La Mezquita es un bien público, por lo que también deben ser públicos su titularidad y su gestión, y su uso exclusivamente civil.
La Junta de Andalucía aprobó el 19 de marzo el proyecto del Cabildo para la apertura de una segunda puerta en la mezquita cordobesa, con el fin de que puedan entrar y salir con mayor fluidez los pasos de semana santa. Tomó la resolución la Comisión Provincial de Patrimonio, presidida por la delegada de Cultura, Manuela Gómez, con la asistencia y beneplácito del presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Luis Martín.
La apertura supondrá que se retire una de las cuatro celosías instaladas entre 1972 y 1975 por el arquitecto Rafael de la Hoz Arderius (un gran conocedor de la mezquita, que popularizó mundialmente la “proporción cordobesa”) con el fin de recuperar la luz original del monumento. Concretamente se retiraría la que cubre la entrada a la nave 17 de la fachada Norte de la Mezquita, y en su lugar se instalaría una nueva, construida por el Cabildo, con doble hoja abatible por el centro.
Unos días después de la aprobación, el hijo de aquel arquitecto, Rafael de la Hoz Castanys, ha hecho público su rechazo del procedimiento seguido hasta la aprobación del proyecto del Cabildo. Según de la Hoz Castanys, se han producido numerosas irregularidades que han impedido la presentación de alegaciones tras el obligado (pero no efectuado) periodo de información pública. Como bien argumenta el arquitecto, la retirada de la celosía constituiría un «gravísimo daño al patrimonio histórico».
Hay que destacar además que, cuando la Unesco declaró la Mezquita patrimonio de la Humanidad en 1984, las celosías de Rafael de la Hoz Arderius formaban parte del monumento.
Desde Andalucía Laica consideramos este episodio una muestra más de cómo unos intereses muy particulares (los de la Iglesia católica) llegan a oponerse frontalmente a los generales en el asunto de la Mezquita de Córdoba. La actuación de la Junta de Andalucía, al dar primacía a los primeros sobre los segundos, es sencillamente inadmisible, una traición en toda regla a la ciudadanía a la que debe servir. No eran necesarios más ejemplos para demostrar algo que es de justicia y de razón, pero este nuevo caso deja claro, una vez más, cómo la gestión y el uso privados (unidos en ocasiones como la actual a la negligencia de instancias públicas), pueden causar daños extraordinarios en el patrimonio de todos.
Exigimos que de inmediato se dé marcha atrás en la aprobación del proyecto de apertura de la “segunda puerta”, e insistimos en que la Mezquita es un bien público, por lo que también deben ser públicos su titularidad y su gestión, y su uso exclusivamente civil.
