Tras frenar los intentos de reglamentación en la Legislatura, el Ejecutivo porteño lo reguló con una resolución del ministro de Salud. Establece el límite de 12 semanas de embarazo y viola la confidencialidad de la paciente.
Después de múltiples intentos por frenar la reglamentación de abortos no punibles en la legislatura, la gestión PRO decidió regular esos procedimientos mediante una resolución del Ministerio de Salud –firmada el jueves por el titular de esa cartera, Jorge Lemus, y publicada ayer en el Boletín oficial–, a la que legisladores del arco opositor caracterizaron como un grave retroceso. A diferencia de lo dictaminado por la Corte Suprema de Justicia en el histórico fallo de marzo de este año, el texto establece una serie de requisitos, entre ellos, un límite de 12 semanas de gestación y la necesidad de una autorización del representante legal para las mujeres menores de 18 años. Además burocratiza esa práctica al incorporar la figura de un equipo interdisciplinario y la obligación de que los hospitales soliciten autorización al ministerio. "Es aberrante y ultraconservadora, y tiene un claro objetivo disuasivo. Busca todos los medios para que las víctimas en casos de violación no puedan efectuar el aborto", remarcó a Tiempo Argentino el legislador Jorge Lemus, presidente de la Comisión de Salud.
El martes pasado, en el plenario de esa comisión, el oficialismo porteño había obstaculizado el pase al recinto de las propuestas, bajo el argumento de que se necesitaba más tiempo, aunque la Legislatura trabaja este tema desde la gestión anterior. La oposición había consensuado un despacho que unificaba proyectos de los distintos bloques, y seguía los lineamientos del fallo de la Corte. Pero los legisladores del PRO –fuerza en la que conviven posiciones diversas y que presentó al menos cuatro propuestas– terminaron firmando un dictamen de mayoría en el que sólo se definía la vuelta a comisión. Los dos dictámenes giraron entonces a Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud, pero sólo dos días más tarde se hizo el anuncio de la reglamentación.
El Ministerio de Salud porteño y los legisladores del PRO se negaron a conversar con este diario sobre la medida. Sin embargo, funcionarios de esa cartera justificaron en off la decisión argumentando que "en la Legislatura no se llegaba a un acuerdo y el Ejecutivo le tenía que dar protección a los médicos". Asimismo, sostuvieron que la única variación con respecto al fallo fue el límite de semanas de gestación y que se debe a "un tema médico".
La presidenta de la Comisión de Mujer, la legisladora María Elena Naddeo, catalogó la medida como una maniobra del Ejecutivo, y convocó a que se debatan los despachos mañana en la comisión que encabeza. "Consideramos que una ley tiene mayor jerarquía y vamos a trabajar para que llegue al recinto", señaló Naddeo a Tiempo, y recordó otras deudas del PRO en la materia, como la falta de implementación de la Ley de Educación Sexual Integral. De prosperar, esta estrategia legislativa tendrá que sortear la mayoría que el oficialismo porteño ostenta en las dos comisiones.
Otro de los temas controversiales de la resolución es su artículo 12. Allí establecen que el servicio social del hospital informará a las víctimas sobre prestaciones, ayudas públicas y coberturas sanitarias, como también sobre la posibilidad de tramitar la adopción, lo que, para la oposición, "incentiva la labor de los equipos en esa dirección". Finalmente, los legisladores cuestionaron que el formulario para la declaración jurada interrogue sobre los detalles de la violación y que amenace a las víctimas con aplicar sanciones penales y administrativas en caso de ser falsa. "Se interviene en aspectos relacionados con competencias propias de la justicia, innecesarias para el médico que tiene que realizar la práctica del aborto no punible", refutó la legisladora de Buenos Aires para Todos, Laura García Tuñón.
