecho público por el Gobierno estatal, por haber sido inscritos antes de 1998, año a partir del cual se ha realizado el informe que el Ejecutivo ha remitido al Congreso.
Son estimaciones del Grupo de Inmatriculaciones de Asturies. En una nota de prensa, esta organización recuerda que “el informe no contempla las inmatriculaciones anteriores realizadas, desde 1946 hasta 1998, que seguramente serán mucho más numerosas que las posteriores a la reforma de la Ley Hipotecaria realizada por el gobierno de José María Aznar en 1998“. Así, el colectivo estima que habría unos 100.000 bienes inmatriculados (en el listado se recogen 35.000) en toda España, y en Asturies estima que serían más del doble de los 549 inscritos desde 1998.
La movilización vecinal impidió la venta de la casa parroquial de coya, inmatriculada en 1964
Recuerdan además que “no constan, evidentemente, todos aquellos bienes que hayan sido vendidos por la iglesia tras su inmatriculación, como es el caso, por ejemplo, de numerosas casas rectorales construidas por los ayuntamientos“. Un ejemplo de ello fue la venta por 20.000 euros en 2018 de un solar en San Miguel de la Barreda, como recogía este artículo de La Voz de Asturias.
Otro fue la casa parroquial de Coya, en Piloña. En este caso, la fuerte movilización vecinal, con el apoyo de Asturias Laica, impidió la transacción económica en 2020. La diócesis había expulsado del inmueble a una familia en dificultades económicas que estaba alojada en él. Los vecinos descubrieron entonces que el edificio, mantenido por ellos, estaba inscrito a nombre de la Iglesia desde 1964.
DOCUMENTO INSUFICIENTE
La organización laica considera muy insuficiente el documento publicado por el Ejecutivo, no solo por estar “incompleto”, sino también, por no ofrecer soluciones al respecto.
Añade además el Grupo de Inmatriculaciones que “no propone ninguna mayor investigación o actuación del gobierno al respecto. En clara connivencia con la jerarquía católica se limita a validar, en general, la ‘legalidad’ de todo el proceso inmatriculador”. Así, el colectivo ve “inviable descargar sobre los ciudadanos y los ayuntamientos la responsabilidad de reclamación individual. Una problemática de esta envergadura es un problema de estado y requiere que se planteen soluciones de estado para salvaguardar el patrimonio cultural”.
En este punto, recuerdan que el Ejecutivo central incumple el punto del acuerdo de Gobierno que explicitaba “el compromiso de llevar a cabo “las modificaciones legislativas oportunas para facilitar la recuperación de los bienes inmatriculados indebidamente por la Iglesia, basadas en el privilegio de inscribir en el Registro de la Propiedad bienes a partir de simples declaraciones de sus propios miembros”.
Critican también que los “los bienes enumerados resultan, en la mayoría de los casos, completamente inidentificables al no hacer mención a su nombre más conocido, ni a su localización concreta, superficie, número de finca, polígono o parcela u otra referencia catastral”.
El Grupo propone que “se recopilen y hagan públicas todas la Notas Registrales Simples de los bienes inmatriculados por la iglesia desde 1946 en las que se aportó, únicamente, una certificación eclesiástica”. Demanda también “la anulación de todas las inscripciones realizadas desde 1978 por inconstitucionalidad sobrevenida“, y de “todas las inscripciones de lugares de culto realizadas con
anterioridad a la Reforma Hipotecaria de 1998 por ser contrarias a la propia
legislación hipotecaria y vulnerarla flagrantemente”.
