Una ley injusta e inútil
Para el secretario general de Enseñanza de Comisiones Obreras la reforma no apuesta por una sociedad y una economía del conocimiento
De espaldas a la amplia contestación social suscitada, el proyecto de LOMCE continúa su solitaria singladura en el parlamento. Los grupos políticos de la oposición se han conjurado para derogarla cuando las circunstancias lo propicien y la comunidad educativa se apresta a dar continuidad a las movilizaciones clamando por su retirada. Los sindicatos de corte corporativo son los últimos en unirse al coro de voces críticas que a estas alturas es prácticamente unánime. Nunca antes una ley educativa había alcanzado un consenso negativo tan amplio. Y es que cada vez somos más los que exigimos que la educación sea una política de Estado y una prioridad en la acción de gobierno.
En sentido contrario, el Sr, Wert ha puesto encima de la mesa una ley profundamente sectaria, concebida desde postulados ideológicos, al margen del profesorado y de la sociedad y sin ánimo de buscar aproximaciones o acuerdos. Y lo ha hecho en medio del mayor ataque que ha sufrido la educación, concretado en una avalancha de recortes que han mandado al paro a miles de profesores, han erosionado gravemente el sistema de becas y ayudas compensatorias -hasta el punto de poner en cuestión el derecho a la educación para determinados segmentos sociales-, han debilitado la educación pública y han ocasionado un deterioro palpable en la calidad de la enseñanza y en la equidad.
Con una ley que mira al pasado, que no apuesta por una sociedad y una economía del conocimiento, no vamos a resolver los problemas educativos que tenemos planteados. Las altas tasas de abandono educativo temprano no van a mejorar con un modelo educativo que segrega tempranamente al alumnado y que establece un sistema de reválidas que impedirá titular a muchos. No se contribuirá al necesario reforzamiento de la Formación Profesional configurándola como un itinerario de menor valor que el académico.
No contento con agravar los problemas educativos que nos aquejan, el Sr. Wert parece dispuesto a generar problemas dónde no los había. La lógica recentralizadora no se compadece con la reducción de las diferencias educativas entre las comunidades autónmomas en el último decenio. La deriva privatizadora, además de perversa, reabre en canal viejos debates…
Retiren esta ley impuesta e inútil. Y apuesten por la educación. Porque sin educación no hay futuro.
Francisco García es el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO
La otra cara de los recortes
El presidente de la confederación de padres CEAPA argumenta su rechazo a la ley
El objetivo de la LOMCE es “acompañar” los drásticos recortes presupuestarios que el Gobierno está impulsando con un recorte de derechos que necesariamente requiere estar plasmado en una ley.
Así, la nueva norma suprimirá toda referencia y quitará importancia a programas y medidas de apoyo para atender a la diversidad del alumnado, permitirá aun más el aumento de la actual ratio de alumnos por profesor, dificultará en mayor medida la cobertura de las bajas docentes, eliminará el derecho a una educación común hasta los 16 años, obviará el derecho a una educación infantil hasta los sies años con carácter plenamente educativo, cuestionará gravemente el objetivo de una escolarización cada vez más universal y gratuita en bachillerato y ciclos formativos, abrirá peligrosas vías para la incorporación de distintos perfiles profesionales y un largo etcétera. Es decir, la nueva ley supondrá un adelgazamiento del derecho a la educación, un punto y final en la concepción de la educación pública como instrumento de ascenso social y del que se benefician sobre todo las clases medias y bajas, una regresión sin precedentes en nuestro país, y que tendrá efectos devastadores en las generaciones que ahora mismo están escolarizadas o comenzarán en breve a escolarizarse. Además, tendrá consecuencias depresivas para el conjunto de la sociedad. CEAPA no puede sino oponerse con todas sus energías a estos recortes y a una ley que quiere institucionalizarlos.
Con la LOMCE, el Gobierno quiere extender a todo el Estado un modelo educativo que algunas comunidades gobernadas por el Partido Popular han estado desarrollando durante estos años y que, como puede fácilmente comprobarse, se está demostrando como un modelo desastroso que está haciendo retroceder a estas autonomías, cuyos indicadores educativos no hacen otra cosa que empeorar por mucho que quieran maquillarse los resultados que se obtienen.
Para mejorar la educación entre todos necesitamos ponernos de acuerdo en el diagnóstico y, de forma previa, consensuar el significado de los conceptos sobre los que debatir. Sin embargo, asistimos a una manipulación del lenguaje que comienza en el propio nombre de la ley, con la denominación de “Ley de Mejora de la Calidad de la Educación”.
CEAPA no acepta que la negociación sobre una nueva ley de educación parta de análisis sesgados del sistema educativo. No compartimos los análisis catastrofistas de los sectores más conservadores de la sociedad, de los que bebe este Gobierno, sobre el rendimiento académico del alumnado. Tampoco sus afirmaciones sobre la teórica falta de progreso que hemos tenido en las últimas décadas, puesto que el gran avance educativo y social experimentado se reconoce en todos los informes internacionales, incluso en aquellos que ideológicamente están próximos a los postulados de estos sectores.
Pero el análisis parcial que hace el Gobierno del sistema educativo no es inocuo, sino que responde a un modelo ideológico conservador, que no cree en la igualdad de oportunidades de todos los niños y niñas ni en la educación como instrumento de ascenso social de las clases más desfavorecidas, y para el cual la atención a la diversidad es cuanto menos una frivolidad. Ese modelo aboga por la superación de la crisis de la mano de la eliminación de lo público, para lo que realizan constantemente recortes en educación. Desde este enfoque es prácticamente imposible la reducción de las tasas de fracaso escolar a las que dice querer combatir el ministro Wert.
La base de la reforma está claramente ideologizada. Y las medidas que el Gobierno propone para atajar el fracaso escolar también son recetas del pasado, y que se han demostrado inútiles por la experiencia y la investigación educativa: adelanto de la separación del alumnado a los 14 años, reválidas, repetición de curso, prohibición expresa de continuar en el sistema educativo si no se obtiene la titulación exigida en la etapa obligatoria. ¿Alguien se ha parado a pensar de qué o para qué sirven las repeticiones de curso? Sería más lógico que al igual que en otros países, con los que nos comparamos, al inicio de cada curso se diera conocimiento al tutor de cuáles son las materias con las que más dificultades tiene el alumno para que éstas sean reforzadas. También parece más oportuno que al finalizar la etapa obligatoria al alumno no se le impidiese su continuidad en la educación postobligatoria. España es uno de los países donde se da esta circunstancia.
Jesús María Sánchez es presidente de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA)
La ‘ley Wert’ no está a la altura
La práctica educativa debe adecuarse a los cambios sociales y a los avances de la ciencia, pero de eso no se ocupa la Lomce
Legislar en educación (y van ya demasiadas leyes) siempre genera debate y controversia, y ese debería ser el camino hacia el consenso. Con la Lomce no ha sido así, es la ley que ha generado más rechazo desde la transición. Ha provocado un revulsivo social desde que se conocieron los primeros borradores y se ha incrementado con las enmiendas aprobadas en su proceso de tramitación.
En el sector educativo, donde se trabaja con y para las personas, se exige rigor en la argumentación de una idea. Todavía más en un texto legislativo. Así, se citan investigaciones internacionales o se dice que “se apoya en evidencias y recogen las mejores prácticas comparadas” sin concretar a cuáles se refiere; y cuando lo hace recoge resultados sin base científica o se resaltan los aspectos que convienen a una determinada ideología. Y despreciando las aportaciones pedagógicas que son fruto de años de experiencia e investigación (laicidad, equidad, educación por la ciudadanía, cohesión social…). Y sin un debate riguroso sobre el tema necesario en una ley que regula la educación de un país.
La práctica educativa debe adecuarse a los cambios sociales y a los avances de la ciencia, pero de eso no se ocupa esta ley. En el siglo XXI no es de recibo plantear un debate del XIX: la centralización, la letra con sangre entra, la lengua única, el desprecio de las humanidades, la cultura del esfuerzo medido por evaluaciones uniformes, la separación de niños y niñas, la marginación a una edad cada vez más temprana. No se entiende cómo el Gobierno que tiene la responsabilidad de la calidad de la educación pública le otorga un papel subsidiario e incluso, en la tramitación, introduce más enmiendas en beneficio de la enseñanza privada concertada como la cesión de suelo público, la corrección de pruebas, aumento de las subvenciones, etcétera, y lo hace, paradójicamente, en nombre de la cohesión educativa, equidad y bienestar social.
La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) se aprobará mañana en el Pleno del Congreso con el voto en contra de casi todos los grupos políticos (excepto el de UPyD) y con el rechazo de la comunidad educativa. La LOMCE no está a la altura de la ciudadanía de este país.
Francisco Imbernón es catedrático de Pedagogía de la Universidad de Barcelona y director del Observatorio Internacional de la Profesión Docente.
La oportunidad perdida
Concapa alaba varios puntos de la ley, pero le reprocha no haber ido más lejos
Para CONCAPA, la LOMCE mejora la legislación anterior al modificar el espíritu del fallido "modelo LOGSE/LOE" introduciendo el concepto del esfuerzo y la evaluación objetiva. Sin embargo, resulta una ley decepcionante y muy poco ambiciosa para conseguir los objetivos que se propone, entre ellos, la empleabilidad juvenil, que hoy supera el 57% de parados. Además, adolece de graves carencias, entre ellas, no haberse atrevido a innovar y renovar la enseñanza en sus niveles de Infantil y Primaria, que son origen del enorme fracaso y abandono escolar que aparecerá en la etapa secundaria.
La LOMCE sigue sin resolver la injusta diferencia de trato que se da a las familias en función del modelo de centro elegido (público o concertado), puesto que mantiene la incertidumbre sobre la renovación del concierto. Tampoco avanza en la gratuidad de todas las enseñanzas no universitarias, una petición que venimos realizando desde hace mucho tiempo, ni promueve decididamente la pluralidad de centros, respetando el derecho de los padres, como primeros educadores, a elegir la educación que desean para sus hijos. Todas estas cuestiones merman la libertad de elección de centro y de enseñanza al impedir a las familias elegir en igualdad de condiciones.
En relación con la clase de Religión, la LOMCE tampoco da una solución satisfactoria, porque no la incluye como competencia estatal. Consideramos también un error los recortes si no son coyunturales –como parece-, y la rebaja en la calidad democrática que supone el nuevo enfoque sobre la participación de los padres en el consejo escolar.
Confiamos en que al menos las evaluaciones objetivas y externas, además de poder homologar el nivel de conocimientos en las distintas comunidades autónomas, permitan un avance importante en el nivel educativo de nuestros alumnos, como sucede en países de nuestro entorno, puesto que la transparencia de sus resultados exigirá de todos los agentes educativos el esfuerzo que requiere una buena formación, indispensable hoy para nuestros hijos y para nuestro país.
En definitiva, el PP pierde la oportunidad de haber liderado con su mayoría parlamentaria el cambio importante que necesitaba nuestro sistema educativo y exigíamos millones de familias.
Luis Carbonel es el presidente de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos
