Su ya pactada absorción por Unicaja pone fin a la era de excesos de la Iglesia en la caja cordobesa
El vástago del matrimonio concertado entre Cajasur y Unicaja no heredará la sotana y el alzacuellos de su papá cordobés. Tampoco el tatuaje de la blanca paloma que sirve de símbolo financiero-espiritual de la entidad de Córdoba, provincia en la que ejerce un poder terrenal incontestable. "La Iglesia sabe que esta fusión se va llevar por delante sus privilegios en su joya de la corona", afirma una fuente de Cajasur.
La Iglesia controla hoy un tercio de los órganos de dirección de Cajasur y accede fácilmente a la mayoría. En el consejo de administración y la asamblea resultantes de la fusión en rigor, una absorción en toda regla, su representación será del 7%. Y, por supuesto, se perderá la estampa de los seis consejeros de la Iglesia, con el presidente al frente, dando inicio a las sesiones rezando y santiguándose.
"En la práctica ya llevamos cuatro años intervenidos y vigilados"
La Iglesia sólo ha dado su brazo a torcer ante la amenaza de intervención del Banco de España. Hasta entonces se aferró a todas las posibilidades, incluida el matrimonio con Caja Murcia, "con la que se llegó a firmar un protocolo de fusión que quedó en nada", según una fuente del consejo.
Sólo su fragilidad financiera, fruto de una gestión censurada reiteradamente por el Banco de España, ha forzado a la aceptación del informe de fusión de la consultora Boston Consulting, que pone negro sobre blanco la apurada situación de la entidad. "Se ha aceptado, sí, pero con matices", explica la fuente. "La reducción de empleados [casi un millar] se hará de forma menos traumática. El grupo de empresas no se eliminará, sino que se reestructurará. Y se habla de déficit, no de agujero".
¿Pero cómo llega una caja a la que se calcula un 60% de la cuota de mercado en Córdoba al punto de negociar una fusión con tan escaso margen de maniobra? El informe revela un agujero de 800 millones, resultado sobre todo de "inversiones inmobiliarias mal calibradas, sumadas a la crisis económica", según la fuente del consejo. Un trabajador con más de 15 años de antigüedad añade: "Aquí todo ha sido enchufismo, meter a primos, amigos… Estamos recogiendo lo que hemos sembrado".
La Iglesia lo intentó todo para evitar una fusión que nunca fue de su agrado
La era Castillejo
La siembra comienza en 1995, año de la fusión de la Caja Provincial y el Monte de Piedad, una entidad centenaria propiedad de la Iglesia al frente de la cual estaba desde 1977 el sacerdote Miguel Castillejo. Él asumió la presidencia de la caja naciente. Y la mantuvo hasta 2005, cuando a los 75 años se marchó, obligado por los estatutos, tras una larga batalla con el Gobierno andaluz.
Dos sucesos y dos fechas dan idea del poder que acumuló. En diciembre de 2002, el entonces obispo de Córdoba, Francisco Javier Martínez, enemistado con Castillejo, denunció el "escándalo" de su pensión vitalicia, de 2,9 millones. En marzo de 2003, Martínez fue ascendido a arzobispo de Granada. El resto de revelaciones periodísticas sobre la arbitraria forma de presidir de Castillejo vocales que cobraban dietas por ir a misas, por ejemplo resultaron más llevaderas una vez restablecida la paz con el obispado.
Castillejo tejió también durante su era una potente red clientelar. Atacar a Cajasur es casi atacar a Córdoba. Bien lo saben los partidos, que en los espinosos días en que Cajasur se opuso a la fusión hicieron malabarismos para apoyar su postura. Incluido el PP, cuya manga ancha con la fragilidad financiera de Cajasur contrasta con su puño de hierro con Castilla La Mancha durante las frustradas negociaciones para su unión con Unicaja.
Castillejo también embarcó a la caja en alianzas financieras equivocadas. El caso más llamativo es el apoyo que prestó la caja a Rafael Gómez, alias Sandokán, el impetuoso constructor y joyero cordobés imputado en la operación Malaya, al que Cajasur financió sus aventuras inmobiliarias a través de una sociedad conjunta.
Ni el sucesor de Castillejo, Juan Moreno, ni el actual presidente, Santiago Gómez, han conseguido ahuyentar los fantasmas del pasado. "En la práctica, llevamos cuatro años intervenidos por el Banco de España, que nos vigila desde 2005", dice una fuente del consejo. Desde la salida en 2005 de Francisco Jurado, acusado de irregularidades por la propia caja, han pasado por la dirección general cinco responsables. "O llegaban y se asustaban o no estaban dispuestos a obedecer a ciegas. Y a la calle", resume una fuente sindical.
