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Algunos jueces anteponen sus creencias religiosas a la aplicación de la ley

La aprobación en julio de 2005 de la ley que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo ha estado rodeada de polémica judicial desde el principio. El Partido Popular recurrió de inmediato la ley ante el Tribunal Constitucional, entendiendo que desnaturalizaba "la institución del matrimonio", y no tardaron en aparecer jueces del Registro Civil negándose a casar a parejas homosexuales. Parece que algunos jueces olvidan la regla número uno de todo magistrado: tomar sus decisiones sólo en base al derecho y a la ley.

El periódico El País quiso denunciar ayer esta práctica habitual entre los jueces. Y pone entre los ejemplos el caso de Laura Albau en Denia, que fue muy sonado. La juez paralizaba los expedientes matrimoniales que le llegaban y presentó numerosos recursos de inconstitucionalidad contra la ley a pesar de que los jueces del Registro no pueden hacerlo porque no ejercen funciones jurisdiccionales. Alabau llegó a asegurar que se sentía "perseguida por el aparato propagandístico del Gobierno".

Amonestación
El Tribunal Constitucional la amonestó. Por ocho votos frente a cuatro no admitió a trámite las consultas y le recordó que debía aplicar la ley y dejar de cuestionarla. El Consejo General del Poder Judicial expedientó a Alabau y la sancionó con una multa de 305 euros y con una advertencia: los magistrados únicamente están sometidos al imperio de la ley y que no pueden ejercer la objeción de conciencia.

Dimisión
Mientras tanto, los jueces seguían protestando, cuenta El País. Un juez de paz de Pinto (Madrid) llegó a presentar su dimisión alegando que no podía casar a homosexuales por "imposibilidad moral".

¿Obejción de conciencia?
Por su parte, la secretaria judicial de Colmenar Viejo (Madrid) Isabel López-Nieto también quiso ampararse en un supuesto derecho a la objeción de conciencia para no intervenir en bodas gays. Las definió como "una auténtica subversión de los principios más básicos del orden social" y alegó que sus creencias religiosas le impedían incluso firmar las notificaciones. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid le respondió que debía "atenerse a las normas".

Custodia para el heterosexual
El último capítulo en que la ideología se antepone al derecho lo encontramos en el juez de familia de Murcia Fernando Ferrín Calamita. Católico devoto y lector de Josemaría Escrivá de Balaguer, no comulga con la ley de matrimonios gays. Le parece que estas bodas no crean "familias normales" y que un menor no debe crecer en ese entorno. Por ello, impide adoptar a los homosexuales y prefiere conceder la custodia de los niños, en los casos de separación y divorcio, al progenitor heterosexual. Le preocupa que los menores sean homosexuales en el futuro.

Basándose en la Biblia
Todos estos magistrados tienen muy claro cómo debe ser la "familia normal" y parece que dictan sus resoluciones basándose más en la Biblia que en las leyes vigentes, aunque, si les preguntan, dirán que toman las decisiones atendiendo fielmente al derecho. Mientras tanto, los ciudadanos sólo pueden recurrir, recusar o presentar quejas. Pero deben esperar meses o incluso años para que les dejen ejercer sus derechos. En ocasiones, la ideología hace sombra a la propia ley.

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