En el centro de Kabul, en el mercado Mandawi, los compradores se agolpan frente a los puestos de comida. Los hombres con ropas tradicionales se cruzan con mujeres liberales vestidas solo con un hiyab. A veces, una mujer con burka camina entre las tiendas. Un día normal en Kabul como se ha visto durante años. Pero en cada esquina, pequeños grupos de cuatro o cinco hombres barbudos andan. Algunos llevan turbante en la cabeza, patrullando, armas en mano. Estos son los talibanes, los nuevos señores de Afganistán. Tres meses después de la caída de Kabul, refuerzan la seguridad para consolidar su poder. Con su llegada al poder, terminó la guerra en el país. Muchos afganos, incluso los hostiles a los talibanes, se alegran: “Las carreteras a Kandahar o Herat son más seguras, y hay menos problemas de seguridad que antes en Kabul”, dice Haroon, un joven afgano.
Sin embargo, la paz es frágil: en los últimos días, Kabul ha sido escenario de tres atentados con bombas en minibuses. Tuvieron lugar en el oeste de la capital, en barrios predominantemente hazara, un grupo étnico chií. Esta minoría religiosa representa entre el 15% y el 20% de la población, y ha sido víctima de ataques mortales en los últimos meses, sobre todo reivindicados por ISIS en Khorassan (IS-K), “Daesh ataca a todos los afganos, pero aún más a los chiítas porque somos más vulnerables”, señala Mohammad baqir Hussaini, un representante de la comunidad. En algunas áreas de Afganistán, IS-K cuestiona el poder de los talibanes, especialmente en la ciudad de Jalal-Abat, donde los combatientes están implantados. Los talibanes hacen poca publicidad de esta realidad para evitar mostrar alguna debilidad.
La minoría chií víctima de violencia
Para la comunidad chiíta hazara, la guerra no terminó con la captura de Kabul. Los hazara todavía son víctimas del estallido de violencia. A mediados de octubre, un ataque a una mezquita chií en Kandahar reivindicado por IS-K mató a más de 60 personas. El 8 de octubre, un atentado en una mezquita chií en Kunduz, también reivindicado por IS-K, dejó más de 70 muertos. Desde entonces, el IS-K ha emitido una declaración en la que llama a atacar a los chiítas, a quienes considera apóstatas, en sus hogares “de cualquier forma posible, cortándoles el cuello o detonando sus cuerpos”.
Esta no es la primera vez que se ataca a los hazaras. Ya víctimas de masacres en el pasado por varios grupos —incluido talibanes—, considerados durante décadas como ciudadanos de segunda clase, solo fueron reconocidos como iguales al resto de los afganos en 2004. En el cementerio chií de Karte Sakhi, al oeste de Kabul, Ali limpia la tumba de su padre. Viene a rezar allí todos los viernes, día de descanso para los musulmanes. “Ves estas tumbas”, dice señalando una decena de lápidas sepulcrales, “son chiítas que fueron asesinados hace años por los talibanes. Solían ser ellos. Hoy es Daesh“. El hombre de 45 años suspira: “Vivimos con miedo”. Sus ojos ligeramente rasgados que delatan sus orígenes hazara —el grupo étnico desciende de los mongoles— y mira la majestuosa mezquita azul de Karte Sakhi: ”Los lugares de culto religioso se han vuelto extremadamente peligrosos. Ahora evito las reuniones de grupo”, dice.
Los ataques contra esta minoría religiosa muestran que la situación de seguridad en Afganistán sigue siendo frágil. El ejercicio del poder para los talibanes no es tan fácil. Fueron insurgentes durante 20 años y hoy deben aprender a convertirse en gobernantes en un contexto difícil: desde que volvieron al poder, Afganistán ha estado más aislado que nunca. Las sanciones internacionales han empeorado la ya frágil situación financiera. El país se está hundiendo en una crisis económica cada vez más profunda.
Todos los días, frente a los bancos, decenas de Afganos esperan su turno. El ambiente es tenso: “Estoy esperando a cobrar el dinero enviado por mi familia desde el extranjero”, dice Mahab, un residente de Kabul. La crisis económica se ha agravado en los últimos tres meses. Más de la mitad de los Afganos están desempleados. El Gobierno provisional de los talibanes no puede pagar a los funcionarios: “Hace tres meses que no recibo un salario”, afirma Saghar, una profesora de matemáticas en una escuela pública de Kabul. Actualmente, el 60% de 38 millones de afganos padecen inseguridad alimentaria, según el Programa Mundial de Alimentos. Abdul Sayed, residente de Kabul, tiene seis hijos. Cuatro de ellos trabajan. Hace unas semanas, desesperado por el hambre, estaba a punto de vender a su hija de cuatro años, Marwa, por 100.000 afganis (1.000 euros). En Afganistán, según varios informes de ONG y periodistas locales, ha habido un aumento en la venta de niñas por familias que sufren de pobreza extrema.
En el hospital de Atatürk, especializado en pediatría, “los casos de niños que sufren desnutrición van en aumento”, asegura la doctora Atifa Shapour, que actualmente atiende a una decena de bebés víctimas de desnutrición severa. “El hospital ya no tiene fondos para comprar leche y medicamentos. Algunas familias que no pueden pagar estos bienes vuelven a casa sin tratamiento para sus hijos desnutridos”, se lamenta. Después de que los talibanes llegaran al poder, el Fondo Monetario Internacional (FMI) bloqueó ayudas por 450 millones de dólares en Afganistán. Las reservas de 9.000 millones de dólares del banco central afgano, la mayoría de las cuales se mantienen en Estados Unidos, también han sido congeladas.
Según la enviada especial de la ONU para Afganistán, Deborah Lyons, “el país está al borde de una catástrofe humanitaria”
Según la enviada especial de la ONU para Afganistán, Deborah Lyons, “el país está al borde de una catástrofe humanitaria”. La crisis es visible en Kabul, con un número impresionante de mendigos, niños trabajadores y personas sin hogar. Pero el número de pobres es aún peor en el campo. En el hospital francés de Kabul, la ONG La Chaîne de l’Espoir ofrece operaciones médicas gratuitas a niños de familias muy pobres que provienen de las provincias más remotas de Afganistán. Said Rahim Rastkar, jefe de misión de la ONG francesa, deambula por las habitaciones del hospital: “Este paciente viene de Kandahar, fue operado por quemaduras en los brazos”, dijo señalando a un niño de ocho años. Aquí, acaban de operar a esta chica por problemas renales graves”. El jefe de misión se sienta en su despacho: “Con la crisis económica, las demandas van en aumento. No sabemos si seremos capaces de responder positivamente a todas las necesidades en los próximos meses. Por la falta de medios en Afganistán, hay una gran ausente: los datos. No sabemos quién quien necesita asistencia sanitaria, cómo llegar a estas poblaciones. Este invierno va a ser terrible para los afganos”, agrega.
Las grandes víctimas: las mujeres
A mediados de octubre, la Unión Europea anunció la liberación de mil millones de euros durante una conferencia internacional dedicada al riesgo de una crisis humanitaria en Afganistán. Es en este contexto que los talibanes están negociando en el escenario internacional el reconocimiento de su Gobierno. Sus objetivo: levantar las sanciones internacionales a cambio de garantías sobre los derechos humanos y, en particular, sobre los derechos de las mujeres.
Shayma, una profesora de inglés, afirma con una mirada impotente: “Antes de los talibanes, las mujeres podían enseñar a los niños. Ahora está prohibido. Solo podemos enseñar a las niñas”
Pero hasta ahora, los esfuerzos de los talibanes han sido escasos: es cierto que en la capital afgana las mujeres se visten de manera relativamente liberal según los estándares afganos. Y los afganos escuchan música desde sus automóviles, una práctica prohibida durante el primer emirato Islámico entre 1996 y 2001. Sin embargo, algunas prácticas ya recuerdan las horas más oscuras de la historia afgana, cuando los talibanes estuvieron en el poder por última vez. En una pequeña escuela pública, en las alturas de Kabul, unas niñas con velos blancos que cubren su cabello están reunidas en un aula. Frente a ellas, Shayma, una profesora de inglés, afirma con una mirada impotente: “Antes de los talibanes, las mujeres podían enseñar a los niños. Ahora está prohibido. Solo podemos enseñar a las niñas. Eso hace difícil nuestro trabajo porque no tenemos ningún hombre para enseñar el inglés y las matemáticas a los niños”.
En el aula, la mitad de las ventanas no tienen vidrio. La puerta esta medio rota. Las niñas estudian en condiciones espartanas. Ahora tienen que someterse a unas normas que dificultan aún más el aprendizaje: “Por estas nuevas normas, muchos chicos ya no vienen a la escuela”, suspira Shayma. Arriba, otras clases están llenas de niñas sentadas en el suelo. No hay sillas ni mesas en las clases. “Están todas entre el primero y el sexto grado”, señala el director de la escuela, “desde el regreso de los talibanes al poder, las niñas ya no pueden venir a la escuela por encima del sexto grado”. Esto corresponde a la edad de la pubertad, cuando las niñas tienen 11 o 12 años. En 28 de las 34 provincias, los talibanes prohíben la asistencia a las niñas de la escuela secundaria. Para la comunidad internacional, el respeto de los derechos de las mujeres y las niñas es fundamental para levantar las sanciones a largo plazo. “Es una lástima”, deplora Shayma, mirando a un grupo de niñas que salen de la clase, “ahora tienen que quedarse en casa. Para algunas, el futuro se reduce al matrimonio precoz”.
Miedo y incertidumbre
Entre 2001 y agosto de 2021, pese a los altos niveles de corrupción, Afganistán había logrado importantes avances con respecto a los derechos de la mujer y la libertad de expresión. Estos esfuerzos pueden verse destruidos en los próximos meses. En un pequeño y modesto estudio en el oeste de Kabul, Khadija Ashrafi se sienta en un colchón en el suelo, sobre una alfombra roja, al estilo clásico de salones tradicionales afganos. Tiene una mirada seria: “Soy periodista y mujer. Por lo tanto, los talibanes amenazan con matarme”. Originaria de Ghazni, la periodista vive escondida en Kabul con sus dos hijas y su esposo: “Mi única salida es huir a Occidente, pero no tengo posibilidad de irme”.
“Después de la llegada de los talibanes, mis superiores me dijeron que no volviera a trabajar. Mi madre también era agente de policía, ya no trabaja”, dice Muzhda, agente de policía
Muchos afganos, activistas —mujeres jueces o periodistas— no lograron escapar y aún están amenazados de muerte por los talibanes. En muchos sectores, las mujeres han tenido que volver a casa. Solo el sector de la salud no se ve afectado, porque las necesidades son inmensas. Muzhda era agente de policía antes de la llegada de los talibanes: “Después de la llegada de los talibanes, mis superiores me dijeron que no volviera a trabajar. Mi madre también era agente de policía, ya no trabaja”, dice con el ceño fruncido. Su hermana era periodista: “Ahora estamos las tres en casa, sin trabajo y sin recursos”.
Pero también hay sectores que quieren dar el beneficio de la duda a los talibanes. Aproximadamente el 60% de la población tiene menos de 25 años. Afganos que solo han conocido la guerra y la ocupación y los bombardeos estadounidense. En el primer trimestre de 2019, un informe de la ONU afirmó que las fuerzas extranjeras —representadas principalmente por los estadounidenses— y el ejército afgano habían matado a más civiles que los talibanes. Muchos afganos cansados de la guerra quieren dar una oportunidad al movimiento talibán. Entre los motivos que llevaron a parte de la población a apoyar al movimiento talibán, según diversas investigaciones, destacan sus instituciones menos corruptas en comparación con las del Estado central y en particular, con respecto a las instituciones de justicia: “No me gustan los talibanes, pero tenemos que admitir que cuando queríamos tener una decisión judicial, preferíamos ir a los talibanes. No teníamos que pagar a los jueces”, dice Ashraf, originario de Kandahar.
Otra parte importante de la población no quiere que la comunidad internacional reconozca a los talibanes. Temen que el oscurantismo regrese si se reconoce el Emirato islámico. Sin embargo, la emergencia para gran parte de la población es la ayuda económica internacional. Hoy, 8,7 millones de afganos se ven afectados por la hambruna. Según el director ejecutivo del PMA, David Beasley, esta es “la peor crisis humanitaria del mundo”.
