1) Declarar desde este Pleno Municipal nuestro más profundo compromiso con el Laicismo del Estado y las Administraciones Públicas.
2) Favorecer desde el Ayuntamiento cuantas iniciativas y actuaciones se pongan en marcha para terminar con los privilegios sociales, culturales, educativos y económicos de la institución de la Iglesia católica, promoviendo un trato equivalente a todas las confesiones religiosas, las cuales deberán regirse por la Ley de Fundaciones y la Ley de Asociaciones en las mismas condiciones que las demás.
3) Solicitar del Gobierno Regional que inste al Gobierno Central a que proceda a la derogación de los Acuerdos con la Santa Sede.
4) Dar traslado de estos acuerdos y su exposición de motivos al Gobierno de Castilla y León, al Gobierno de España, a la Coordinadora Estatal de Organizaciones Laicas, a la organización Europa Laica y a
los medios de comunicación locales, regionales y estatales.
(Honrosa iniciativa que nuestra asociación agradece al señor alcalde de Santovenia de Pisuerga, a todos los concejales y, en especial, a los del grupo IU, promotores de la propuesta.)
MOCIÓN DEL CONCEJAL DEL GRUPO MUNICIPAL I.U. POR EL LAICISMO DEL ESTADO Y LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EN DEFENSA DE LOS DERECHOS Y LIBERTADES
Laguna de Duero (Valladolid) 24-02-2005
En este punto del Orden del Día, y por razones de urgencia debidamente motivadas, el Sr. Alcalde Presidente incluye moción del Concejal del Grupo Municipal de I.U. por el laicismo del Estado y las
Administraciones Públicas en defensa de los derechos y libertades.
Justificada la urgencia, se pasó su declaración a votación, votando a favor los dieciséis concejales presentes, por lo que el Pleno ratificó la procedencia de su inclusión en el orden del día, en los
términos previstos en el art. 82.3 del R.O.F.
A continuación y, entrando en el fondo del asunto, se leyó la moción presentada, que literalmente, dice:
"POR EL LAICISMO DEL ESTADO Y LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EN DEFENSA DE LOS DERECHOS Y LIBERTADES.
En los últimos años la sociedad española ha experimentado una profunda secularización, sin embargo no ha sucedido lo mismo con el Estado. Los sucesivos gobiernos del Estado Español han mantenido unas relaciones políticas con la institución de la Iglesia Católica que la han garantizado una situación claramente privilegiada en numerosos aspectos sociales, educativos, culturales y económicos. Unos
privilegios que se han venido reforzando en el último período de gobierno de P.P., donde es notoria la influencia de organizaciones como El Opus Dei, Legionarios de Cristo o Comunión y Liberación,
organizaciones que actualmente vienen marcando las directrices por las que se rige la jerarquía católica en nuestro país.
La financiación del clero y de la Conferencia Episcopal, la enseñanza de la religión en la escuela, un régimen abusivo de conciertos con la enseñanza privada, un régimen fiscal más que favorable y un protocolo institucional que la convierte sin fundamente jurídico en religión oficial, son algunos de estos privilegios recogidos en el Acuerdo General de 1976 que revisaba el Concordato de 1953. Un acuerdo que
fue completado con el !Acuerdo sobre Asuntos culturales y Educativos" (Acuerdo de la Santa Sede). Este Acuerdo data de enero de 1979, aspecto nada baladí teniendo en cuenta que tan sólo un mes
antes fue aprobada la Constitución española y que este protocolo se negoció con el Vaticano por un gobierno preconstitucional.
Con respecto al contenido del acuerdo, una de las cuestiones fundamentales es la situación de privilegio (que no de derecho), de la Iglesia en el sistema educativo. Una pacto que determina que la
asignatura de religión tendrá el mismo rango que el resto de asignaturas fundamentales, es decir, será tan importante como las matemáticas, el inglés, la historia… Del mismo modo se establece que la asignatura de religión católica siempre se impartirá en el período lectivo obligatorio, sus libros son los únicos que no pueden ser revisados por la autoridad educativa y los profesores de religión son elegidos por los obispos y pagados por el Estado (son los únicos a los que la administración les permite educar sin que la propia administración compruebe su preparación para ello).
Este protocolo es producto de un contexto histórico superado por nuestra democracia hace mucho tiempo y en el que la Iglesia mantenía un poder extraordinario como consecuencia de su alianza con el
franquismo. Una cuerdo que le ha servicio como cadena de hierro con el que maniatar a los gobiernos democráticos, que aun hoy sigue vigente y lamentablemente tras las últimas declaraciones del gobierno
del señor Zapatero, no tiene visos de ser revisado.
A pesar del mantenimiento de los privilegios de la institución católica sobre la educación y otros aspectos, la reforma del sistema educativo planteada por el actual gobierno, las recomendaciones del
Consejo Escolar del Estado y determinadas iniciativas legislativas a favor de los derechos civiles y las libertades, como puede ser el reconocimiento del matrimonio y adopción de parejas homosexuales, han
provocado toda una campaña desde la Conferencia Episcopal contra los derechos y libertades, llamando a sus fieles a la movilización apelando a una supuesta agresión desde el Estado y el gobierno.
Una institución democrática, como este Ayuntamiento, debe defender, sin ambigüedades, la laicidad de las Administraciones Públicas. El laicismo es consustancial al Estado democrático, por lo que deben ser
rechazadas todo tipo de injerencias dogmáticas sobre el Estado de derecho, al igual que las imposiciones morales propias de cualquier religión (que nos legítimas y respetables) al conjunto de la sociedad ya que ésta debe regirse por una ética civil en la que no tenga cabida ningún tipo de discriminación. Las creencias religiosas forman parte del ámbito de lo privado y, por tanto la enseñanza religiosa debe quedar al margen de la enseñanza obligatoria y fuera del currículo escolar. La escuela debe ser un espacio público donde el adoctrinamiento religioso e ideológico quede a sus puertas. Es necesario un modelo de Escuela Laica que eduque sin dogmas en valores humanistas, científicos y universales. Una escuela para la formación de la ciudadanía y la educación en la igualdad, donde se sientan cómodos tanto no creyentes como creyentes de las diversas religiones o creencias.
En la Constitución y, en la práctica, España debe ser un Estado laico que garantice la libertad de pensamiento, que fortalezca la enseñanza pública en los valores cívicos y constitucionales y que respete los distintos credos y religiones. La consecución de los derechos de las parejas homosexuales (de matrimonio y de adopción) la despenalización de la eutanasia, el derecho de la libre interrupción del embarazo y el acceso a métodos anticonceptivos, como la píldora del día después en nuestra región (en donde la práctica de la objeción de conciencia por numerosos profesionales en centro públicos hace muy difícil su administración), la eliminación de la asignatura de religión del currículo escolar y la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres son, o deberán ser conquistas y derechos irrenunciables.
Por todo ello y para contribuir al desarrollo de un estado laico, moderno, que avanza democráticamente en las libertades individuales y en la garantía de los derechos civiles, propongo al Pleno de la Corporación Municipal la adopción de los siguientes acuerdos:
1. Declarar desde este Pleno Municipal nuestro más profundo compromiso con el Laicismo del Estado y las Administraciones Públicas.
2. Favorecer desde el Ayuntamiento cuantas iniciativas y actuaciones se pongan en marcha para terminar con los privilegios sociales, culturales, educativos y económicos de la institución de la Iglesia católica, promoviendo un trato equivalente a todas las confesiones religiosas, las cuales deberán regirse por la Ley de Fundaciones y la Ley de Asociaciones en las mismas condiciones que las demás.
3. Solicitar al gobierno Regional que inste al Gobierno Central a que preceda a la derogación de los Acuerdos con la santa Sede: Concordato franquista de 1953, el Acuerdo General preconstitucional de 1976 y el Acuerdo preconstitucional sobre asunto Culturales y Educativos de 1979, negociando nuevos acuerdos que garanticen la separación total de la Iglesia y el Estado.
4. Dar traslado de estos acuerdos y exposición d emotivos al gobierno de Castilla y León, al Gobierno de España, a la Coordinadora Estatal de Asociaciones Laicas, a la organización Europa Laica y a los medios de comunicación locales, regionales y estatales."
Pasada la moción a votación, votaron a favor del mismo los seis concejales del Grupo Municipal Socialista y el concejal del Grupo Municipal de I.U., votando en contra los cuatro concejales presentes
del Grupo Municipal P.P. y absteniéndose los cinco concejales del Grupo Municipal I.L. (votos a favor, siete; en contra, cuatro y abstenciones, cinco).
