La blasfemia, en España, en pleno siglo XXI, es un delito. Muchos socialistas que hoy se indignan con el procesamiento de hoy a Willy Toledo o ayer al Gran Wyoming o Dani Mateo por cagarse en la cruz del Valle de los Caídos o por cagarse en la Virgen en una red social , fueron los mismos que, en el año 1995, promulgaron (con la abstención electoralista del PP) el Código Penal que tipifica la blasfemia como delito y algunas ministras que hoy se sientan en el banco azul , como Margarita Robles, fueron las mismas que celebraron la promulgación del Código Penal, al ritmo de salsa de Caco Sonante, en una fiesta hortera que organizó, en el Palacio de Parcent de la calle San Bernardo de Madrid, el entonces viceministro Belloch.
Ese código penal que celebraron, a ritmo de salsa, Belloch y Margarita Robles tuvo como resultado llenar las cárceles de presos, incluyendo a más de mil jóvenes que se negaron a realizar el servicio militar.
En realidad no había nada que celebrar y así lo hicimos público varias personas en un manifiesto, encabezado por Gonzalo Martinez-Fresneda, publicado en El País el 8 de junio de 1996, donde denunciábamos el carácter reaccionario de ese Código Penal. Incluso, en algunos aspectos, en el Código Penal de 1995, se produjeron, en relación a la última reforma penal que realizó el franquismo en 1973, regresiones. Por ejemplo, mientras en la reforma del Código Penal franquista la blasfemia se circunscribía a los lugares y actos de culto, en el Código Penal de la democracia la blasfemia (ahora escondida bajo el término de «ofensas a los sentimientos religiosos»), se extendía a cualquier lugar o medio. Además, las penas por blasfemia en el Código Penal de la democracia son sorprendentes van de ocho a doce meses y la profanación (otro curiosísimo delito), en los artículos 523 y 524, incluso está más condenada que la blasfemia con penas de ¡seis meses a seis años!, dándose la paradoja que interrumpir el consejo de ministros tumultuosamente es más leve (son solo cuatro años) que interrumpir una misa católica (¡hasta seis años!!).
Estos socialistas que hoy se indignan con la acusación contra Willy Toledo, ayer aplaudían a rabiar estas reaccionarias tipificaciones. El bipartidismo también ha funcionado en España para el ámbito de los derechos civiles y las libertades públicas. Si la blasfemia es un delito en España es porque nadie se ha atrevido a suprimir esas tipificaciones en el Código Penal y, además, al mantener la blasfemia se mantiene la censura ya que los medios de comunicación se abstienen de hacer mofa de la religión. Desde luego tampoco la magistratura y la fiscalía han sido ajenas al mantenimiento de estas tipificaciones penales. Ni el Consejo General del Poder Judicial, ni la Junta de Fiscales recomendaron jamás la supresión de estos tipos penales pese a las demandas que se hacían desde diversas instancias del sistema internacional de protección derechos humanos. Todo está relacionado con el mantenimiento de los privilegios del catolicismo en nuestro país. La religiones pretenden siempre mantener estos delitos de blasfemias, profanación o escarnio de lo sagrado en los códigos penales como una manifestación más de la consideración que la sociedad política debe seguir teniendo con lo sagrado y por ello la Federación de Comunidades Judías de España, la Conferencia Episcopal Española , la Comisión Islámica de España y Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España emitieron, en el año 2017, una nota ecuménica instando a que estos delitos se mantuvieran en el Código Penal y llamando al respeto de sus símbolos y dogmas.
Europa Laica ya ha instado al nuevo gobierno a que introduzca, en la proyectada reforma del Código Penal, la supresión de los delitos contra lo sagrado, aunque tenemos nuestras dudas que esto vaya por buen camino.
Carmen Calvo, vicepresidenta primera, nada más tomar posesión de su cargo, ya ha declarado que «no se denunciará el Concordato con el Vaticano «. Muchos nos estamos preparando para que esta señora se trague esas arrogantes y rotundas palabras. Todavía, en nuestras sociedades, los gobiernos siguen teniendo la tentación de legitimarse con el apoyo de lo sagrado en lugar de la voluntad popular.
Antonio Gómez Movellán
