La Junta de Andalucía respalda a los docentes que les niegan el graduado
La oposición a Educación para la Ciudadanía la ejercieron los padres, pero las consecuencias las van a pagar las hijas. Dos alumnas de un instituto público de Las Cabezas de San Juan (Sevilla) se han quedado sin el título de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) por no cursar dos asignaturas: Educación para la Ciudadanía (3º de ESO) y Educación ético-cívica (4º de ESO). Consideraron que la materia les adoctrinaba sobre cuestiones morales contrarias a las de su familia, algo que el Tribunal Supremo considera que no es cierto.
Al tener pendientes estas dos materias, la obtención del graduado en ESO dependía del criterio del equipo docente. Los profesores entienden que las dos menores no cumplen con las competencias básicas y los objetivos generales de la etapa que les harían merecedoras del título, por lo que no se lo conceden. Se trata, por ejemplo, de conocimientos sobre la Constitución o el sistema de partidos políticos, que forman parte de estas asignaturas.
La Delegación de la Consejería de Educación en Sevilla, tras varios meses, ha decidido respaldar a los profesores. El delegado en Sevilla, Jaime Mougán, tiene previsto firmar en breve -previsiblemente hoy- la resolución que da la razón al centro.
Las alumnas están estudiando 1º de Bachillerato con una "matrícula condicionada", según detalló ayer Mougán. Pero ahora deberán volver a matricularse de 4º de Secundaria para adquirir todas las competencias necesarias para superar la etapa, señaló el delegado de Educación. La decisión tomada por la consejería andaluza -que puede ser recurrida por los afectados por la vía judicial- no ha sido sencilla. Incluso dentro de la Inspección Educativa, que ha elaborado varios informes sobre este asunto, hay disenso.
El equipo docente decidió no conceder el título de ESO a las dos alumnas -que en el resto de materias tienen un buen expediente- en septiembre del año pasado. Los padres acudieron a la Comisión Técnica Provincial de Reclamaciones, el órgano que media cuando hay discrepancias en las calificaciones de los alumnos. Esta comisión recomendó al centro educativo, en octubre, que reconsiderara su decisión por el perjuicio que se podría causar a las dos estudiantes.
Sin embargo, el equipo docente del instituto la ratificó el 26 de enero pasado y denegaron el título de ESO a las dos alumnas. Finalmente, el delegado de Educación, Jaime Mougán, ha tenido que resolver el asunto y se ha decantado por apoyar la decisión tomada por los profesores. Las estudiantes tendrán que matricularse otra vez de 4º de Secundaria.
"No se puede dar carta de naturaleza a la abstención a una asignatura, porque se puede abrir una espita para que alguien decida no cursar otras asignaturas", señaló Mougán, quien reconoció que es el primer caso de este tipo que se detecta en la provincia. Un argumento similar fue el que utilizó recientemente ante el Tribunal Constitucional la Abogacía del Estado para rechazar la objeción: "Hoy la objeción recae sobre Educación para la Ciudadanía. Mañana podría objetarse la asignatura Ciencias de la Naturaleza, porque se explica en ella la teoría de la evolución, incompatible con la letra del relato bíblico de la Creación".
El Tribunal Supremo estableció en enero de 2009 que no existe el derecho a la objeción de conciencia a Ciudadanía. El Supremo resolvió así una polémica que duró años y que encontró respuestas distintas en función del tribunal regional que analizara el problema. Los que rechazaban, apoyados por la Iglesia católica, esta materia consideraban que tenía un carácter adoctrinador y que defendía una supuesta "ideología de género" y el "relativismo". Los defensores rechazan esas ideas y recuerdan que asignaturas similares se imparten en gran parte de Europa. Finalmente, el Supremo resolvió que Educación para la Ciudadanía "no implica fines de adoctrinamiento ni transgresión" de la Constitución. Sin embargo, la lucha de algunos contra la asignatura continuó, aunque ahora contra los manuales con los que se imparte la materia.
La Federación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos (Fecapa), una de las instigadoras en Andalucía del rechazo a Educación para la Ciudadanía, ha criticado la decisión tomada por el instituto sevillano, al que ha acusado de practicar acoso docente. Según Fecapa, la decisión del instituto es "arbitraria, y contraria a derecho" y el resultado es que "se está persiguiendo a dos alumnas".
Las fechas de la batalla
– La ley. Abril de 2006. Se aprueba la Ley Orgánica de Educación, que incluye la asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos (EpC) en 5º o 6º de primaria y 2º o 3º de ESO. También se introducen contenidos de Educación para la Ciudadanía en asignaturas que ya existían: Ética de 4º de ESO y Filosofía de 1º de Bachillerato.
– La objeción. Junio-julio de 2006. El obispo Antonio Cañizares asegura que Educación para la Ciudadanía "es un ataque más a la familia". El Foro Español de la Familia llama a los padres a la objeción de conciencia.
– La primera sentencia. Marzo de 2008. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) reconoce, por primera vez, el derecho de unos padres de Bollullos Par del Condado (Huelva) a que su hijo no curse la asignatura. Es la primera sentencia favorable a la objeción, luego vendrían otras en ambos sentidos.
– El no del Supremo. Enero-febrero de 2009. El Supremo dice que no se puede objetar. El Ministerio de Educación asegura que la polémica queda zanjada. La sentencia anima a vigilar que ningún manual se salte la neutralidad ideológica.
– Los libros de texto. Julio de 2009. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía admite a trámite el recurso de una familia contra un libro de Educación para la Ciudadanía. En octubre de 2010 se decidió que el libro era adoctrinador, pero en lugar de prohibirlo, volvió a avalar la objeción del alumno.
– El Constitucional. Diciembre de 2010. El primer recurso de amparo sobre la objeción está pendiente de decisión en el Tribunal Constitucional. El abogado del Estado argumenta que la educación no es monopolio de los padres.
– Enero de 2011. Un juzgado de Madrid anula el suspenso a una niña que no asistió a clase de Ciudadanía, pero hizo el examen y lo aprobó.
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