Alternativa Laica ha pedido que la organización que promueve los actos de la Jornada Mundial de la Juventud corra con la financiación de los mismos con sus propios recursos y lamenta que la jornada se vaya a financiar con 25 millones de euros de dinero público en un momento en el que las administraciones "hacen gala de austeridad".
En un comunicado, la asociación de ámbito regional para la defensa, promoción y difusión del laicismo se opone a que la visita del Papa y la jornada que se celebrarán en Madrid se hayan planteado como una visita donde el cabeza de la iglesia católica será tratado en España, "constitucionalmente aconfesional", como jefe religioso y jefe de Estado, recibido por el Rey y agasajado por el presidente del Gobierno.
Estima que los eventos van a costar en torno a 50 millones de euros, de los cuales al menos la mitad podrían ser fondos públicos. El resto, dice, serán aportaciones de empresas patrocinadoras que, al haberse declarado "acontecimiento de excepcional interés publico" en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, se desgravarán hasta el 80%, es decir, "escatimarán el pago de impuestos lo más que puedan, lo cual, por definición, perjudica al conjunto de la ciudadanía y del país".
Previamente a la celebración de Madrid, en Toledo se prevé la presencia de varios miles de visitantes a los que el alcalde de la ciudad, Emiliano García-Page, ha ofrecido las instalaciones públicas para alojamiento, tendrán acceso gratuito a los museos de la ciudad y generarán unos gastos al erario público "de los que todavía no se conoce ni siquiera la cantidad", avisa.
Dicho esto, recuerda que ya anteriormente, Alternativa Laica ha reclamado al Ayuntamiento y al resto de administraciones públicas una "actitud responsable" con respecto a la financiación de los actos religiosos a costa de los presupuestos públicos.
Desde Alternativa Laica han hecho un llamamiento a los poderes públicos para que se comporten de "forma responsable" ante determinados eventos dirigidos a promover una fe religiosa con ayuda de los fondos públicos de un Estado que "debe mantener la debida neutralidad en materia religiosa".
Es por ello que piden a los poderes públicos que insten a la Iglesia a hacerse cargo de los gastos que genere su evento, a utilizar sus múltiples instalaciones y no las públicas y a ser económicamente viable y no una carga para el erario público.
"ACTOS DE DISCRECIONALIDAD INJUSTIFICADA"
Por otro lado, apunta que se están produciendo por parte de las distintas administraciones "actos de discrecionalidad injustificada", como la rebaja en los precios de los abonos de transporte, la gratuidad en las entradas a los museos o la prohibición de manifestaciones de grupos y colectivos laicos.
Según la asociación, los poderes públicos "no deberían ni favorecer a unos por su participación en un evento religioso, ni discriminar a quienes tenemos el mismo derecho que cualquiera otra persona o colectivo a manifestar nuestras opiniones, a favor o en contra de lo que consideremos necesario opinar".
Finalmente, opina que "las administraciones deben asegurar que los eventos religiosos puedan celebrarse en libertad pero no mezclarse con ellos ni ser parte fundamental de su organización ni convertirse en jueces de las manifestaciones de libertad de expresión de los distintos colectivos del país". "Los poderes públicos deben distinguir, y hacer que los ciudadanos distingan, entre colaboración con las organizaciones religiosas y subordinación a éstas", concluye.
