En el art. 16.3 de la Constitución española de 1978 se dice que “… ninguna confesión tendrá carácter estatal…”. Este año se cumplen 40 años de la aprobación de esta Constitución, tras una transición en la que todos los poderes económicos, políticos, administrativos e incluso religiosos que vivieron amparados por la dictadura fascista de Franco pasaron a formar parte de las mismas estructuras democráticas del Estado de un día para otro y bajo la protección de una Ley de Amnistía.
Con el nuevo Gobierno de España de la Transición se quiso dar una imagen de separación de estos poderes que conformaron la estructura que mantuvo la funcionalidad de esta dictadura, se introdujo este artículo constitucional, y así se dejó constancia de una declaración de intenciones incumplida desde el primer día de la aprobación de la misma.
A fecha de hoy, para todas las personas que nos consideramos laicas respecto al hecho religioso, a la separación de las estructuras públicas del Estado en sus diferentes niveles y la Iglesia católica o cualquier confesión religiosa, nos encontramos que un año tras otro dicha separación no se cumple. Incluso no es que no se cumpla, todo lo contrario, partidos políticos como el PP nos demuestran que para ellos participar en primera línea de los actos religiosos es una manera de mostrar su proyecto de unidad de Estado.
Tampoco es algo extraordinario el que no exista esta separación, puesto que PP nos demuestra en su día a día que le cuesta separar los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), seleccionando a aquellas personas para las instituciones judiciales que mejor les pueda afinarlas sentencias, interfiriendo e interviniendo en aquellas CCAA en las que se legisla mediante leyes que no les interesan, o vetando las iniciativas políticas que se aprueban en el Congreso de los Diputados.
La imagen pública de la ministra de Defensa, el ministro de Interior, el ministro de Educación, Cultura y Deporte y el ministro de Justicia en el traslado del Cristo de la Buena Muerte, en primera fila del acto, representando a los poderes del Estado, la participación de las Fuerzas Armadas españolas (legión) en estos actos religiosos, el izado de la bandera a media asta por la muerte de Cristo, el indulto de presos seleccionados mediante las cofradías religiosas…, nos deja perplejos y preocupados por esta falta de separación. Ha sido el propio Defensor del Pueblo quien le ha dicho al Gobierno del Estado que la medida de izar la bandera a media asta en los cuarteles militares entra en conflicto con el art. 16.3 de la propia CE.
Con motivo de esta serie de acontecimientos, que se van repitiendo año tras año, he preguntado al Gobierno del Estado si estos ministros y ministras han acudido a estos actos religiosos como representantes del Gobierno o a nivel individual, qué coste ha tenido para las arcas públicas su asistencia a los mismos, quién financia y cuál es la cantidad que reciben las cofradías por alquilar durante jornadas enteras a las Fuerzas Armadas del Estado para los desfiles y procesiones en las que participan, cuál es el criterio para que una institución privada pueda contratar a la propia legión española con un fin totalmente ajeno a los intereses generales de la defensa del Estado y, sobre todo, cuándo se va a cumplir en los hechos el art 16.3 que dice que España es un Estado aconfesional.
Iñaki Bernal es senador de IU/IE en Unidos Podemos
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