“Los obispos galos han decidido vender parte de su patrimonio o solicitar créditos para indemnizar a las víctimas de abusos sexuales. Contrasta con la actitud de la Iglesia Española que ya anunció que, en esta materia, no iba a tener una actitud proactiva. Y es indecente que una institución que, por acción u omisión, consintió el delito, no esté dispuesta a investigarlo ni a resarcir a sus víctimas”, la polémica de Isaías Lafuente.
Hace poco más de un mes se presentó en Francia un informe elaborado por una comisión independiente promovida por la propia Iglesia que constataba que un mínimo de 330.000 personas habían sufrido abusos sexuales siendo menores por parte de religiosos o de laicos que trabajaban en instituciones religiosas a lo largo de 70 años. Entonces ya pidieron solemnemente perdón. Ahora, los obispos galos han decidido vender parte de su patrimonio o solicitar créditos para indemnizar a estas víctimas, aunque los delitos hayan prescrito.
Todo llega muy tarde, pero ha llegado en Francia. Y la actitud de su jerarquía católica contrasta con la actitud de la Iglesia Española que ya anunció que, en esta materia, no iba a tener una actitud proactiva. Y es indecente que una institución que, por acción u omisión, consintió el delito, no esté dispuesta a investigarlo ni a resarcir a sus víctimas. Quienes abusaron de menores sirviéndose del poder que les daba la edad y su autoridad religiosa, se pasaron por el forro de sus sotanas directamente el sexto y el noveno mandamiento, e indirectamente, el resto del decálogo. Y quienes en el seno de la Iglesia miraron hacia otro lado o consintieron, tienen una responsabilidad que dejó explicitada su fundador en el Evangelio cuando dijo aquello de que “todo lo que hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis”.
