Las universidades públicas pagan por el terreno que la privada obtiene gratis – El último favor a la institución de la Iglesia es la cesión de suelo para un hospital
En siete años, la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir ha crecido un 430% en alumnado, se ha convertido en el primer centro privado valenciano (dejando por el camino a la universidad CEU-Cardenal Herrera) y, probablemente, superará en poco tiempo en estudiantes a dos universidades públicas: la Jaume I de Castellón y la Miguel Hernández de Elche. Nada de esto hubiera sido posible sin el apoyo decidido que ha recibido este centro académico de la Iglesia por parte del Partido Popular ya sea desde el Gobierno de la Generalitat, la Diputación de Valencia o de distintos Ayuntamientos. Y todo, a costa de recursos públicos.
El último favor prestado a la Católica tuvo lugar esta misma semana. El viernes, el Ayuntamiento de Valencia aprobó, con los votos del PP, el cambio de uso de un solar educativo del barrio de Campanar a petición de Inversiones Sociosanitarias (Inverso), sociedad participada por la Fundación Universidad Católica de Valencia, que quiere levantar en estos terrenos un hospital y una facultad privada. El primer teniente de Alcalde, Alfonso Grau, defendió que esta operación contaba con el visto bueno de la Consejería de Educación. Es el primer paso de un trámite administrativo, que acabará con una concesión demanial (uso y disfrute exclusivo de un bien público) sobre este suelo municipal a la universidad católica por espacio de 75 años.
A pesar de que Educación admite una demanda de 7.000 plazas escolares en la zona y pese al grave déficit de colegios públicos en el casco urbano de Valencia, la consejería opina que hay suelo suficiente para atender estas necesidades. Años antes, el mismo equipo de Gobierno ya cedió en el mismo barrio el uso de la Alquería de Ricós, de titularidad municipal, a la universidad privada para ubicar un centro infantil de integración y atención temprana de 0 a 3 años.
La diferencia de trato resulta sangrante no ya con otras universidades privadas (léase la Cardenal Herrera-CEU) sino, sobre todo, con las públicas, que paradójicamente forman parte de la administración autonómica. Las universidades públicas tienen que pagar por el suelo municipal en el que construyen sus centros y facultades. El campus de Tarongers, la última gran ampliación de la Universitat de València, cuyo desarrollo se inició con gobiernos socialistas y continuó después con el PP en el poder, le costó 7.000 millones de pesetas (42 millones de euros) en los años 90.
El suelo del campus de Tarongers ya estaba reservado para instalaciones universitarias (al contrario que en la reciente operación del Ayuntamiento de Valencia), pero tenía dueños. La Universitat de València tuvo que elegir entre intentar adquirir el suelo de cada propietario o expropiar y se inclinó por lo segundo. Pagó las expropiaciones y tuvo que costear también la urbanización de la zona.
Es cierto que el dinero de la Universitat de València proviene, en gran medida, de la Generalitat. Por eso es una universidad pública. Pero comprar terrenos donde después construir facultades e institutos siempre ha condicionado su capacidad de maniobra. La Miguel Hernández de Elche, la universidad creada por el expresidente Eduardo Zaplana, en cambio, obtuvo los terrenos gratuitamente.
"Me parece muy bien que la Generalitat haya decidido que tiene seis universidades públicas en vez de cinco", comenta un exdirigente universitario incluyendo a la Católica en la cuenta, "pero entonces que lo digan". El trato de favor al centro privado, añade, exigiría alguna respuesta por parte de los actuales responsables de las universidades públicas. Pero eso resulta complicado si alguno de ellos tiene la perspectiva de pasar a formar parte del Consell.
Como en el caso del futuro hospital de Campanar, en la obtención del edificio San Carlos Borromeo de Valencia, sede de la Facultad de Medicina de la universidad de la Iglesia, también tuvo un importante papel el PP. Lo que no consiguió la Iglesia en la agonía del régimen franquista, lo logró gracias a los votos populares en la Diputación de Valencia hace algo más de una década.
Este edificio, un antiguo convento y una iglesia, formaba parte del complejo del histórico hospital General de Valencia -situado junto a la avenida Guillem de Castro-, hasta el punto de que el convento funcionaba como una estancia más del centro sanitario. El hospital fue trasladado a las actuales dependencias de la avenida de Cid y la Iglesia inscribió a su nombre varios edificios del entorno bajo la fórmula administrativa de "posesión inmaterial". Sin embargo, varios de ellos ya se habían registrado (en la década de 1940) a nombre de la Diputación, propietaria del hospital. En 1974, el arzobispado trató de deslindar las propiedades públicas y eclesiales, y no recibió respuesta. Tampoco en un segundo intento en 1986 con una Diputación gobernada por los socialistas. Finalmente, a finales del siglo pasado, la Diputación accedió a la cesión del edificio de San Carlos y terrenos circundantes para ampliar el inmueble a cambio de la renuncia del arzobispado de solares recayentes en la calle Quevedo. Además del acuerdo, la Generalitat sufragó con 900.000 euros la reforma del edificio que actualmente alberga la facultad de Medicina de la Católica.
Una de las grandes bazas de la Universidad San Vicente Ferrer es precisamente la carrera de Medicina. La Católica tiene mucho que agradecer al PP no solo sus esfuerzos en la cesión del edificio y las obras de rehabilitación. También en la autorización de la Facultad de Medicina gracias a una polémica decisión del Consell en 2007. El permiso que no obtuvo el CEU lo logró la Católica en un procedimiento que vulneró decretos y leyes autonómicas. Hasta tal punto, que en la inauguración de los estudios, en septiembre de 2008, la facultad no tenía permiso del Estado para conceder titulaciones oficiales.
Otras sedes de la Católica también han acabado en manos de la universidad privada de la Iglesia de forma poco ortodoxa. Es el caso de los campus de San Juan Bautista (Administración y Dirección de Empresas, Derecho, Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Gestión Económico Financiera y Antropología) y Marqués de Campo (Fisioterapia y Podología).
Estas dos sedes ocupan edificios construidos por acaudalados burgueses de la segunda mitad del siglo XIX. José Campo, marqués de Campo, y Juan Bautista Romero, marqués de San Juan, levantaron cada uno de ellos un asilo destinado a acoger y educar a niños sin recursos. Así lo registraron en los estatutos de las entidades encargadas de gestionaron los inmuebles para que su voluntad permaneciera inalterable a lo largo del paso de los años. Sin embargo, ninguno de los dos cumple ya con esta función. En un caso (San Juan Bautista) los herederos decidieron alquilar las instalaciones a la Católica, una decisión que ha sido llevada a los tribunales por una rama familiar. En otro, (Marqués de Campo) aprovechando la pérdida de las escrituras de la titularidad del edificio en la Guerra Civil, la Fundación Marqués de Campo, presidida por el arzobispado, se hizo con el dominio del inmueble en 2005. Así, en ambos centros, la Universidad Católica ha acabado por ocupar los edificios y vulnerar los deseos de sus impulsores.
La universidad de la Iglesia no solo cuenta con campus en Valencia. Distintos acuerdos con Gobiernos municipales del PP han permitido al centro privado extenderse a numerosos municipios a costa de recursos públicos. Es el caso de Carcaixent, donde el Ayuntamiento cedió un solar por un plazo de 35 años o de Xàtiva, donde el Consistorio ha aportado un antiguo centro de educación secundaria, el IES Simarro, para que la Católica imparta los grados de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, Educación Infantil y Educación Primaria. También Torrent ha ofrecido para los próximos 35 años un solar para el campus de L'Horta Sud donde se impartirá el Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. O Alzira, donde la universidad ha levantado un moderno edificio sobre terrenos municipales cedidos por un periodo de 50 años. A ellos se suma Paterna. En noviembre del año pasado, este municipio acordó prestar gratuitamente durante 30 años una parcela en las inmediaciones del Parque Científico de la Universitat de València.
