El templo se levantaría en terrenos ya adquiridos en Medina Azahara y de su financiación se ocuparía capital saudí y de otros países árabes.
Esta iniciativa se une a la prevista construcción en el barrio sevillano de Los Bermejales de otra gran mezquita. Se calcula que en Andalucía, donde ha aumentado la población inmigrante de origen musulmán y han proliferado las comunidades de conversos de origen español, hay un centenar de mezquitas.
Como subraya J.M. Madrid en ABC, ningún musulmán, sea moderado o radical, reniega del significado histórico que tiene Al-Andalus para la historia de su comunidad religiosa, ni olvida el pasado califal de Córdoba como la que llegó a ser la ciudad más importante del mundo.
Una y otra se han convertido en conceptos mitificados que alientan un claro irrendentismo entre los islamistas más radicales, como se refleja en las frecuentes apelaciones a Al-Andalus contenidas en los mensajes de Al-Qaida.
Pero incluso en los sectores moderados del islam, cualquier iniciativa que consista en ampliar la presencia de la comunidad musulmana en España se ve impulsada por la idea del «retorno» a un tierra sobre la que, por haber estado bajo dominio musulmán hasta hace más de quinientos años, aún reclaman un derecho histórico propio.
Los primeros pasos hacia este objetivo ya se han dado. Han adquirido ya los terrenos, usando como pantalla a testaferros.
Flota en el aire la incógnita d elo que hará Ayuntamiento cordobés, donde IU es determinante y que suele ver con simpatía esas "iniciativas" y apoya por sistema todo lo que huela a islam.
A nadie se le ha pasado por alto el boicot sistemático que Rosa Aguilar y el consisterio cordobés han hecho de un proyecto mucho más interesenate para la ciudad y políticamenye inocuo, como era el parque temático «Al Mansur», con el argumento de que se iba a levantar cerca de de Medina Azahara.
La construcción de una mezquita en Medina Azahara no es el único propósito d elos islamistas financiados con petrodolares saudíes. Los mismos grupos islámicos también quisieron comprar en la zona cordobesa de San Martín de Porres, en concreto en la calle Torremolinos, unos terrenos para edificar un centro de culto que mirara a la Mezquita-catedral.
La alerta ha saltado esta vez, cuando el pasado jueves el presidente de la Junta Islámica de España, Mansur Escudero, cuando anunció que los musulmanes irán a rezar a la mezquita de Córdoba.
Mansur Escuredo, personaje como poco controvertido, ha hecho una interpretación interesada de unas manifestaciones del presidente de la Conferencia Episcopal Española, monseñor Blázquez, durante el Desayuno Informativo de Europa Press que tuvo lugar el pasado miércoles.
El presidente de la Junta Islámica preguntó al también obispo de Bilbao por qué los musulmanes no pueden orar en la mezquita de Córdoba, a lo que el prelado respondió «que era posible que no estuvieran permitidas las oraciones públicas, pero no así las personales o individuales».
Ello fue utilizado por Escudero para lanzar su mensaje de que los musulmanes podían ir a rezar a la Mezquita de Córdoba, una interpretación que fue rechazada por la Conferencia Episcopal.
Los planes de Mansur Escuredo cuentan con el respaldo de un sector del PSOE de Andalucía, del que forman parte españoles conversos.
El Ayuntamiento de Sevilla ha hado luz verde a la construcción de una gran mezquita en unos terrenos municipales situados en la zona de Los Bermejales. El solar tiene 6.000 metros cuadrados y está muy próximo a la ronda de circunvalación SE-30, para un fácil acceso al templo y para que sea visible desde lejos, dos características que solicitaron los musulmanes sevillanos al Ayuntamiento.
Las obras aún no han comenzado porque los vecinos de Los Bermejales han interpuesto un recurso y el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 4 de Sevilla ha ordenado la suspensión cautelar de la construcción de la mezquita que la Comunidad Islámica de España pretende edificar.
Los vecinos se han echado en varias ocasiones a la calle para denunciar la construcción y en una de las convocatorias hicieron un comunicado en el que señalan:
«La mezquita está financiada por un país no democrático que establece el islam como la religión oficial. Un monarca absoluto, el sultán del Emirato de Sharjah (emirato integrado en los Emiratos Árabes Unidos) financia con petrodólares la construcción de la futura mezquita de Sevilla. Previsiblemente, al igual que en Granada, gestionará la mezquita una fundación formada por la Comunidad Islámica en España y por los Emiratos Árabes Unidos, uno de los pocos países (junto a Arabia Saudí y Paquistán) que reconocía como legítimo el régimen integrista de los talibanes de Afganistán».
Como señalaba ABC este domingo, en un editorial titulado "Córdoba, Al-Andalus y el islam", ignorar el contexto nacional y europeo en el que se plantean estos proyectos "culturales" o "religiosos" sería un trágico error:
Las monarquías arábigas promueven la creación de mezquitas en Europa -negando por completo el derecho recíproco a las demás religiones- y financian generosamente circuitos de actividades culturales, académicas y sociales para favorecer, entre otros objetivos, la captación de las poblaciones musulmanas emigradas para doctrinas estrictas o integristas del islam -hallando especial facilidad en las segundas y sucesivas generaciones de musulmanes- y la creación de un estado de opinión pública predispuesto a comprender, como mínimo, la posición del mundo islámico en sus demandas frente a Occidente y condicionar las decisiones de sus Gobiernos en política exterior y en sus alianzas con Estados Unidos.
No se puede decir que estén fracasando en el empeño, lo que debe obligar a los poderes públicos a tener una actitud muy clara e inequívoca sobre estos proyectos para Sevilla y Córdoba. Las mezquitas, aunque sean algo más que templos de oración , no pueden ser los escenarios para propalar doctrinas extremistas, que defiendan o disculpen el terrorismo y que impidan la integración social de los musulmanes en las sociedades de acogida.
Los clérigos responsables de las mezquitas deben estar identificados y bajo responsabilidad de una entidad religiosa musulmana que responda de su formación y de su predicación. La financiación de estos proyectos también debe estar fiscalizada por la Administración, para saber cuál es su origen y así poder evaluar los riesgos de que acaben sufragando actividades de proselitismo radical o directamente terroristas.
O se aprenden las lecciones del 11-M en Madrid y del 7-J en Londres o será difícil adoptar un sistema eficaz de protección frente al terrorismo islamista. No se trata, porque sería inconstitucional, de negar a los musulmanes el derecho a construir mezquitas, sino de establecer un equilibrio entre ese derecho y el deber del Estado de ser coherente con el tipo de amenaza terrorista que pesa sobre Europa, en general, y España, en particular.
