Pero en el paquete del pacto, también se preveía: Eliminar símbolos y rituales de de la dictadura; acabar con el nacional-catolicismo; que no se quedaran impunes crímenes cometidos después de acabada la guerra civil; restituir la verdad histórica; abrir puertas y ventanas; fijar el estado de derecho y cauces democráticos plenos, estableciéndose, entre otros, el artículo 9.2., como garantía de las libertades y la igualdad de todos los individuos.
El Pacto se ha cumplido (mucho más) en su parte más conservadora, liberal y confesional y (muy poco) en la parte de asentar la democracia y hacer justicia con la historia. Y no sólo eso, es que (además) ciertos personajes, de todos los colores, para evitar cumplirlo en toda su dimensión introducen el maniqueo mensaje de que no hay que “remover la historia”, con el único fin de tapar la verdad, engañando, miserablemente, a la ciudadanía.
Hay políticos, historiadores y periodistas que siguen “contando” que fue una guerra entre “dos bandos”. Pues no, fue un asalto militar y nacional-católico, por la fuerza, contra la democracia popular, fue un golpe de estado fascista, fue el campo de operaciones y experimento nazi previo a la II guerra mundial, fue una vergüenza el comportamiento internacional o no digamos la actuación del Vaticano, impulsor del franquismo… y esta herida histórica no ha sido restañada, a pesar de la constitución y de otras leyes menores, siguiendo viva en la memora de muchos, no para exigir venganza, si para exigir justicia histórica.
Quizá algunos políticos de la izquierda parlamentaria, los más jóvenes entonces (es decir con muy poca experiencia e influencia), y con la perspectiva histórica del hecho no nos sintamos especialmente satisfechos del aquél pacto, conocido lo que ha ido sucediendo después. Pero quizá era la única solución, la única salida para una transición pacífica y sin grandes traumas.
He de expresar que en el seno del grupo al que pertenecía (el socialista) se debatían, en ocasiones muy acaloradamente, las cuestiones importantes y trascendentes, que luego se defenderían, como grupo, en la ponencia constitucional y posteriormente en la comisión y en el Pleno.
Una vez aprobada la constitución, en referéndum: Se firman unos Acuerdos con la Santa Sede al margen y en contra de postulados constitucionales, se desmorona la UCD (conglomerado de personas y grupos políticos democristianos, liberales y del antiguo régimen franquista), algunos se re-colocan entre el PSOE y el PP; se establece el mapa autonómico, algo ficticio; se aparca (erróneamente) la cuestión vasca; aparecen ruidos de “sables” que concluyen en el 23 F y ello sirve de coartada y excusa para que las leyes comenzaran a virar hacia la parte más conservadora de la Constitución.
Hoy 29 años después hay innumerables cuestiones no sólo no resueltas, sino deficientemente resueltas, sólo unos ejemplos: El pacto constitucional se ha incumplido en su parte más progresista; las relaciones iglesia estado siguen intactas desde la dictadura, incluso en los últimos años con medidas políticas que ha hecho resurgir al nacional-catolicismo; no se ha establecido un sistema electoral adecuado, para que la soberanía y voluntad popular estén mejor y más justamente representada en el Parlamento de España y en los ámbitos territoriales y municipales; se mantiene un sistema hereditario y anacrónico de jefatura del estado como es la monarquía, sin que la soberanía popular haya tenido oportunidad de pronunciarse, expresamente; el sistema de impuestos se desliza cada vez más hacia un liberalismo puro y duro, que genera profundas brechas sociales; no se ha establecido un sistema educativo público fuerte y compensador de desigualdades; los municipios (ayuntamientos) siguen sin tener el necesario peso político y económico, dentro de la estructura del estado; equivocados y mezquinos modos de actuar, están socavando la credibilidad de la vida pública y la política, en especial entre la juventud, cuestión muy preocupante para la democracia; los medios de comunicación, en general, están muy al servicio del “poder” político y “económico”; la cuestión vasca sigue sin solución; y la seguridad jurídica es una falacia, todavía, para los más débiles.
Estamos mucho mejor que hace treinta años, pero muchos sueños e ilusiones se han frustrado y la profundización democrática está estancada. No obstante seguiremos soñando.
(*) Francisco Delgado. Diputado Constituyente
