Análisis de la Memoria Justificativa de Actividades de 2012 presentada por la Conferencia Episcopal Española

La mayor parte de los datos aportados en la Memoria de 2012 nos resultan indiferentes (actividad litúrgica, pastoral?), pues sólo tienen significado en la órbita específica, y por tanto particular, de la actividad eclesial

Un año más la Conferencia Episcopal Española (CEE, en adelante) ha dado a la publicidad (pues de publicidad se trata, exclusivamente) su última Memoria Justificativa de Actividades correspondiente al ejercicio 2012. Y lo ha hecho, no sólo a través de los múltiples medios de comunicación y propaganda de que es propietaria (televisiones, radios, periódicos en papel o digitales), sino también contando con la inestimable colaboración de los medios de comunicación de las cadenas estatales y autonómicas públicas (radio y televisión), así como de la mayoría de los medios generalistas  privados.

            Y a la vista de los datos ofrecidos en la Memoria de 2012, debo repetir, como lo hago cada año, el párrafo con que comencé el informe que realicé, allá por agosto de 2010, a propósito de la Memoria correspondiente al ejercicio 2008:

            “Siendo Gonzalo Puente Ojea embajador de España ante la Santa Sede, solicitó al Gabinete de Presidencia del Gobierno socialista, en 1986, información sobre las partidas presupuestarias a favor de la Iglesia católica (Ic, en adelante). Dicho Gabinete, junto con la citada información detallada por Ministerios, adjuntó un párrafo que no tenía desperdicio: “Además de la financiación directa con cargo a los Presupuestos del Estado, la Ic obtiene una importante financiación indirecta mediante las exenciones de impuestos o gravámenes que debería abonar conforme a la Legislación Fiscal en vigor. No se ha todavía calculado la cifra a la que asciende este beneficio fiscal, si bien se procurará obtener una estimación aproximada de la misma.”

            Han transcurrido 28 años y todavía sigue pendiente que el Gobierno de España elabore una estimación de las exorbitantes cantidades de que se beneficia la Ic y todas sus sociedades e instituciones, como consecuencia de las exenciones y bonificaciones fiscales al amparo de los Acuerdos con la Santa Sede de 1979. Y ello en sus tres niveles administrativos: central, autonómico y local.

            Conviene recordar que estas cuantiosas sumas se hurtan a los Presupuestos de estas tres administraciones y, por tanto, no están disponibles para financiar servicios de interés general, que beneficiarían a tod@s l@s ciudadan@s, independientemente de sus creencias y convicciones. Todo ello en beneficio de una creencia particular y de la Institución que dice representar: la  Iglesia católica.”

            Desde su mismo título, el objetivo de la Memoria de 2012 queda meridianamente claro: tan sólo se trata de justificar las actividades. Así pues, no se encontrará en ella ninguna información que permita hacerse siquiera una somera idea de los cuantiosos recursos económicos recibidos de (o eximidos por) las distintas administraciones públicas. Y obviamente tampoco encontraremos nada acerca del uso de estos recursos, que quedan atrapados en el agujero negro de la más absoluta opacidad.

            No obstante, los cuantiosos recursos económicos de que dispone la jerarquía católica han permitido realizar, por segundo año consecutivo, el Informe de aseguramiento razonable sobre la Memoria Justificativa de Actividades del Ejercicio 2012, realizado por la consultora PwC.

            Parece evidente, a cualquier observador desapasionado, la necesidad que tiene la institución eclesial de dotar de credibilidad a las cifras que aporta, toda vez que la información que realmente interesaría a l@s ciudadan@s español@s no aparece por ningún lado, como antes he señalado.

            No obstante conviene tener claro lo que no es el Informe de aseguramiento razonable: no significa que se hayan auditado las cuentas de la Iglesia católica (Ic, en adelante) conforme a la Ley de Auditoría de cuentas. Como es natural, la auditora no ha tenido a la vista en ningún momento “las cuentas” de la Ic (que no existen). La compañía auditora sólo ha trabajado con la información que la CEE ha tenido a bien poner a su disposición. A partir de ahí ha formulado preguntas, realizado algunas reuniones, visitado algunas diócesis y parroquias y, finalmente, elaborado un informe que, en ningún caso puede entenderse como una auditoría contable. Y ello es así porque no existe nada parecido a una contabilidad integrada de la Corporación católica, con su cuenta de resultados anual, su balance, su patrimonio, etc.

            Así pues, deberemos seguir esperando transparencia en el seno de esta gigantesca corporación que es la Iglesia católica: la conclusión del Informe de PwC no puede ir más allá de afirmar más que los datos (escasamente relevantes, según mi opinión) que se han puesto a su disposición se han preparado “de forma adecuada y fiable”.

            Admito que a algunas personas (a l@s incondicionales de la institución eclesial) estos datos les puedan parecer suficientes e incluso excesivos. Por el contrario, para los millones de contribuyentes (de creencias católicas o de cualesquiera otras creencias, religiosas o no) que sufrimos los privilegios económicos de la Ic y la consiguiente succión de recursos públicos de los presupuestos del Estado, la mayor parte de los datos aportados en la Memoria de 2012 nos resultan indiferentes (actividad litúrgica, pastoral…), pues sólo tienen significado en la órbita específica, y por tanto particular, de la actividad eclesial. Así pues, la mayoría de los datos aportados no tienen ningún interés, más que para los convencidos y, por otro lado, no se aportan los que de verdad nos interesarían a la mayoría de l@s ciudadan@s. En definitiva, con las palabras que usaba yo en mi informe de la Memoria de 2011, éstas son las mismas cifras que, año tras año, impiden ver el bosque de la financiación de la Ic en España.

            1.- Al igual que la Memoria publicada el año pasado, la primera hoja introductoria de la Memoria episcopal de 2012 nos recuerda un compromiso del Estado y desliza una mentira reiterada:

            a) El recordatorio a tod@s l@s ciudadan@s es para que no se nos olvide que el Acuerdo concordatario de 1979 compromete (y obliga) al Estado (y por tanto a todos los españoles) a colaborar con el adecuado sostenimiento de la Iglesia católica. No está mal el comienzo, para tratarse de un Estado supuestamente aconfesional;

            b) La mentira es que las cantidades desviadas de los Presupuestos del Estado, como consecuencia de las “X” de las declaraciones en el IRPF, se destinan para caridad. Un simple vistazo a la página 10 de la propia Memoria permite deducir que la práctica totalidad de la “mordida” originada en la declaración del IRPF se dedica a pagar los sueldos de los sacerdotes, la seguridad social del clero (16,1 M€), los emolumentos de los obispos y el funcionamiento de la Conferencia Episcopal (4,7 M€), el IVA de la rehabilitación de templos (6,2 M€), el mantenimiento de centros de formación o Facultades eclesiásticas (5,7 M€) o las campañas de agitación y propaganda (4,4 M€). A caridad sólo se dedica la aportación a Cáritas, 5M€, lo que supone sólo el 2% de todos los recursos obtenidos por las “X” del IRPF.

            2.- Ya desde la primera hoja de la Memoria, en que se aportan dos gráficos, uno del importe desviado a causa de las “X” en el IRPF (designado eufemísticamente “asignación tributaria”), y otro de las “declaraciones a favor de la Ic”, la intención de manipular la opinión pública queda al descubierto. La cantidad asignada en el período 2008-2012 ha descendido 4,1 M€ (desde 252 M€, en dicho año, a 248,5 M€ en 2012), con un ligero aumento en 2012 respecto al año anterior de 1,4 M€, lo que no impide que dicho año sea uno de los de más baja recaudación desde 2008. Con todo, cabe reseñar que en la presentación que hizo la CEE de la campaña del IRPF en febrero, aseguraban una recaudación de 249,05 M€, casi medio millón más que la cantidad que ahora reconocen. En fin, en todo caso, no es posible hacerse una idea gráfica del descenso en la asignación desde 2008, toda vez que, para enmascararlo visualmente, se utilizan anchos diagramas de barras de una altura similar, para que pase desapercibido.

            La manipulación en el gráfico de número de declaraciones a favor de la Iglesia ya viene siendo un clásico en las Memorias de la CEE. El año pasado reconocían que en 2011 había casi 100.000 declaraciones menos con las “X” a la Ic, y para enmascararlo, se utilizaba un gráfico lineal  cuya escala hacía parecer enorme el ascenso de las declaraciones en los años precedentes (2007 a 2010), con lo que la bajada de 2011 quedaba visualmente minimizada. En la Memoria de 2012 se refleja 7,4 millones de declaraciones a su favor, al igual que el año anterior, representando en el gráfico, sin embargo, una recta ascendente y un porcentaje ligeramente superior al de 2011. En realidad  en 2012 hubo 7, 34 millones de declaraciones “a favor” (sic), lo que significó 17.935 declaraciones menos que el ejercicio anterior y un descenso del 0,3%.   

            Por último, se afirma al pie del gráfico que marcan la “X” 900.000 contribuyentes más que en 2006. Esta burda manipulación no puede ocultar que a pesar de todo su aparato propagandístico y mediático, en torno al 66% de l@s declarantes sigue sin poner la “X” en la casilla de la Ic, como viene siendo habitual en la última década y, por tanto, haciendo declaración “en contra” de la Iglesia católica, por utilizar el mismo léxico que la Conferencia Episcopal.

            3.- Las páginas que figuran a continuación (10 y 11 de la Memoria) informan sobre cómo se nutre y emplea la denominada Asignación Tributaria. Llama poderosamente la atención que haya desaparecido toda mención al Fondo Común Interdiocesano (FCI, en adelante), que viene siendo el fondo desde el que se distribuyen los fondos para los distintos usos y que, a su vez, recibe los recursos de la  “Asignación Tributaria” así como de las aportaciones de las diócesis. Parecería que el FCI ha desaparecido, si no fuera porque en los propios Presupuestos de 2012, elaborados por la CEE en su momento, se afirmaba que “se constituye a partir de dos partidas: Fondos provenientes de la Asignación Tributaria y Aportaciones de las Diócesis”. Asimismo, se indicaba que “Para el presente ejercicio 2012, el Consejo de Economía de la Conferencia Episcopal Española, según las directrices marcadas por la Asamblea Plenaria y a la luz de los datos de la Asignación Tributaria recientemente presentados, ha elaborado el presupuesto del Fondo Común Interdiocesano”. Ni una palabra se dice en la Memoria de 2012 acerca de la desaparición  de la mención a este concepto, si bien en el Anexo II de la misma (página 58 y siguientes), aparece citado reiteradamente con una tipografía minúscula.

            4.- En cualquier caso, parece haber contadola jerarquía católica con 251,5 M€ para el ejercicio de 2012 (41.844 millones de las antiguas pesetas), de los cuales 248,3 M€ proceden de las cantidades que se le asignan de los Presupuestos del Estado, como consecuencia de las “X” en la declaración del IRPF, y los restantes 3,2 M€ proceden de ingresos financieros, originados por la rentabilidad de las inversiones de sus activos financieros.

            En la Memoria del ejercicio 2011 se focalizaba la atención, a continuación, en las cantidades correspondientes a la compensación por IVA, la Campaña de Financiación de la Iglesia y la Aportación a Cáritas, que se detraían convenientemente de los recursos totales. En la Memoria de 2012 estos conceptos aparecen entremezclados con todos los demás. En cualquier caso,  es posible deducir que el total de recursos con que se constituyó el Fondo alcanzó en 2012 los 251,5 M€, de los que hay que detraer 6,2 M€, que se aplican al pago del IVA soportado por los proyectos de rehabilitación y construcción de templos, 4,4 M€ que se aplican a pagar las campañas de agitación y propaganda eclesiales y los 5 M€ de la aportación a Cáritas. Así pues, los recursos que quedaron disponibles para el FCI de 2012 alcanzaron los 235,8 M€, algo más de 39 mil millones de las antiguas pesetas.

            En este punto es pertinente comentar que si la Ic debía utilizar 38 M€ en 2008 para compensar el gasto del IVA, en 2011 sólo debe emplear 9 M€ para ello y en 2012 únicamente 6,2 M€, lo que le permite disponer en este año, para otros gastos, de casi 32 M€ más que en 2008. Estamos hablando de 5.324 millones de las antiguas pesetas. Éste es un efecto directo del sistema de financiación pactado en 2006 con el gobierno del PSOE.

            5.- Cabe señalar que en la presente Memoria se mantiene elgrave efecto prestidigitador de la Memoria de 2011, no señalado en el informe de PwC en su momento: a pesar de que el Fondo se forma con lo aportado por la “Asignación Tributaria” de las “X”, más lo aportado por las diócesis, en la Memoria de 2012 se omite, no sólo la existencia del propio Fondo, sino una vez más, cualquier mención a la aportación de las diócesis a dicho Fondo. Precisamente este punto era el que nos permitía esclarecer parte del grave déficit de éstas, pues en 2010 aportaron tan sólo 13 M€ al citado Fondo, mientras que recibieron 195 M€. Esto significaba que las diócesis no cubrían con sus aportaciones ni siquiera el 7% de lo que recibían y, en consecuencia, nos permitía concluir: a) que las diócesis aportaban cada vez menos al Fondo Común  Interdiocesano y, por tanto, dependen del Estado cada vez en mayor medida, y b)que si no fuera por la financiación a través del Presupuesto del Estado (de tod@s l@s ciudadan@s), las diócesis católicas no podrían funcionar.

            Tal vez para que no se puedan volver a realizar estas deducciones sea por lo que la CEE ha eliminado la aportación de las diócesis al FCI. En todo caso, en los Presupuestos del Fondo Común Interdiocesano para 2012, figura una aportación de las diócesis de 15,2 M€, que puestos en relación con los 197 M€ que se envía a las diócesis, procedentes de las “X” del IRPF, ofrece un porcentaje de cobertura sensiblemente igual al del año anterior. Dejo para comentar posteriormente el apartado de “Economía  diocesana” incluido en la Memoria.

            En cualquier caso, lo que se pretende ocultar en la Memoria 2012 es que, en estos tiempos en que la lucha contra el déficit público y el recorte del gasto público se ha convertido en el objetivo principal de la política económica, el Estado sigue “alimentando”, año tras año, a unas instituciones privadas (las diócesis), que reciben del FCI, y por tanto de tod@s l@s ciudadan@s, una cantidad  trece veces mayor  de la que aportan al mismo por recaudación (datos 2012) y que no realizan ningún servicio de interés general ni, por tanto, público. Y ello, en un Estado que se define en su Constitución, como aconfesional.

6.- Hasta la publicación de la Memoria de 2011 se consignaba un cuadro en el que se detallaban los recursos y los empleos del Fondo Común Interdiocesano, clasificando estos últimos en “Aplicaciones Generales” y “Envío a las Diócesis”. En la presente Memoria este cuadro, así como la referencia al FCI, ha desaparecido, siendo substituido por un cuadro acerca de los recursos y empleos de la “Asignación Tributaria”. No obstante, es posible reconstruir para el ejercicio de 2012, a efectos comparativos, estas grandes rúbricas:

                          EMPLEO DE LOS RECURSOS DISPONIBLES                                           DEL FONDO COMÚN INTERDIOCESANO (    miles de euros)

            a) Las denominadas Aplicaciones Generales son gestionadas directamente por la jerarquía episcopal, y absorbieron 35,2 M€ en 2012, lo que significó el 14,9% del FCI disponible para dicho ejercicio. Esta rúbrica viene siendo razonablemente desglosada desde 2008, por lo que su aplicación es bastante conocida: sabemos que en 2012 el 46% de esa cantidad, 16,2 M€, se dedicó a pagar la seguridad social de sacerdotes y obispos; el 16% (5,7 M€) se empleó en sus centros de formación (facultades eclesiásticas, Pontificia de Comillas y centros en Roma y Jerusalén); el 18,5%,(6,5 M€), en actividades pastorales, tanto en España como en el extranjero; el 7,3 % (2,6 M€), se aplica a la Conferencia Episcopal Española; el 6,2%  (2,2 M€), para retribución de los obispos; 1 M€, el 3%, a Conferencias de religiosos y el resto se dedica a ayudar a las  diócesis insulares y a instituciones de la Santa Sede (Óbolo de S. Pedro y Tribunal de la Rota).

            En cualquier caso, algo más del 52% de las Aplicaciones Generales, 18,3 M€, (casi 3.052 millones de las antiguas pesetas), se emplean en pagar la seguridad social de sacerdotes y obispos y en los emolumentos de éstos últimos.

            Teniendo en cuenta que las Aplicaciones Generales ascendieron en 2008 a 26 M€, y que cuatro años después, en 2012, representaron 35,2 M€, el incremento en dicha partida en estos cuatro años transcurridos desde que comenzó esta brutal crisis, ha sido del 35,3%, lo que equivale  a haberse incrementado 8,8 puntos porcentuales cada año.  No está nada mal para una economía devastada por la crisis.

            b) La cantidad enviada a las diócesis desde el FCI fue la misma que en 2011: 197,7 M€. De esta cantidad procede la retribución del clero, que en 2012 supuso 166,8 M€, es decir, el 84,3% del montante que el Fondo envía a las diócesis. Esta rúbrica  la comentaré en el punto siguiente.

            c) Por último, se refleja un remanente pendiente de aplicar de 2,9 M€, que se incrementa casi un 12% respecto al ejercicio 2011. Nada se dice sobre su aplicación, pero cabe pensar que se aplicará directamente a inversiones financieras de la Conferencia Episcopal.

            7.- La cantidad que procedente del FCI se enviaba a las diócesis se agrupaba, hasta 2009, en unas escuetas rúbricas que permitían determinar las prioridades que, en la aplicación del Fondo, establecía la Conferencia Episcopal: gastos generales, sustentación del clero, actividades pastorales y seminarios. (Ver cuadro siguiente). A partir de la Memoria de 2010 este cuadro informativo desaparece, por lo que debemos rebuscar en la Memoria de 2012 para encontrar la retribución del clero, entremezclada en el Anexo II, en letra milimétrica, página 60, como un indicador más entre otros muchos.

CANTIDADES ENVIADAS A LAS DIÓCESIS PROVENIENTES DEL FCI                                       (en millones de euros)

            En el período 2008/2012 se ha pasado de enviar a las diócesis 140,5 M€, el primer año, a 197,7 M€ en 2012, es decir, se ha incrementado en un 40% la cuantía procedente del Fondo, aunque este incremento se ha producido, casi exclusivamente entre 2008 y 2009. Sin embargo, los recursos enviados para sustentación del clero han pasado de representar 108,7 M€ en 2008, hasta los 166,8 M€ en 2012, lo que significa un incremento del 53% en dicho período caracterizado por una brutal crisis económica. Esto a su vez significa que la masa salarial de las retribuciones del clero se ha incrementado cada año más de 13 puntos porcentuales desde 2008. Llama poderosamente la atención este incremento en los gastos de sustentación del clero en un período en que, según las propias cifras de la Conferencia Episcopal el conjunto del clero (sacerdotes + religios@s) sólo se ha incrementado en un 0,3%, pues ha pasado de 77.008 individuos a 77.299 en 2012. O el clero ha tenido incrementos retributivos astronómicos o sencillamente, las cifras mienten y esas cantidades se están desviando para otros usos. Otro efecto prestidigitador, derivado de la campaña de agitación y propaganda llevada a cabo por la CEE,

            8.- Otro aspecto importante del desglose de la cantidad procedente del FCI que se enviaba a las diócesis, era conocer qué parte de ésta se dedicaba a actividades pastorales. Dado que éstas deberían ser el fin primordial de la actividad eclesial, podría suponerse que la jerarquía católica dedicaba a ello la mayor parte de sus esfuerzos presupuestarios. La sorpresa es que en 2008 tan sólo se dedicaba a actividades pastorales el 11% de todo lo que el Fondo enviaba a las diócesis y en 2009 esta rúbrica supuso el 16%, muy lejos, en todo caso, del 71,5% que se dedicó a sustentación del clero. Sin embargo, de la información fragmentaria ofrecida en la Memoria de 2012, podemos deducir, como se ha indicado en el punto anterior, que los 166,8 M€ dedicados a la sustentación del clero diocesano supusieron el 84,3% del total de la cantidad enviada a las diócesis, procedente del FCI. En ese contexto, aunque no ofrece información la memoria para determinarlo con precisión, las actividades pastorales no absorberían más del 8% del montante del Fondo que se envía a las diócesis. ¿Cómo es posible que se dedique tan exiguo porcentaje del total para una actividad, la pastoral, que se supone que es la motivación principal de la Iglesia?

            Si como la propia Memoria declara, la actividad pastoral “constituye la misión esencial de la iglesia”, pues consiste en “el acompañamiento personal de los fieles, asesoramiento espiritual y colaboración en su período de formación permanente”, así como que “se centra, de manera especial, en los niños y jóvenes, en los matrimonios, en el catecumenado de adultos y en las persona de mayor edad”, es difícil entender que se le dedique una cantidad tan, presumiblemente, exigua.

            No se explica, desde la coherencia, el porqué de esta opacidad y la razón por la que la propia Ic infravalora los recursos que dedica a las actividades pastorales. Ya en el análisis que realicé para la Memoria de 2008 avancé una suposición: por más que haya muchos seglares y voluntarios trabajando gratuitamente en estas actividades, es fácil comprender cuál es el verdadero motivo que se esconde tras esta cicatería: la Ic no tiene 77.000 sacerdotes y religios@s en España para realizar prioritariamente lo que tan pomposamente llama “actividad pastoral”; en realidad, para la actividad pastoral que declara sobraría el 80 % de estos efectivos.

            Si el verdadero objetivo fueran las actividades pastorales, éstas deberían absorber más del 50% de los recursos que el FCI canaliza hacia las diócesis, y el clero, sus funcionarios, no debería suponer más de un 30% de la cantidad enviada por el Fondo a las diócesis. ¿Entonces, cuál es el verdadero motivo para mantener este “ejército” clerical, aparentemente ineficiente?

            La respuesta sólo puede ser que el objetivo de la Iglesia católica es mantener una extensa y profunda red de sacerdotes y religios@s, cuya estructura pueda garantizar  la difusión de su  particular moral e ideología y, en definitiva, la presión y el control político y moral sobre el  mayor número de ciudadan@s posible. Y para ello debe influir en las conciencias desde sus púlpitos, desde sus universidades, desde sus periódicos, desde sus emisoras de radio y televisión, desde sus confesionarios, con sus campañas de agitación y propaganda. Sin olvidar su influencia “vicaria”, es decir, la que no tiene origen en la actividad directa de los curas y religiosos, sino que se produce a través de periodistas, intelectuales, creadores de opinión y políticos afines, en todo tipo de medios públicos y privados.

         Para ocultar esa información es por lo que ha debido omitirse este desglose a partir de 2010, y por lo que en la Memoria de 2012 no se incluye ninguna cifra concreta, más allá de las referencias en los anexos. Y sobre esta flagrante omisión nada dice el informe de PwC.

            9.- Mención aparte merece el nuevo apartado dedicado a la Economía Diocesana, en las páginas 14 y 15 de la Memoria, completado con los datos de los indicadores del Anexo II. 

            Cuando hace cuatro años analicé la primera Memoria episcopal, correspondiente a 2008, ya hice hincapié en la necesidad de que el Estado exigiera a la Conferencia Episcopal una cuenta de resultados y un balance integrados de toda la actividad económica de la Corporación Católica. Es lo menos que puede exigirse a un conglomerado social y económico al que se desvía cantidades ingentes de dinero público cada año. La respuesta episcopal oficiosa era, entonces, que ello era imposible de conocer pues cada diócesis gozaba de autonomía y no estaba integrada la información.

            Aunque la cuestión no se agota en las diócesis, pues hay universidades, editoriales, emisoras de radio y TV, colegios y tantísimos negocios privados que se benefician de los presupuestos públicos, parece que en 2014 sí ha habido alguna posibilidad, por pequeña que fuera, de aproximarnos a lo que de forma aún muy esquemática, y sin dar contenido oficial a las cifras, podría tomarse por una cuenta de resultados informal de la economía de las diócesis en el ejercicio 2012. Esta situación queda reflejada en el cuadro siguiente:

ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LAS DIÓCESIS EN 2012

            Varias cuestiones merecen ser comentadas, sin ánimo de exhaustividad:

            a) Las diócesis se gastaron en dicho ejercicio 806,7 M€ (134 mil millones de las antiguas pesetas) e ingresaron 793,6 M€ (132 mil millones de pesetas), es decir tuvieron un déficit (gastaron más que ingresaron) por valor de 13,1 M€ (2.179 millones de pesetas). Así pues, el déficit representaría aparentemente un valor del 1,6 % de los ingresos efectuados.

            No obstante, si descontamos los conceptos que no se corresponden con gastos o ingresos ordinarios, es decir con la actividad ordinaria de las diócesis (ingresos patrimoniales, ingresos extraordinarios y gastos extraordinarios), obtenemos unos gastos corrientes de 712,5 M€ y unos ingresos corrientes de 660,8 M€, lo que nos arroja un déficit corriente, más ajustado a la realidad económica de las diócesis, de 51,6 M€, lo que supone ¡un déficit del 7,8 % respecto al total ingresado! Si tenemos en cuenta que las Corporaciones Locales tuvieron en dicho ejercicio un (pequeño) superávit del 0,22 %, que el déficit de las Comunidades Autónomas fue del 1,86 %, y el del Estado y sus Organismos Autónomos fue del 4,21 %, podemos hacernos una idea de la realidad tan poco “terrenal” en que viven las diócesis españolas.

            b) Llama poderosamente la atención que las diócesis tuvieran unos ingresos extraordinarios (y por tanto no presupuestados) de 42,4 M€ (7 mil millones de las antiguas pesetas), y unos gastos extraordinarios de 94,2 M€ (más de 15 mil millones de pesetas). Ajustarse a los presupuestos no parece ser una seña de identidad episcopal. Nada se dice en la Memoria de la composición de estas rúbricas extraordinarias. Lo que sí es notorio es que ¡los gastos extraordinarios suponen casi el 12% de los gastos totales de las diócesis¡

            c) No se comprende que habiéndose enviado a las diócesis 197,7 M€ procedentes de la “asignación tributaria” (como se afirma en la página 13 de la Memoria), figure como ingreso de las diócesis, procedente de dicha asignación, la cantidad de 205,5 M€ (página 60, Anexo II de la Memoria). Estos 8 M€ de diferencia no dejan de ser una incoherencia más en las cifras aportadas por la Memoria.

            d) Las aportaciones de los fieles, con 304,6 M€, cubren sólo el 38%  de los ingresos totales de las diócesis. Por otro lado, la aportación de los Presupuestos estatales a través de la “asignación tributaria” supone el 26 % de sus ingresos. Pero aquí no acaban las aportaciones públicas a las diócesis, puesto que figura una rúbrica de “Otros ingresos corrientes”, por valor de 150,6 M€, que suponen el 19% de los ingresos totales, una parte muy importante de la cual procede de las Comunidades Autónomas, de los Ayuntamientos, de las Diputaciones Provinciales o de la propia Administración Central. Pero no se ofrece en la Memoria información al respecto.

            e) La actividad pastoral y asistencial absorbe el 28,3% del gasto total de las diócesis, mientras que en salarios del clero y seglares se emplea el 29,7% y en conservación de edificios y gastos de funcionamiento otro 25,3%. Una nota de confusión la aporta el hecho de que al hablar de salarios del clero no especifica de cuántas personas estamos hablando y de qué forma se distribuye entre sacerdotes, religiosos en las parroquias y otr@s religios@s; asimismo al referirse al salario de los seglares no se indica si se refiere a tod@s l@s catequistas o parte de ell@s. Es imposible, por tanto, decir nada coherente en este contexto. En todo caso, resulta difícil convencer de que la atención prioritaria de la actividad de la Iglesia católica sea la labor pastoral y asistencial cuando el 55% de los gastos de las diócesis se emplea en alimentar clero, seglares y edificios.

            10.- A continuación, en una solo página con apenas 6 cifras, resume la Memoria la actividad litúrgica (ahora denominada celebrativa) en 2011, llamando la atención acerca de la cantidad de personas que asisten regularmente a misa: más de 10 millones. Esta cifra, como los ojos del Guadiana, ha venido apareciendo y desapareciendo de la web de la conferencia Episcopal en los últimos años. Igualmente, en las memorias de 2008 y 2009 no se ofrecía ninguna estimación de este evento, pero a partir de la Memoria de 2010 se incorpora definitivamente. En todo caso, resulta vano buscar en qué parámetros está basada dicha estimación. No hay ninguna referencia,  y la cifra surge una vez más, por arte de magia.  Se ignora qué “procedimientos de comprobación y obtención de evidencias suficientes soporta esta información” avalada por PwC, como todas las demás que se ofrecen en esta Memoria. Simplemente es un dogma de fe que, a fuerza de repetirlo, acaba siendo creído por todos los fieles y difundido entre los “infieles”.

            Los 268.810 bautizos declarados suponen, respecto a la Memoria de 2011, un descenso del 8% en el número de niños bautizados, que desde 2010 acumula un 23% de bautizos menos. Y este es un hecho que debemos celebrar todas las personas que defendemos la libertad de conciencia.

            ¿Pueden imaginarse a un recién nacido al que sus padres, por afinidad ideológica, afiliaran al PSOE, le hicieran el carné del PC, lo apuntaran al PP o lo hicieran socio de una organización atea? Sin duda sería un acto brutal, pero sobre todo, estúpido. Pues  estos actos son de la misma naturaleza (atentados a la libertad de conciencia individual y por tanto, anticonstitucionales) que el “bautizo en la fe católica”. Y esta situación se produce ante la aquiescencia de los tres poderes básicos del Estado: el Parlamento, el Gobierno y la Judicatura.

            El recién nacido, como todo menor de edad, es sujeto del derecho humano de libertad de conciencia (libertad ideológica y de religión) reconocido en el artículo 16 de la Constitución Española (CE, en adelante). Y la titularidad plena de los derechos fundamentales del menor está reconocida, desde 1996, por el artículo 3.1 de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor. Pero es un sujeto particular, por cuanto no puede ejercer dicho derecho. De ahí la necesidad de que se produzca una tutela por parte de los padres, mientras ese proceso de formación de la conciencia tiene lugar y se va construyendo su madurez física e intelectual.

            Ahora bien, como señala el art. 39 de la CE, la finalidad de la patria potestad es procurar el desarrollo de la personalidad del menor de cara a favorecer su autonomía. De manera que si, como declara el propio Tribunal Constitucional (en su Sentencia 141/2000), los poderes públicos, y especialmente “los órganos judiciales”, deben velar porque el ejercicio de la potestad de los padres se haga en interés del menor, y no al servicio de otros intereses que, por muy lícitos y respetables que puedan ser, deben postergarse ante el interés “superior del niño”, ¿dónde reside el interés del recién nacido por formar parte de, o adscribirse a, una religión concreta?¿Cómo puede ser tan brutalmente constreñida la personalidad de un recién nacido, marcándole de manera indeleble, como reconoce, tan  cínicamente en ocasiones, la propia Iglesia católica? ¿A quién beneficia esta práctica abusiva y ventajista y autoritaria, sino a la propia Ic, que perpetúa su semillero de creyentes, atrapándolos mucho antes de que tengan uso de razón y puedan elegir por sí mismos? ¿Cómo poner coto  a esta práctica deleznable que vacía de contenido el potencial ejercicio del derecho fundamental de libertad de conciencia por su verdadero titular, el recién nacido? Todas estas preguntas reclaman una respuesta urgente de los poderes públicos.

            El capítulo de primeras comuniones, 245.427 en 2012, y al que es perfectamente aplicable todo lo argumentado en el párrafo anterior, se ha reducido en un 2,2% respecto a 2011. No hay mucho más que comentar, salvo que en un año no tan lejano como 1995 alcanzaban las 327.000. Así pues, en un horizonte temporal amplio, el descenso parece notable.

            Las 62.847 bodas que, según el episcopado, se celebraron en 2012, suponen un descenso del 7% respecto al año anterior, y confirma su tendencia notablemente descendiente (el 68% de bodas católicas menos que en el cercano 2009). En todo caso, para situar en su contexto la secularización de la sociedad española actual, debemos aclarar que de acuerdo a las estadísticas del propio Instituto Nacional de Estadística, en 2012 el 63% de las bodas celebradas fueron civiles y el 37% religiosas.

            Queda, por último comentar la cifra ofrecida para las exequias católicas, que con 341.548 refleja una reducción del 22% respecto al año anterior.

            En todo caso, y sin que se aporte ninguna referencia estadística respecto al origen de estas cifras, podemos afirmar, a modo de recapitulación, que se confirma el permanente descenso de estas actividades confesionales en relación con las estadísticas demográficas oficiales españolas: a) en 2012, los bautizos católicos representan “sólo” el 59% del total de nacimientos en España en dicho año; en comparación con porcentajes entre el 70% y el 80% de hace una década, el descenso es significativo; b) aún más significativo es el retroceso en las bodas católicas, pues en dicho año, y con las propias cifras aportadas por la CEE, significaron el 37% de todas las bodas celebradas en España, con un retroceso de más de 20 puntos porcentuales en tan sólo una década; y c) las exequias que declara la Memoria (341.548) es muy poco fiable, dada la variación desproporcionada de un año a otro: la Memoria del año pasado, para el ejercicio 2011, ofrecía un número equivalente al 99,5% de todas las defunciones que se produjeron en dicho año en nuestro país; para el año siguiente 2012, ofrece 45.000 ceremonias católicas menos. Dado que la fuente de estas cifras aportadas por la Memoria es la Oficina Estadística de la CEE, cabe dudar de su fiabilidad, dada la disparidad con las cifras oficiales.

            11.- Como en años anteriores, resulta curioso observar una paradoja: a pesar de que la Actividad Pastoral en las diócesis no es el concepto al que más recursos económicos dedica la jerarquía católica, ocupa nada menos que 5 páginas de la Memoria, más que cualquier otro concepto.

            El marco general que debemos tener en cuenta es de casi 80 mil religios@s (entre sacerdotes y otr@s religios@s) distribuidos por toda España. A esta cantidad debemos añadir 109 mil catequistas, cuyo método de cálculo, o fuente, no se ofrece en la Memoria. Por último, el panorama se completa con la existencia de 22.795 parroquias distribuidas por toda España (ver cuadro a continuación):

            Como afirmaba en mi análisis de la Memoria de 2008, este panorama configura un extenso entramado reticular, a lo largo y ancho del país, con más de 77 mil personas realizando, a tiempo completo, actividad pastoral y, en muchas ocasiones, política (por supuesto, la política establecida por la Conferencia Episcopal), todo ello a costa de los contribuyentes de todas las creencias y convicciones (ateos, agnósticos, indiferentes o de otras religiones).

            12.- Por segundo año consecutivo se ofrecen cifras de la actividad católica en los centros penitenciarios. Cabe comenzar advirtiendo que, en mi opinión, tod@s l@s reclus@s deben tener derecho  a la asistencia que, en virtud de sus particulares creencias o convicciones estimen oportuna, siempre que la misma no se realice con cargo al erario público. Cuestión diferente es que deban establecerse políticas públicas en materia social, deportiva, de formación o psicológica, cuya responsabilidad y financiación, por definición, debe recaer en el Estado, toda vez que es éste el que les ha privado de libertad.

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Puede ver el documento de la Conferencia Episcopal:

Memoria Justificativa de Actividades 2012 de la Conferencia Episcopal

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• Informe Memoria CEE 2012

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