El Arzobispado de Mendoza rechazó un pedido del Vaticano para investigar lo sucedido en el Próvolo y el accionar de los curas. Lo hizo como estrategia judicial para intentar evitar juicios civiles y pedidos de indemnización.
El descubrimiento de los abusos sexuales que se cometían en el Instituto Próvolo generó una repercusión social y política enorme. La Iglesia de Mendoza sintió el golpe: marchas, objeciones de sus propios feligreses y problemas internos. Hubo, incluso, cuestionamientos al principal valor intangible que tienen las personas creyentes: la fe. En plena crisis, el Arzobispado de Mendoza ordenó sus prioridades y puso como urgencia cuidar un principio rector mucho más tangible: el patrimonio de la Iglesia y la posibilidad de que surjan reclamos indemnizatorios por los abusos. Aunque hubo fuertes condenas sobre los principales acusados, los procesos judiciales siguen.
