Bajo el paraguas de “acompañar”, en el municipio bonarense de San Miguel llevan adelante una política pública que consiste en detectar y perseguir a mujeres embarazadas para que no aborten, una política que podría nacionalizarse si avanzan las reformas de Milei en la Ley de Mil Días
“Ceci… espero que no te molesten mis mensajitos… Lo único que quiero es que estés tranquila que te vamos a acompañar para que sigas con tu bebé”.El mensaje llega por WhatsApp. Es de noche. Ceci, una empleada de casas particulares, lo recibe en su móvil. Está embarazada y no quiere continuar con la gestación. Lo comentó en un Centro de Atención Primaria del municipio de San Miguel, en Buenos Aires, donde lleva a sus hijos. Tiene cuatro y no quiere otro más. Pensó que la ayudarían a acceder a un aborto legal. Pero, en cambio, no deja de recibir mensajes e incluso imágenes de fetos. “Rezo para que lo pienses y todo va a salir bien. Ese bebito NO tiene la culpa…”.
Son las 21:43 del viernes 15 de julio de 2022.
Bajo el paraguas de “acompañar” –como le dicen a Ceci– en el municipio de San Miguel llevan adelante una política pública hace una década que consiste en detectar y perseguir a mujeres embarazadas para que no aborten. Lo empezaron a hacer dentro de lo que llaman “Consejerías Guadalupe”. En la práctica, buscan influir en las mentes de aquellas mujeres que tienen dudas o no quieren continuar con una gestación a través de una estrategia orquestada de insistencia, manipulación y hostigamiento.
Ese modelo es el que quiere extender a todo el país el Gobierno de Javier Milei a partir de la reforma de la Ley 27.611 de “Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia”, conocida como Ley de Mil Días, incluida en el proyecto de ley “ómnibus” enviada por el Ejecutivo al Congreso. La redacción propuesta para modificar la norma apunta a aniquilar la autonomía de las mujeres. De momento, la ley ha vuelto al punto de partida: tras obtener la aprobación del proyecto general la semana pasada, este martes se retomó la sesión para la votación del articulado y los diputados votaron el retorno del texto a comisión.
En ese municipio del oeste bonaerense no solo identifican y registran a mujeres embarazadas cuando van a un centro de salud a recibir atención, como le sucedió a Ceci. Han ido mucho más allá en relación a las estrategias que se observan internacionalmente de captación de embarazadas –a través de mensajes engañosos en redes sociales o en la calle, frente a clínicas de aborto–. En San Miguel, las buscan en sus domicilios.
“Salen con un camión con un ecógrafo y van casa por casa en los barrios más pobres del distrito y les hacen un ultrasonido para que escuchen los latidos del corazón del feto para así crear un vínculo. Las tienen fichadas en registros digitales. Los funcionarios de Salud se jactan de ‘tener oídos’ en los barrios para identificarlas”, cuenta desde Alemania una investigadora de la Red Transatlántica Feminista de respuesta a movimientos antiderechos, conformada por especialistas de Europa y América Latina.
Uno de los ideólogos de esta política pública es el presidente de la Asociación Civil Concordia, el pediatra Pablo de la Torre, quien desempeñó distintos cargos hasta llegar a ser el secretario de Salud y Bienestar Familiar de San Miguel –su hermano Joaquín de la Torre, dirigente del PRO cercano a Patricia Bullrich fue intendente y actualmente en senador provincial bonaerense–. En diciembre, tras el triunfo de Milei en las elecciones presidenciales, De la Torre fue designado como secretario nacional de Niñez y Familia dentro del mega Ministerio de Capital Humano. Esta cronista intentó consultar a De la Torre, pero su portavoz respondió que no está dando entrevistas.
La experiencia municipal
“Como director de Primer Nivel en San Miguel, De la Torre recorría las salas de atención primaria en los barrios y arrancaba la cartelería con información sobre anticoncepción y nos decía que los preservativos no había que ponerlos como en carameleras. No veía que es un derecho cuidarse y prevenir un embarazo no intencional. Nos decían que las adolescentes y las mujeres se embarazaban porque las incentivábamos a coger. Y la orden era que si veíamos a una embarazada que no quería seguir con la gestación la teníamos que mandar al Hospital Larcade, a las Consejerías Guadalupe”, dice la obstetra Carina Luchetti.
Ella trabajó 13 años en distintos Centros Integrales Comunitarios (CICs) del distrito en las barriadas más pobres como Cuartel II y barrio Mitre, hasta que la echaron el 23 de agosto de 2018 porque –cuenta que le reprochó un funcionario local— “no era funcional a las políticas públicas del municipio”. Entre otras capacitaciones que tuvieron que hacer los equipos de salud hubo una sobre “métodos naturales” de prevención de un embarazo, aquellos basados en la observación y el monitoreo del ciclo menstrual y los días fértiles. “Esos métodos, que no son confiables y que promueve la Iglesia Católica, querían que les ofreciéramos a las mujeres”, cuenta Luchetti. Tiene 46 años, dos hijos, está en juicio laboral con el municipio de San Miguel y ahora trabaja en un hospital porteño.
Declarado por el Concejo Deliberante local como “provida” en 2018, San Miguel es junto a Capitán Sarmiento el único municipio bonaerense que no hace IVE/ILE (interrupción voluntaria del embarazo / interrupción legal del embarazo) en el sistema público de salud ni derivan a otros distritos para que se garantice la práctica como marca la Ley 27.610.
El 21 de agosto de 2019, el bloque gubernamental de Juntos por el Cambio logró aprobar en el Concejo Deliberante local –con el apoyo de radicales y peronismo disidente– un proyecto de declaración que define el 8 de agosto, fecha en la que un año antes se había frenado la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en el Senado, como el “día internacional de la acción por las dos vidas”.
La negativa a garantizar el acceso a la Ley 27.610 en San Miguel se observa en las estadísticas de ILE/IVE de distritos vecinos. En 2022, 481 mujeres con domicilio en San Miguel tuvieron que recurrir por su cuenta a otras jurisdicciones de la provincia. “Nos detonan a los municipios vecinos: son cerca de medio millar de prácticas anuales de IVE/ILE que resuelven otros distritos con el costo de sobrecarga que eso significa”, dice una funcionaria de Salud provincial. En 2022 a José C. Paz se derivaron 257 de los casos, a Moreno, 84, a Pilar, 58, a General San Martín, 26, a Morón 24, entre otros lugares.
De la Torre fue uno de los expositores en el Senado, en 2018, en contra del proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto como secretario de Salud de San Miguel: “De aprobarse esta ley habrá niños argentinos que en democracia no van a poder nacer, no van a poder jugar, amar, reír o llorar”, sentenció. Además, agregó: “Miles de mujeres van a quedar destruidas, porque créanme y he visto las secuelas, el síndrome posaborto es devastador: depresión, intentos de suicidio, baja autoestima, recaídas de la salud mental cercanas a la fecha del aborto, llanto fácil, etc.”. Se trata de supuestas consecuencias no demostradas científicamente. Aunque cada mujer atraviesa subjetivamente la experiencia de interrumpir un embarazo, lo cierto es que no existe un síndrome posaborto. En esa exposición, De la Torre contó que van “casa por casa” para “encontrar mujeres embarazadas” que no llegan a los centros de salud y dio detalles del Plan de Mil Días “porque acompañamos a esa madre desde la concepción hasta los dos años del niño”.
Dos años después, a mediados de 2020, De la Torre protagonizaba un anuncio de la Asociación Civil Concordia en contra del derecho al aborto.
El 11 de enero, defendió enfáticamente en el plenario de comisiones de Legislación General, Presupuesto y Asuntos Constitucionales de la Cámara baja, la reforma de la Ley de Mil Días. “El artículo 75 de la Constitución nos pide acompañar a la madre y a su hijo”, dijo frente a diputadas y diputados. Pero bajo ese paradigma de “acompañar”, en realidad, se esconde la estrategia persecutoria ya implementada en San Miguel. El funcionario ratificó sus intenciones y aseguró que se debe “acompañar” a las mujeres desde el momento del embarazo, principalmente en los barrios, con una “búsqueda activa de embarazadas”. “Eso lo hacemos a nivel territorial y lo podemos hacer con los trenes sanitarios porque están poniendo en riesgo la vida de ella y de sus hijos, que seguro son lo más preciado”, dijo De la Torre.
Mujeres “reproductoras”
En la reforma aparecen términos como “niño desde el momento de la concepción” o “hijo por nacer”, que son categorías inexistentes en el derecho interno y en el derecho internacional. “El lenguaje de la autonomía, del respeto y la protección contenidos en la Ley de Mil Días son reemplazados por uno policial: la reforma habla de ‘detección de la madre embarazada y su hijo por nacer”, advierte la abogada Nelly Minsyerky, especializada en Derecho de Familia, de reconocida trayectoria en defensa de los derechos de las mujeres.
Además, saca la implementación de la ley del área de Salud –donde se buscaba darle un abordaje integral a las mujeres y personas gestantes– y la ubica bajo la órbita de la Secretaría de Familia y Niñez, es decir, del propio De la Torre. “Se busca sustituir de modo absoluto el consentimiento de las mujeres adultas y las adolescentes en lo que respecta a sus derechos y su salud sexual y reproductiva. Es una ley que coloca a las mujeres como meras ‘reproductoras’, en línea con el planteamiento del Cuento de la Criada de Margaret Atwood”, dice Minyersky.
El hostigamiento a las embarazadas se empezó a llevar a cabo en San Miguel desde las llamadas Consejerías Guadalupe. “Es un espacio de apoyo, contención y seguimiento de la salud física, reproductiva y psicológica de aquellas mujeres que atraviesan un embarazo no deseado o en alguna situación de dificultad”, se describe en el paper ‘Políticas Públicas para la Primera Infancia y Fortalecimiento Familiar’, publicado en la página web de la Asociación Civil Concordia, que preside De la Torre y es un think tank de perfil ultraconservador en términos de derechos sexuales y reproductivos cuyo lema es “políticas públicas con valores”.
En realidad, a las Consejerías Guadalupe derivan o citan a las embarazadas con dudas sobre la gestación. “Les pasan vídeos con supuestos abortos sanguinarios para asustarlas y les prometen ayuda económica, pañales y ropita para el bebé y también una salida laboral con oferta de capacitaciones en peluquería o cocina, si llevan los embarazos a término”, contó una trabajadora social que trabaja en un distrito vecino en un consultorio de IVE/ILE y ha escuchado el relato de varias mujeres que llegaron allí para abortar desde San Miguel.
“Muchas de ellas han quedado muy afectadas psicológicamente por los mensajes y los vídeos que les han mostrado. Tenemos que trabajar bastante para que entiendan que en una IVE o ILE no se despedaza un feto con pinzas. Y para que ellas puedan llevar adelante su decisión de interrumpir la gestación, que era finalmente lo que querían”, cuenta una psicóloga que forma parte del equipo interdisciplinario del consultorio de IVE/ILE que atiende los lunes de la Maternidad Carlotto.
Ceci, la empleada de casas particulares, pudo interrumpir su embarazo. Pero antes recibió varios mensajes por WhatsApp como parte del operativo de hostigamiento del municipio de San Miguel: “Linda, el aborto es muy pero muy difícil… Si estás de poco o mucho siempre es un bebito! A los 20 días ya se le siente el corazón…”. También le mandaron audios para persuadirla, y además imágenes y vídeos con supuestos abortos, para amedrentarla.
Del respeto a la autonomía a la vigilancia
La Ley de Mil Días fue aprobada por el Congreso el 30 de diciembre de 2020 –en paralelo con la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo– con los objetivos de proteger, fortalecer y acompañar el cuidado integral de la vida y la salud de las niñas y niños en sus primeros tres años y de las personas gestantes, desde una perspectiva integral de derechos.
Con esas dos leyes, la de Mil Días y la de IVE/ILE, se buscó que el Estado garantice los derechos tanto de las mujeres y personas gestantes que deciden abortar –en los términos legales– como aquellas que quieren tener un hijo y necesitan apoyo por su situación socioeconómica.
El proyecto que elaboró en 2020 el poder ejecutivo, efectivamente tomó la idea de San Miguel aunque le introdujo significativas modificaciones desde una perspectiva de derechos humanos y de respeto de la autonomía de las niñas, mujeres y personas gestantes.
La reforma impulsada por Milei no solo borra a las diversidades sexuales que pueden llevar adelante un embarazo al quitar el concepto de personas gestantes. Habla de “madre embarazada vulnerable” y de “detección y asistencia de la madre embarazada y su hijo por nacer”. Los nuevos términos introducen otro paradigma.
“La Ley de Mil Días, que se propone como articuladora de políticas públicas para aquellas adolescentes, mujeres y personas gestantes que deseen seguir adelante con un embarazo de modo de garantizar el acceso a políticas sociales durante la primera infancia, ya no será garante de la libertad individual, sino que se sustituye la voluntad por la determinación de ‘condición de vulnerabilidad’ que pueda hacer el Estado”, alerta Natalia Gherardi, directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA). Es el encuadre se viene aplicando en San Miguel como territorio de experimentación.
La estrategia del latido fetal
La captación de mujeres embarazadas para intentar persuadirlas de abortar detrás del “eufemismo” del “acompañamiento” es una estrategia global que vienen llevando adelante organizaciones antiderechos en distintos países. San Miguel pasó un límite al implementar ese “acompañamiento” desde el Estado y a partir de detectarlas y registrarlas en sus propias casas, haciéndoles una ecografía para que escuchen el latido fetal “para crear un vínculo entre esa mamá y su hijo”, como ellos sostienen.
“En España, la organización Hazte Oír se instala con un ecógrafo en la puerta de clínicas que hacen abortos legales para captar ahí a las embarazadas”, dice la investigadora desde Alemania. El partido de ultraderecha español Vox pretendió hace un año implementar en la Junta de Castilla y León una serie de medidas antiderechos para cumplir su acuerdo de gobierno con el Partido Popular, entre ellas, ofrecer a las mujeres embarazadas, también a las que quieran abortar, escuchar el latido fetal o una ecografía 4D. El líder de Vox, Santiago Abascal, tiene lazos estrechos con Milei y estuvo en Buenos Aires en diciembre para acompañarlo en su asunción como Presidente.
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“El modelo de San Miguel se asemeja a estrategias de trabajo de la Red Madre, de España”, apunta la investigadora de la Red Transatlántica Feminista de respuesta a movimientos antiderechos. La Red Madre nació en 2007 en España y es uno de los puntales del movimiento antiderechos en España. Se encarga desde 2021 de “acompañar” a “mujeres embarazadas vulnerables” en Andalucía con fondos públicos del gobierno autonómico que encabeza el Partido Popular. Es el mismo lenguaje que utiliza San Miguel y que se pretende incluir en la Ley de Mil Días.
Milei es una pieza más del entramado que articula a una extensa red global de extrema derecha, que despliega activamente acciones para influir en procesos políticos y democráticos en América Latina: sus programas incluyen la promoción de una agenda regresiva en materia de derechos sexuales y reproductivos. Con la reforma de la ley de Mil Días, el nuevo Gobierno argentino busca dar los primeros pasos en esa línea.
