“La propuesta seguirá siendo confesional y segregará, por motivos de conciencia, porque mantiene la religión en el currículo y en el horario lectivo obligatorio» (Europa Laica)
El rechazo de la derecha en el Congreso de los Diputados la nueva LOMLOE (Ley Orgánica de Modificación de Ley Orgánica de Educación) ha ido acompañado de una intensa campaña en su contra. Entre los aspectos que más han trascendido estos días contra la conocida como ‘ley Celaá’, se encuentra la supresión del concepto del castellano como lengua vehicular, algo que introdujo por primera vez el PP con la LOMCE o ley Wert. También se ha disparado la alarma porque la norma conllevaría supuestamente el cierre de los centros de educación especial, a pesar de que la propia ministra de Educación, Isabel Celaá, haya salido a desmentirlo.
Las Mareas por la Educación Pública de todo el país han expresado su “absoluta disconformidad” con “los ataques realizados por los sectores representantes de la enseñanza privada-concertada y los partidos que la apoyan ante la aprobación de la LOMLOE o Ley Celáa”. Les parece especialmente lesivo que se utilice el concepto de “libertad” para la promoción de estos intereses. “La libertad es que cualquier ciudadano tenga la posibilidad de elegir entre una educación privada o pública, pero no que su elección sea subvencionada por el Estado”, manifiesta Chus Martín, profesora e integrante de la Marea Verde de Madrid.
Las ratios
Esta es una demanda de todo el profesorado, aunque la realidad haya sido modificada por la pandemia. La bajada de ratios no aparece mencionada en la Ley Celáa. Ha quedado fuera de las enmiendas la intención de Unidas Podemos de disminuir la ratios actualmente vigentes en ley Wert: 25 alumnos por aula en Primaria, 30 en Secundaria y 35 en Bachillerato.
La ética
La recuperación de la asignatura de Ética en 4º de la ESO había sido consensuada en la Comisión de Educación del Congreso. Sin embargo, no está dentro de la ‘ley Celaá’, algo que ya advirtió la Red Española de Filosofía en septiembre. La ley prevé una asignatura de valores cívicos y éticos que se impartirá en un curso de primaria y en otro de secundaria, aunque debe ser transversal en todas las materias.
Educación concertada o privada
Otro aspecto que se queda fuera es la Formación Profesional, que en comunidades como la de Madrid se ha privatizado tras los recortes educativos de la anterior crisis. “El alumno que más sufre el fracaso escolar y con más problemas socioeconómicos se encuentra con la formación privatizada”, ha denunciado Martín.
La religión
A pesar de la polémica, la religión se mantiene en el currículo. Aunque desde el sector educativo celebran que con la LOMLOE deje de contar para nota y se suspenda la asignatura alternativa, los cambios no son suficientes para los sectores laicistas. “La propuesta, de no rectificar, seguirá siendo confesional y segregará, por motivos de conciencia, porque mantiene la religión en el currículo y en el horario lectivo obligatorio», consideran desde Europa Laica. Así atropellaría «los derechos más elementales de la infancia, al segregar al alumnado en función de las creencias e ideologías particulares de sus familias, incluso desde los tres años”, añaden.
Los suspensos
La ley Celáa que el equipo docente es el que finalmente deberá decidir en cada centro si el alumnado pasa de curso, incluso si ha suspendido alguna asignatura. Esta iniciativa que ha sido defendida como una metodología alternativa a la repetición, tiene oposición también entre los profesores de la Pública. “Elimina la importancia de los contenidos. Va en la línea neoliberal de que se formen estudiantes que puedan ser trabajadores flexibles que puedan ir cambiando según las necesidades del mercado. Sin embargo, esto es peligroso para la mayor parte de los estudiantes de clase obrera porque el único sitio donde pueden acceder a los contenidos educativos es en la escuela”, reflexiona Casado.
La financiación
Para el movimiento por la Educación Pública la ley no hace una gran apuesta por el aumento de financiación que llevan años demandando. Esta es una de las reivindicaciones principales desde la etapa de los recortes de la crisis anterior. Únicamente, al final, en la disposición octava de la ‘ley Celaá’ se recoge que se contemplará el incremento del gasto público hasta un mínimo del 5% del P.I.B. Actualmente es del 4,3%, mientras la media europea se encuentra en el 6%.
