Sólo 68 se refieren a alumnos que este año estudiarán 3º de ESO, el nivel en el que se comenzará a impartir la materia en Andalucía
No es que no concuerden los números, es que la diferencia es abismal. La Consejería andaluza de Educación sólo había registrado hasta ayer 252 solicitudes de objeción de conciencia contra la asignatura Educación para la Ciudadanía, frente a las 7.000 que aseguran haber presentado asociaciones como la Concapa (Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos). La desproporcionada disparidad de las cifras da una idea de la ferocidad de la campaña desatada por algunos sectores, con el PP y la Conferencia Episcopal a la cabeza, hacia esta materia, que ha sido llevada al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
Además, si bien el número global de escritos es de 252, sólo 68 se refieren a alumnos que este año estudiarán 3º de ESO, el nivel en el que se comenzará a impartir la materia en Andalucía este curso. Y la consejera de Educación, Cándida Martínez, aseguró que muchos de los escritos están duplicados (el padre y la madre del alumno presentan cada uno un recurso) o no aportan la documentación que demuestre que hablan de sus hijos.
Por otra parte, la patronal de colegios privados CECE aclaró ayer que la circular que envió a sus centros recomendándoles que permitan no asistir a clase a los alumnos objetores contenía sólo "orientaciones sobre cómo actuar" ante estos casos. El texto aconseja "medidas de atención específica" para "no dejar al alumno objetor a su libre albedrío durante las horas lectivas de esta materia. Por otro lado, no es competencia del centro oponerse al derecho de la familia que opta por la objeción", añadió
