Y es a propósito de éste debate en nuestro vecino país cuando han comenzado a reavivarse tímidamente algunos argumentos sobre el carácter laico/aconfesional de nuestra Constitución y las prácticas que en él han venido dándose en los últimos veinticinco años. Aunque no pueda extrapolarse lo de Francia si puede servirnos para reflexionar de forma colectiva sobre la sociedad multicultural que ya tenemos. Ha sido un tímido debate que más ha servido para contemplar la experiencia Francesa que para profundizar en este tema en el que en nuestro entorno tiene algunas connotaciones que, al menos, merecen ser tomadas en cuenta.
En la práctica hemos vivido estos años bajo el paraguas de una larga tradición histórica ligada al catolicismo, la ‘comunión’ entre la religión y el poder político, como si de una costumbre asumida por todos sin discusión se impusiera, al margen de los preceptos Constitucionales de libertad de religión y de la aconfesionalidad del Estado.
Desde los primeros ayuntamientos democráticos las Corporaciones surgidas de las urnas y los responsables de Autonomías y del Gobierno Central han ido compartiendo en su pueblo, ciudad o comunidad los ritos religiosos: procesiones; actos religiosos diversos; actos Institucionales que tienen como una de las actividades centrales la celebración de la Santa Misa; la utilización del himno constitucional durante el momento de la consagración; etc. En estos actos se justifica la presencia en lugar protocolariamente preferente de los responsables políticos por ser éstos ‘representantes de todos’, se utiliza ese concepto tan manoseado de ‘representantes de la ciudad’, se utilizan los símbolos políticos bajo el manto de la tradición -en algunos casos heredados de la tradición franquista-, amen de muchos protocolos aprobados en plenos municipales en la democracia que institucionalizan esta costumbre.
Y surgen en esta nuestra España Constitucional muchas preguntas a raíz de ésta práctica política. ¿Por qué se unen actos institucionales con religiosos en un país aconfesional? ¿Por qué asisten los responsables políticos de todos los partidos a actos religiosos en calidad de representantes del pueblo? ¿Por qué no asisten a todos los actos de todas las confesiones religiosas? ¿Pretenden los responsables políticos sacar rentabilidad electoral de su asistencia a estos actos? ¿Por qué la Iglesia Católica participa abiertamente de esta complicidad con el poder institucional? ¿Este comportamiento está acorde con la sociedad multicultural que se está configurando? ¿No sería más oportuno que los responsables políticos que profesaran una religión participaran a título individual y personal en estos actos alejados del protocolo, como un ciudadano más, y dejar para las autoridades religiosas el protagonismo de los actos?
El pueblo francés que debate ahora sobre el laicismo en la escuela, ya hace tiempo que tiene muy mal visto y genera bastante descrédito entre ellos el hecho de que un responsable político participe como tal en un acto religioso (procesión, misa, ofrenda, oración…). Está muy mal visto por considerarse poco ético el querer aprovecharse de las creencias religiosas para hacer política. Política y Religión están separadas por la libertad y por la consideración de pertenecer aquella al ámbito de las creencias personales -y, por tanto, al ámbito privado- y ésta -la política- por tener que ver con los asuntos públicos. Así, de paso, se evita la tentación de que unas creencias quieran imponer a las otras sus símbolos por encima de la libertad de cada uno. Hace falta, en mi opinión, un debate público valiente, sin hipocresías. Hay cuatro tipos de comportamientos que emplean las personas con responsabilidades políticas que sin mala fe participan en estos actos: En primer lugar los que participan porque llevan a la práctica sus creencias, pero lo hacen dejándose llevar por el reconocimiento social que implica tener un sitio preferente en el protocolo. En segundo lugar los que siendo de los primeros hacen, además, un esfuerzo por sacar rentabilidad electoral de esa participación, deslegitimando incluso a los que participan sin convicción en el acto. En tercer lugar los que viviendo con una contradicción unamuniana participan sin creer en lo que están haciendo, pero lo hacen bajo la creencia de ‘la representación de la mayoría’ y si no lo hacen pueden ser castigados por esa mayoría. Hay, por último, una minoría de responsables políticos que, afortunadamente, sí lo han entendido y abdican de participar en estos actos, no sin asumir un importante coste interno -de crítica en su propia organización- y externo. El día en que un responsable político de la derecha española tenga ese comportamiento -a lo Adolfo Suárez- separando su misión representativa de sus convicciones religiosas habremos sobrepasado un nuevo umbral en la cultura política de nuestro país.
Todos encontrarán una legión de críticos que actúan también contra todo el que se mueva de la doctrina oficial y tradicional: «Los políticos tienen que estar con la mayoría del pueblo…», o «… tienen que compartir los sentimientos de su pueblo…» Es verdad que actos religiosos y procesionales son ya parte de la cultura de nuestro pueblo y son grandes manifestaciones que -además de ser una expresión de fervor colectivo- pertenecen al patrimonio cultural y, por tanto, generan turismo, riqueza y empleo. Pero que el apoyo a esta iniciativa social no sirva como excusa para mezclar política y religión, separemos nítidamente los papeles institucionales ligados a la labor de representatividad. Imaginémonos que en unos años este mundo multicultural al que vamos abocados de forma imparable, a los católicos que ahora son mayoría, por los efectos de la natalidad y de los movimientos migratorios se quedan en minoría y se les imponga una serie de actos a los que han de responder los responsables políticos ¿Qué le exigirían entonces? Profundicemos y avancemos colectivamente en estas reflexiones para mejorar la cultura cívica de las generaciones futuras.
