Las palabras pronunciadas por Ignacio Ramírez, El Nigromante, en 1857, toman hoy mayor vigencia: La Constitución progresista debe considerar garantías individuales, educación laica y gratuita, igualdad de géneros, un México libre
Con el espurio Felipe Calderón el ejercicio del poder presidencial se acerca al “peligroso callejón sin salida del maximalismo que rechaza el Estado laico y atenta contra las libertades esenciales de los mexicanos”, advirtieron diputados del PRD, PRI y Partido del Trabajo.
Juan Guerra, Humberto Zazueta, Alfonso Suárez del Real, Samuel Aguilar y Silvano Garay, coincidieron en que la prevención no se basa en dogmas religiosos, sino en justicia social.
Suárez del Real argumentó su rechazo a la declaración de Calderón durante la celebración del Día Internacional contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, donde adujo que los jóvenes y niños “tienen pocos asideros trascendentes, que tienen poco que creer, que no creen en la familia, que no tuvieron; que no creen en la economía o en la escuela, que no creen en Dios, porque no lo conocen”.
El diputado perredista recordó al Ejecutivo la naturaleza del Estado laico “y como funcionario público debe respetar la Constitución y la lucha histórica de nuestro pueblo. El gobierno federal ha renunciado a la justicia social como obligación del Estado y por ello debe recurrir a violar el espíritu fundamental de nuestra Carta Magna para justificar la ineficiencia y falta de resultados de su principal bandera política: la guerra contra el crimen organizado, que el día de hoy se transformó en cruzada para iniciar un movimiento que imponga la reforma constitucional que permita una educación confesional”.
Y es que, abundó Suárez del Real, uno de los principios fundamentales del Estado mexicano se fundamenta en la laicidad de sus instituciones “que desde el siglo XIX ha costado mucha sangre a nuestro Pueblo. Estos principios forman parte fundamental del texto de nuestra Constitución y transgredirlos, como hace el gobierno federal de manera cotidiana, es romper el Pacto Político de nuestro país, poniendo en grave riesgo la viabilidad social de México y su gobernabilidad democrática”.
“Las palabras pronunciadas por Ignacio Ramírez El Nigromante, en 1857, toman hoy mayor vigencia: La Constitución progresista debe considerar garantías individuales, educación laica y gratuita, igualdad de géneros, un México libre por la separación de la Iglesia con el Estado”.
Con dureza, Humberto Zazueta consideró las palabras del espurio Calderón como “un lamentable rosario de argumentos sin sustento histórico y político, que manifiesta su profundo desprecio por el ser nacional; conduce, con ello al peligroso callejón sin salida del maximalismo que rechaza el Estado laico y atenta contra las libertades esenciales de los mexicanos”.
De su lado, Juan Guerra Ochoa, recordó que la creencia y los dogmas de fe atañen estrictamente a las personas en lo individual, “y ningún político por más presidente, primer ministro, jefe de gobierno o lo que sea tiene atribuciones para que en un acto público, organizado con recursos del pueblo, ni derecho, ni moral ni ética para convocar a la ciudadanía a satanizar a aquellos que no profesan alguna religión, y en este caso la católica.
¡Urge que los poderes legislativo y el judicial convoquen a Calderón a que se asuma como representante de un Estado y no continúe ubicándose del lado de la reacción! ¡Esto a nadie le puede convenir!”.
También el priísta Samuel Aguilar consideró un “lamentable espectáculo” la postura de Felipe Calderón en relación al combate a las drogas:
“Primero. Como ya nos tiene acostumbrados se equivoca de terrible forma: antes de que los especialistas forenses de Los Ángeles, California, emitieran un veredicto científico en torno al deceso del cantante y bailarín Michael Jackson, ¡él ya sabía de qué falleció!, y aparte lo aprovecha para dar un pésimo ejemplo de los efectos de la drogadicción.
“Y en segundo: Calderón se manifiesta como un presidente de la República faccioso que deja ver su vena intolerante ante todo aquel, que por derecho, no profesa la misma religión que él, la católica. Lo que nos demuestra es que a la par de su partido, vive en el oscurantismo más retrógrado”.
Silvano Garay, diputado del Partido del Trabajo, emitió un llamado a Calderón para que se conduzca, “por lo menos, sobre los cauces institucionales”, porque la situación del país, cada día, “pende de hilos muy delgados.
Sabemos que no puede con el tema económico, que la seguridad –su gran bandera— se encuentra en su peor momento, y de su creciente cuestionamiento por parte de la ciudadanía, pero eso no lo acredita para descalificar a los que no creen en Dios, y menos confianza tienen en él”.
