Iglesia y Estado. Distintos acontecimientos de estos días obligan a reafirmar que nuestro Estado es laico y que por lo tanto debe regir la ley de los hombres y no los de alguna religión en particular.
ría Eugenia Vidal es una profunda devota católica. Se sonríe cuando sus opositores políticos la definen como «la catequista». Es que lo fue. Ella nunca ha escondido su fe. Cuando se ingresa en su oficina del alto piso de Banco Provincia en pleno centro porteño se distingue rápidamente la imagen de la Virgen de Fátima que la acompaña en todos sus escritorios. Cuenta un visitante reciente de ese lugar que reparó en la estatua de la madre de Cristo que Vidal se alegró por esa mirada. «Soy agnóstico. No creo en nada», le dijo su interlocutor. A los pocos días, la gobernadora le hizo llegar a su casa una réplica de la Virgen con una nota de puño y letra que decía «aunque no creas, ella te acompaña siempre».
Será por eso que un conjunto de dirigentes de la Iglesia Católica logró una rápida reunión en ese mismo despacho con la mandataria en la semana que terminó. Un conocido numerario del Opus Dei fue el que verbalizó sin ambages el mensaje: «No queremos que el protocolo que regula los abortos no penados se instrumente en la provincia. El aborto es un homicidio y usted no puede permitirlo», le dijo este hombre canoso que supo tener a un pariente lejano como fundador de la organización de tintes medievales Tradición, Familia y Propiedad.
En marzo de 2012 la Corte Suprema de la Nación fijó por unanimidad (Lorenzetti, Highton, Argibay, Maqueda y Fayt) en el caso «AF, sobre medida autosatisfactiva» tres conceptos indudables en el caso de una joven de 15 años violada por su padrastro y que quedó embarazada. El tribunal dijo: 1) No es cierto que los tratados internacionales suscriptos por Argentina prohíban la realización de abortos legalizados. Por el contrario: impiden castigarlos. 2) Los médicos en ningún caso deben requerir autorización para realizarlos. 3) El trámite judicial debe garantizar este derecho y no ser utilizado para dilatar las intervenciones.
La gran mayoría de las provincias, como corresponde a un país federal, adhirieron a este protocolo y lo pusieron en marcha. Sin embargo, a más de cuatro años del fallo algunas se resisten. Buenos Aires iba a promulgarlo en la semana que terminó, pero un grupo de integrantes de la Iglesia se opuso. El gobierno niega terminantemente que esto haya 47 ocurrido y se ampara en normativas provinciales muy poco efectivas para decir que la mujer que es violada o que corre riesgo en su salud si continúa con el embarazo puede recurrir a un hospital público y acceder a lo que el Código Penal y la Corte le garantizan. Esto es falso. Falta la resolución de la gobernadora promulgada y publicada.
La ex presidente de la Cristina Kirchner impidió en sus mandatos que la discusión legislativa sobre el aborto se diera en el congreso. Dijo públicamente: «No estoy de acuerdo con esos proyectos. Soy católica y me opongo», expresó, anticipando veladamente un veto a la ley en el caso de que no se acatasen sus convicciones.
Esta semana se hizo conocer la noticia (y el uso de tiempo verbal no es casual) de que el Papa Francisco le había enviado un rosario bendecido a la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó. La información trascendió en el medio de la discusión legislativa impulsada por el gobierno para sancionar una norma que limitase su cargo y sus funciones. Ya se dijo en esta columna que el proyecto era inconstitucional, torpe y escrito con saña política de venganza. Sin embargo, el regalo pontificio (nunca admitido oficialmente pero bendecido por el entregador Gustavo Vera, de cercanía indudable con el Papa) abrió el debate sobre si Francisco no estaba así respaldando a la procuradora.
Estos episodios, a los que podrían sumarse tantos otros, como las indiscutidas presiones católicas para talar una parte del nuevo código del derecho privado en materia de fertilización asistida, las cruzadas de algunos prelados (dice algunos) como Monseñor Héctor Aguer impidiendo la educación sexual en las escuelas por considerarla favorecedora de conductas «fornicarias y disolutas» (sic), reactualizan el debate sobre qué peso debe tener la opinión de la religión en la ley argentina y en sus regulaciones. La respuesta debe ser tajante: ninguna.
Nuestro país es un Estado laico. No somos una teocracia donde la ley de Dios rige el accionar de los hombres. Aquí no hay grises. O entendemos que el derecho es el acuerdo de los hombres que debe respetar a rajatablas la libertad religiosa pero de ninguna manera imponer los principios individuales de fe sobre el accionar público de los ciudadanos, o nos convertimos en un Estado religioso. Irán es una teocracia. Argentina no debería serlo.
Dicho esto, corresponde afirmar que nuestras reglas no pueden desconocer el enorme sentir de muchos con convicciones y valores cristianos. No hay dudas tampoco. Nuestro país es habitado por mayorías que creen en el maravilloso testimonio de Jesucristo y la caridad y generosidad de esa palabra está presente en muchos de sus ciudadanos. Nuestra ley debe ser inflexible a la hora de respetar que cada uno crea en ese Dios y pueda hacerlo libremente. Pero de ninguna manera debe propender a que esa fe sea la que rija la vida de todos. Porque otros, minorías, cómo no, no creen en esa ley. Y la democracia no funciona sin el irrestricto respeto de las minorías.
Que la provincia de Buenos Aires no acepte respetar lo que dijo la Corte Suprema en materia de abortos no punibles coloca a sus gobernantes al borde de la ilegalidad y la desobediencia. Y eso sin contar lo principal: condena a las mujeres pobres, que no pueden en silencio recurrir a las clínicas privadas seguras por sus condiciones de higiene y por sus costos, a morir en abortos clandestinos. Raro modo de interpretar la parábola de los ricos y los camellos que no pasan por el ojo de una aguja.
Nadie pretende que la Iglesia acepte el aborto. Nadie que los cristianos lo hagan ni los no creyentes que tienen esos principios. Aquí no se necesita de una tarea evangelizadora en contra del aborto, pero tampoco a favor. Apenas es imprescindible el respeto a la ley de los hombres que consideró que una mujer violada o con riesgo de muerte pueda (dice pueda) ser amparada por la ley.
¿Y el rosario a Gils Carbó? Este cronista está convencido, y no por un acto de fe sino por los sucesivos gestos públicos del pontífice, que Francisco no ve con agrado lo que piensa Mauricio Macri y lo que hace en su gobierno. Rosarios hubo para Milagro Sala, Hebe de Bonafini, Juan Grabois, funcionario designado por él en el Vaticano que acaba de decir que se está peor que el año pasado, y tanto más. ¿Está bien que el Papa muestre su disgusto con Cambiemos? Poco importa, puede hacerlo. Aunque luzca extraño en las sonrisas y las fotos de un hombre que es un faro luminoso en el mundo que se entrevera con el opaco discurso de los punteros bonaerenses cuando mira a la Argentina. Pero las contradicciones son propias de todos los hombres. Inclusos los investidos de infalibilidad vaticana.
Si es cierto que Francisco no quiere que Gils Carbó deje de ser la jefa de los fiscales, habrá que decir con el mayor respeto pero con inclaudicable contundencia que la ley de mal desempeño y el debido proceso en un estado de derecho son los que nos rigen en una república laica y no los deseos de aquellos que, aunque seres destacados del planeta, no dejan de ser iguales ante la ley. Lo propio para el protocolo de abortos. Iguales antes la ley del César. La de Dios, es otra cosa. Y tramita por una avenida distinta, individual y elegida por algunos, que no es la que rige la convivencia democrática.
