Hay pocas cosas en el mundo verdaderamente tan terribles como la Mutilación Genital Femenina (MGF). Es una de las formas más extremas de violencia contra las mujeres ya que supone su anulación como personas, viola sus derechos a la integridad física, a la salud, al disfrute pleno de su sexualidad e incluso su derecho a la vida.
En el mundo hay al rededor de 140.000.000 de mujeres mutiladas en casi una treintena de países donde la práctica es habitual. A ellos se suman los países de acogida de inmigrantes donde muchas familias originarias del África Subsahariana, Sudán, Somalia, Yibuti; algunos países asiáticos (Indonesia, Malasia) y del Oriente Proximo (Yemen, Emiratos Árabes Unidos, Egipto) se han establecido. Europa soporta más de 500.000 mujeres afectadas por la MGF y cada año entorno a 180.000 mujeres emigradas a la UE son sometidas a la ablación o corren el riesgo de serlo.
Un reciente estudio realizado por un equipo de investigación del Departamento de Antropología Social y Cultural de la Universitat Autonoma de Barcelona junto a la ONG Wassu Gambia Kafo, alerta del alto riesgo de ser mutiladas que corren alrededor de 17.000 chicas menores de 14 años en España. Tan solo en la Comunidad de Madrid hay 2.000 casos potenciales a los que no parece que se les esté prestando demasiada atención desde los organismos públicos, y en Cataluña la cifra llega a las más de 6.000 menores, lo que supone un verdadero drama.
La legislación europea prohíbe explícitamente cualquiera de las formas de realización de la MGF, desde el corte del prepucio del clítoris hasta la más aberrante, la Infibulación, también conocida como la circuncisión sudanesa, que supone la extirpación del clítoris, los labios menores o mayores y su recolocación consiendolos para así crear un sello en la apertura vaginal que tan sólo deje un pequeño orificio para orinar y menstruar, que cuando llega la noche de bodas, en la que el novio intenta abrir el orificio a la fuerza y no es posible, según palabras de la súper modelo Waris Dirie que padeció ese tipo de mutilación, se rompe con un cuchillo.
Lo curioso es que solemos relacionar a la ablación con el Islam, pero, a pesar de que se practica en países donde hay mayoría musulmana, la MGF no tiene cabida ni en el Corán ni en la Sharia ni en la Sunna, no es un precepto islámico como señala la profesora de la UNED de origen iraní Nazanin Amirian, quien afirma que esta tradición (que ahonda sus raíces en la práctica de la infibulación de las sacerdotisas del Antiguo Egipto, hace 5.000 años) es realizada indistintamente por cristianos, judíos, musulmanes o animistas, "y, de hecho, numerosos países musulmanes ni tan siquiera la practican, como Arabia Saudí, Irak, Kuwait, Afganistán, Argelia o Irán". Por otra parte, se ha detectado su práctica en comunidades originarias de las Américas y se ha extendido a países de Oceanía como Australia o Nueva Zelanda, gracias a los movimientos migratorios.
Son muchos los países que se han sumado a la prohibición de esta práctica mediante la promulgación de leyes. Sin embargo, las mismas no se cumplen y las mutilaciones se siguen practicando sin que nadie haga nada para impedirlo. El caso reciente de una sentencia absolutoria en España a los padres de dos menores a las que se les practicó la ablación resulta verdaderamente indignante e inexplicable cuando el párrafo 28 de la resolución 2008/2071, de 24 de marzo de 2009, para la lucha contra la MGF de la UE, es clarísimo. En él se pide a los Estados miembros que consideren delito cualquier ayuda, incitación, consejo o apoyo a terceras personas para que se realice la ablación a una mujer, aunque esta haya consentido. La resolución de la Audiencia tira por los suelos incluso el "deber de cuidado" que debieron tener los padres y carga las culpas únicamente sobre la abuela de las niñas que fue quien realizó la mutilación.
Esa práctica aberrante afecta a decenas de mujeres, sobre todo a niñas y adolescentes africanas y españolas de origen africano que viven en España; y la pregunta obligada es ¿cuales son las políticas que van a desarrollar tanto el Gobierno de la Nación como las CCAA frente a esta problemática que afecta a tantas mujeres a las que se les conculcan sus derechos? ¿Qué piensa hacer el Gobierno de España para atajar estas prácticas?
La respuesta no deja lugar a dudas: esas mujeres quedarán marcadas de por vida sin que los responsables políticos actúen y sin que la justicia pueda hacer su trabajo, pues de momento el Gobierno de Mariano Rajoy ha dejado de perseguir los delitos asociados a la MGF con la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobada el pasado febrero, en la que se cercena la Justicia Universal, cargándose el principio de "extraterritorialidad" que servía de base para perseguir a los responsables de esas prácticas, ya que las mismas se realizan, normalmente, en los países de origen de los padres. El texto anteriormente vigente aprobado por José Luis Rodríguez Zapatero, se refería a la ablación como un "delito perseguible", que hoy deja de serlo gracias a las cortas miras del Gobierno del PP.
La ayuda a estas jóvenes no debe venir únicamente de las organizaciones no gubernamentales. Hace tiempo que se vienen denunciando los casos de MGF y desarrollando programas de sensibilización y educación para la erradicación de esa práctica tan lesiva para la vida de las mujeres. Los recortes brutales que están soportando muchas organizaciones impiden que se siga trabajando de una forma más efectiva en ello. Por lo tanto, se hace necesaria la inclusión de partidas en los presupuestos que vayan dirigidas específicamente a la lucha contra la ablación genital femenina y que se vuelva a la persecución de esos delitos porque no podemos dejar a nuestras hermanas, hijas y amigas desprotegidas, no podemos permitir que se les retire ni uno sólo de sus derechos.
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