Esa escuela del futuro debe ser pública, laica, inclusiva, con direcciones de centros colegiadas, con plantillas estables, inspirada en valores democráticos y completamente gratuita desde los 0 a los 18 años
Los partidos dudan. Los expertos proponen diversos modelos pedagógicos. Los sindicatos atienden fundamentalmente a aspectos laborales. Pero los padres lo tienen claro. Saben qué modelo de educación necesitan sus hijos y conocen las premisas que debe inspirar una ley que consiga un pacto de Estado. Esa escuela del futuro debe ser pública, laica, inclusiva, con direcciones de centros colegiadas, con plantillas estables, inspirada en valores democráticos y completamente gratuita desde los 0 a los 18 años. Estos son los principios que inspiran el documento de bases para una nueva ley educativa, que ha promovido la Confederación Española de Padres de Alumnos (Ceapa) y que se ha elaborado en jornadas participativas con sindicatos, partidos políticos y colectivos de estudiantes. Una de sus principales impulsoras es la asturiana Elena González, vicepresidenta de Ceapa y presidenta de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres (FAMPA) Miguel Virgós, mayoritaria en la escuela pública del Principado. González ha sido la encargada de presentar la iniciativa en el Congreso. A su juicio, urge aprobar un nueva legislación y lamenta que la parálisis política haya impedido derogar la Ley Wert antes de poner en marcha artículos tan polémicos como las reválidas.
El documento expuesto por la asturiana es un modelo alternativo de escuela. Asume que tanto el derecho a la educación como la igualdad deben convertirse en sus principios fundamentales, y busca el respaldo de todos aquellos partidos que pretendan mejorar el actual sistema. El colectivo de padres entiende que son preceptos muy generales, con los que es sencillo sumar a la mayor parte de la comunidad educativa. La idea es dar estabilidad al sistema, algo que no ha sucedido en los últimos 30 años, con cambios legislativos constantes. Para lograrlo, insisten en firmar un acuerdo social y político.
La educación que queremos y necesitamos. Así se denominó la jornada de presentación en el Congreso. Además de los partidos y de Ceapa, participaron otros colectivos que han contribuido a elaborar la propuesta, como por ejemplo el Foro de Sevilla, la Marea Verde Madrid, los sindicatos FE-CCOO, STEs y CGT, los movimientos de renovación pedagógica, Europa Laica, la plataforma para la defensa de la educación infantil 0-6 o el colectivo La educación que nos une. El proyecto completo está colgado en una web creada para agitar el debate y que se denomina Por otra política educativa.
El modelo del futuro
Su punto de partida es conseguir la universalidad del derecho a la educación, con una oferta de plazas suficiente para que todos los alumnos en edad escolar puedan acceder a una plaza en la escuela pública, que sea gratuita de los 0 a los 18 años y que garantice las medidas necesarias para conseguir el éxito de todo el alumnado. Reclama una apuesta decidida por la etapa Infantil, desde los 0 a los 6 años, es decir, tanto de la etapa obligatoria como de la que en la actualidad no lo es; y también por la Formación Profesional (FP), a la que se considera la eterna secundaria en el sistema español. Este nuevo modelo tiene que estar orientado por una serie de principios comunes, que se resumen en diez: igualdad, diversidad, inclusión, participación, laicidad, coeducación, sostenibilidad, autonomía, cooperación y otros valores democráticos.
Todos estos principios se deben traducir también en medidas concretas, según la propuesta lanzada por las familias. Así, en el caso de la laicidad, significa sacar la religión, en todas sus confesiones, del ámbito escolar. La inclusión supone que la organización de los centros y del currículo debe ser flexible, para que ayudar a casa alumno en el momento en el que tenga dificultades. Además, su idea es que el currículo, al margen de los conocimientos necesarios por materia, reconozca la diversidad individual, cultural y sexual, la igualdad entre los sexos y la actual crisis ecológica.
Algunas medidas vienen de atrás. Tal y como Ceapa y algunos sindicatos llevan años reivindicando, reclama la eliminación de la red concertada, para que los fondos públicos se destinen únicamente a escuelas públicas y no a entidades privadas. Su propuesta es que este cambio de modelo y la fusión de las dos redes actuales en una sola se realicen de forma progresiva y negociada. La administración tendría que negociar con los centros privados-concertados su integración voluntaria en la red pública o el fin de las subvenciones de las administraciones.
Los docentes
La propuesta de las familias también tiene en cuenta otro pilar del sistema educativo: a los profesores y maestros. Incluye la necesidad de disponer de docentes comprometidos, que actúen como educadores, formados en contenidos que van más allá del currículo de sus materias, potenciando la investigación y la innovación educativa. Considera la formación permanente como un derecho y una obligación del profesorado y exige a las administraciones que garantice la estabilidad de las plantillas, su autonomía y la igualdad de condiciones socioeconómicas. En cuanto a la dirección de los centros, sugiere que sea «colegiada, voluntaria y renovable, con una limitación en el tiempo en el desempeño del cargo».
Para conseguir poner en pie este modelo, son necesarios más recursos. Los padres son conscientes de que se necesita dinero y reclaman una política presupuestaria que devuelva a la educación a la etapa previa a la crisis, con el compromiso explícito de aumentar de forma progresiva el gasto hasta alcanzar el 7% del Producto Interior Bruto (PIB). Para paliar las desigualdades entre territorios, alude a la creación der un fondo de compensación educativa.
