Brasil: Ministerio Público exige la retirada de un oratorio mariano en una plaza de Río de Janeiro

Otro claro ejemplo de como la privatización y la invasión religiosa de un espacio público no respeta la libertad de conciencia de las demás personas que utilizan ese lugar, y de como restituirlo a su estado original es considerado por los creyentes de esa religión como un atentado a su libertad religiosa, y no un privilegio y una discriminación respecto a los demás.


El pasado lunes, 04 de febrero, el Ministerio Público del Estado de Río de Janeiro (MPRJ) archivó una Acción Civil Pública “para que el municipio de Río retire de la Plaza Milton Campos, en Leblon, un oratorio religioso construido irregularmente en el lugar y para impedir la construcción, en carácter permanente, de nuevos oratorios religiosos en el interior de las plazas públicas de la ciudad”.

De acuerdo con el MPRJ la construcción de ese oratorio de Nuestra Señora Aparecida había sido autorizada en carácter temporario en el año 2017, por ocasión de los 300 años de la aparición de la imagen de la Patrona del Brasil. Y “la Prefectura mantuvo la estructura en el lugar, con la consecuente realización de cultos en lugar público”.

La Parroquia Santos Ángeles, del barrio Leblon, se manifestó a través de las redes sociales destacando que el rosario rezado todos los miércoles en la parte de la mañana forma parte de una tradición de más de 12 años.

El párroco, Padre Thiago Azevedo, cree que ese es un típico caso de intolerancia religiosa, pues el Ministerio Público se movilizó después de la denuncia de una única persona. El sacerdote explicó que la iniciativa de levantar en la plaza un pequeño oratorio en honor a Nuestra Señora Aparecida surgió del grupo de oración, que a través de una nota firmada con más de mil firmas, consiguió autorización legal para la instalación del oratorio con la imagen. El permiso fue inclusive publicado en el Diario Oficial del Municipio.

Ya el Padre Augusto Bezerra, que también pertenece a la Arquidiócesis de Río de Janeiro, resaltó que la acción movida por el Ministerio Público pode ser interpretada como un “atentado a la libertad religiosa”.

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