Si a comienzos de 2008 eran ya 55 los ayuntamientos y concejos que intentaban protegerse de la sagacidad arzobispal, a fecha de hoy son 122 los que han adoptado medidas para proteger los bienes comunales
El 27 de diciembre del 2010, tuvo lugar en Iruñea una muy pintoresca y nada frecuente comparecencia. Olentzero y los tres Reyes Magos se habían reunido en asamblea y habían llegado a un acuerdo: visitarían al arzobispo para hacerle entrega de un merecido saco de carbón. Con la proverbial puntualidad que los caracteriza, acudieron a esta inusual cita del 1 de enero. Cuando todas las mesas de Año Nuevo se iban adentrando en los turrones, los Cuatro Magníficos depositaron su temido zakuto en las puertas del Arzobispado. Digamos, en honor a la verdad, que no estaban solos; les acompañaban -pancarta en ristre- unas trescientas personas de la Plataforma en Defensa del Patrimonio Navarro. El hecho -por ocurrente y curioso- mereció un amplio eco en los medios de comunicación; aunque ninguno de ellos pudo recoger las impresiones del reprendido monseñor.
La referida plataforma se ha demostrado corta en años y larga en empeños. Quiso la casualidad que a comienzos del 2007 se descubriera una bien ocultada «desamortización»; en este caso, era el Arzobispado de Iruñea quien estaba acaparando a destajo bienes que no eran de su propiedad. Amparada en el art. 206 de una vieja Ley Hipotecaria aprobada en 1946, la Curia navarra estaba inmatriculando mediante el pago de cánones irrisorios propiedades que nunca habían sido suyas. Si mal no recuerdo, fue en abril de aquel 2007 cuando saltó la noticia a los medios de comunicación. La alarma se extendió por tierras navarras como chispa por rastrojo. Fueron muchos los ciudadanos e instituciones que, visto lo visto, pusieron sus barbas a buen recaudo pues no estaban por la labor de ponerlas a remojar. Rápidamente se conformó la Plataforma en Defensa del Patrimonio Navarro. No había concluido aquel año cuando se constituyó asambleariamente una Comisión Municipalista al efecto; si a comienzos de 2008 eran ya 55 los ayuntamientos y concejos que intentaban protegerse de la sagacidad arzobispal, a fecha de hoy son 122 los que han adoptado medidas para proteger los bienes comunales.
Han transcurrido cuatro años y la defensa del patrimonio ha provocado una polvareda. Pasaré por alto tertulias informales en las que, hasta los interlocutores más reaccionarios, expresaban su desacuerdo con los eclesiásticos. Los partidos parlamentarios -a requerimiento de la plataforma- han tenido algunos posicionamientos todavía escasos. La prensa, en numerosas ocasiones, se ha hecho eco del asunto; hasta plumas gruesas de la carcundia, como Ollarra, se han lanzado al ruedo. Se celebraron públicos debates en la Udako Eskola Unibertsitatea y en otros centros sociales. La incansable plataforma ha dado charlas, publicado libros, abierto páginas web… una actividad permanente y tenaz que se corresponde con la gravedad del caso.
Los tres Reyes Magos y Olentzero no andaban descaminados. Deben de conocer muy bien las broncas que ha generado el asunto a lo largo del 2010: Arroniz, Otxagabia, Nazar, Lumbier, Ayegi, Garisoain, Azkona, Cascante… Méritos más que sobrados para que el arzobispo Francisco recibiera el zakuto de carbón mientras digería el gorrinillo asado de Año Nuevo.
