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Aborto, eutanasia, leyes a gusto de todas, inviable

¿Se imaginan un bombero declarándose objetor de conciencia porque se niega a talar ramas de árboles?

La Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, más conocida como Ley del aborto, nos dice que “Se garantiza el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en las condiciones que se determinan en esta Ley. Estas condiciones se interpretarán en el modo más favorable para la protección y eficacia de los derechos fundamentales de la mujer que solicita la intervención, en particular, su derecho al libre desarrollo de la personalidad, a la vida, a la integridad física y moral, a la intimidad, a la libertad ideológica y a la no discriminación”, al mismo tiempo que advierte que “Los profesionales sanitarios directamente implicados en la interrupción voluntaria del embarazo tendrán el derecho de ejercer la objeción de conciencia sin que el acceso y la calidad asistencial de la prestación puedan resultar menoscabadas por el ejercicio de la objeción de conciencia”. Para que nos entendamos, y haciendo un símil que nos afecta directamente, es como eso del “Todos los ciudadanos son iguales ante la ley”, pero si defraudas a Hacienda y por la gracia de Dios eres inviolable, no se te pueda juzgar.

De sobra conocido por todas las prácticas de juezas y jueces a la hora de hacer política con toga y no mediante el uso de una mayoría obtenida en las urnas, lo del “controlaremos la sala segunda por la puerta de atrás” no se refiere a la puerta del servicio del parking precisamente.

¿Cómo hacer política con bata blanca? Tan simple como hacerse objetor de conciencia y negarse a practicar abortos o eutanasias, dos prácticas, que podrán estar de acuerdo con ellas o no, pero están legitimadas por representantes políticos, contando con una mayoría en eso que llaman la casa de la democracia. Claro que si en la misma ley que anuncias a bombo y platillo para contentar a “los tuyos”, dejas flecos sueltos para que “los otros” actúen a su antojo, la ley queda en agua de borrajas dejando en total vulnerabilidad a las afectadas, aquellas mujeres que, bastante tienen con tomar la difícil decisión de abortar, o aquellas personas que, imagino después de meditar mucho más tiempo del que sospecho, decidan terminar con su vida.

Leyes timoratas que dan paso a que mujeres sin recursos no puedan optar a ese aborto deseado, sea por las causa que sean, es su cuerpo y su decisión, o a personas, que viendo que cuando recurren a centros hospitalarios en los que la totalidad de los “profesionales” son objetores de conciencia, su último recurso es el suicidio.

¿Garantizan estas leyes un mínimo de personal no objetor en cada centro? No, la ley en el caso del aborto dice que, “Si excepcionalmente el servicio público de salud no pudiera facilitar en tiempo la prestación, las autoridades sanitarias reconocerán a la mujer embarazada el derecho a acudir a cualquier centro acreditado en el territorio nacional, con el compromiso escrito de asumir directamente el abono de la prestación”. Esto no quiere decir que si te encuentras con la “casualidad” de que en el centro todos los profesionales sean objetores te facilitan un “cheque regalo” para acudir a donde quieras, en todo caso es más bien que te busques la vida y luego reclames, cosa que para una mujer sin recursos económicos podríamos decir que casi le obliga al final a desistir del aborto, o lo que es peor, a realizar alguna práctica poco recomendada, sanitariamente hablando.

Una persona que cobra un sueldo público se debe a su cargo/empleo público, y sus creencias religiosas, que tiene que respetarse en todo momento, pero en su vida privada, no puede coartar de ningún modo los derechos de los demás, y que se pueda hacer no es culpa de las primeras, lo que para mí moralmente, no es aceptable, una parte de esas leyes, insisto en lo de timoratas, les da el beneplácito de hacerlo. ¿Quiénes son los culpables de esta situación?, los que redactan leyes dando misa y repicando.

Mientras se saquen leyes, a mi entender y viendo lo que sucede después, electoralistas, que contentan a una parte de la población, “los suyos”, pero dejan en total vulnerabilidad a las que necesitan realmente de esas leyes, que alguien me explique realmente, y con argumentos, de que sirven realmente estas leyes en cuanto a afectadas se refiere. Si por una parte, y continuamente se predica con el “cuidado que viene el lobo”, mientras esa misma parte ejecuta lo mismo que el lobo, pero maquillado, el progreso realmente no existe, y luego, vienen las sorpresas.

Urge la necesidad de blindar esos derechos, nadie obliga a ningún profesional a practicar abortos, ya que nadie obliga a ninguna persona a dedicarse al prestigioso oficio de la sanidad, oficio que, sin esa “clausula” de permitir la objeción de conciencia, tendría que acometer todos los derechos que tienen las personas acogiéndose a leyes a decidir por sí mismas y tras tomar muy difíciles decisiones, si quieren interrumpir embarazos, o sus propias vidas.

¿Conocemos si nuestras médicas son objetoras? Ahí tenemos el primer problema.

¿Se sabe la cantidad de objetoras que existen en cada centro? ¿Se cumplen unos ratios?

La ley establece que, “El rechazo o la negativa a realizar la intervención de interrupción del embarazo por razones de conciencia es una decisión siempre individual del personal sanitario directamente implicado en la realización de la interrupción voluntaria del embarazo, que debe manifestarse anticipadamente y por escrito”. Esa decisión “individual”, establece que individualmente se presenten los escritos, pero no imposibilita que individualmente, todas las profesionales de un mismo centro lo presenten, lo que viene a dar una práctica legal encubierta de una objeción colectiva.

Leyes mojigatas, redactadas por legisladores pusilánimes, hipocresía electoralista, llámenlo como quieran, pero a fin de cuentas, no deja de ser humo, migajas, que flaco favor hacen a quienes necesitan de leyes contundentes, progresistas, blindadas, que les protejan realmente.

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