Tiene 21 años y aguarda en una cárcel saudí un destino atroz: morir decapitado y ser exhibido en público asido a una cruz. Ali al Nimr, sobrino de un conocido clérigo chií de Arabia Saudí, fue arrestado hace tres años cuando aún era menorde edad. Torturado y condenado a muerte, acaba de perder la última apelación contra una pena capital cuya aplicación tratan de detener a contrarreloj activistas de todo el mundo.
El padre del joven que podría ser decapitado en los próximos días en Arabia Saudí ha pedido clemencia al rey. Francia también se ha sumado a la llamada a suspender la ejecución.
Ali -oriundo de la provincia saudí de Al Qatif, donde se concentra la población chiídel reino- fue detenido el 14 de febrero de 2012 por su participación en las protestas contra la monarquía que florecieron al calor de la marchita primavera árabe. Entonces una retahíla de cargos cayó sobre él. Las autoridades le culparon de enseñar primeros auxilios a los manifestantes, usar su BlackBerry para difundir la convocatoria y estar en posesión de armas de fuego, una acusación que siempre ha negado.
La única prueba aportada por las fuerzas de seguridad es una confesión arrancada a base de torturas. Confinado en una centro de detención juvenil hasta que cumplió los 18 años, recibió la pena capital en mayo de 2014. Ali es sobrino del jeque Nimr Baqir al Nimra, un conocido reformista chií que también fue condenado a muerte el año pasado por, entre otros cargos, terrorismo y «hacer la guerra a Dios». Hace unos días la familia del joven fue informada de que el recurso presentado contra la sentencia -el último obstáculo a su ejecución- ha sido desestimado.
Su salvaje muerte –primero decapitado y luego crucificado en público– podría ser cuestión de días, advierten activistas de derechos humanos que denuncian un proceso plagado de irregularidades. Además de las vejaciones padecidas entre rejas, Ali fue detenido sin orden judicial y durante los dos años que pasó en prisión preventiva le fue negado el acceso a su abogado. Solo tuvo conocimiento de los cargos que le enviaban al cadalso cuando el juicio se había iniciado.
«Ali era un niño vulnerable cuando fue arrestado y comenzó este calvario. Su ejecución, basada en la aversión de las autoridades hacia su tío y su participación en las protestas contra el Gobierno, vulnera la ley internacional y las normas más elementales de decencia. Debe ser paralizada», señala Maya Foa, directora del equipo de pena capital de la ONG británica Reprieve. Desde que se hiciera público su inminente muerte, activistas de derechos humanos han iniciado una campaña dirigida a gobiernos occidentales y al rey saudí Salman implorando un incierto indulto.
Riad, estrecho aliado de Estados Unidos en Oriente Próximo, es una de las potencias mundiales en despachar penas capitales junto a China, Irán, Irak y EEUU. En lo que va de año las decapitaciones públicas dictadas por sus tribunales han segado 130 vidas, una cifra récord que coincide con la conmoción internacional que han suscitado las ejecuciones firmadas por las huestes del autodenominado Estado Islámico. El mes pasado Amnistía Internacional denunció las graves anomalías del sistema judicial saudí y pidió a las autoridades que apliquen una moratoria.
En un informe titulado «Asesinar en nombre de la justicia», la organización advirtió de que el defectuoso sistema saudí «facilita las ejecuciones a una escala masiva». «En muchos casos, a los acusados se les negó el acceso a un abogado y, en algunos, fueron condenados a partir de ‘confesiones’ obtenidas mediante tortura y otras vejaciones». Entre los enviados al patíbulo, figuran además menores de edad y discapacitados. Al menos 175 personas fueron condenadas a muerte entre agosto de 2014 y junio 2015, lo que supone una persona cada dos días.
La monarquía absoluta, socio clave de Occidente y líder regional en la coalición internacional contra el IS (Estado Islámico, por sus siglas en inglés), lleva décadas patrocinando y exportando la interpretación más fundamentalista del islam. Sus universidades y escuelas adoctrinan en el wahabismo y las mujeres, privadas de todo, son eternas menores de edad. Las saudíes no pueden trabajar, conducir, practicar deporte, estudiar, someterse a una intervención quirúrgica, casarse, matricular a sus hijos en un colegio o abrir una cuenta bancaria sin el permiso de un tutor varón.
El hostigamiento a la comunidad chií es parte del placaje que el reino ejerce sobre cualquier libertad, redoblado por la guerra que Riad libra en Yemen. La minoría chií representa entre el 10 y el 25 por ciento de la población y padece décadas de discriminación. Desde que estallaran las revueltas árabes en 2011, el colectivo -concentrado en la zona oriental del país rica en petróleo, en las provincias de Al Ahsá y Al Qatif- ha protagonizado protestas exigiendo visibilidad y derechos, reprimidas con dureza por el Gobierno saudí. La inminente ejecución de Ali coincide con el polémico nombramiento del embajador saudí ante la ONU como presidente de un panel de expertos el Consejo de Derechos Humanos del organismo internacional.
