El jesuíta Juan Masiá ha cargado contra la Iglesia católica, apostado por la eutanasia de la mano del doctor Montes y se ha alineado con las tesis de la asociación «Europa Laica», que sostiene que la cultura católica hace que «muchas leyes» en España «no permitan tener en cuenta la autonomía personal».
El jesuita y profesor de Ética de la Universidad de Shopia en Tokio, Juan Masiá, lamentó ayer en Santander que en España asuntos como la eutanasia o el aborto «no se pueden tratar con serenidad ética ni científica» ante la influencia de las «ideologías religiosas o políticas».
En este sentido, consideró que seguir las pautas dictadas desde un partido o una iglesia «ni es autonomía, ni dignidad humana, ni nada» y añadió que «no es así en todas las partes del mundo», por lo que apostó por «estar en una perspectiva religiosa más abierta». Masiá se pronunció así en una rueda de prensa celebrada en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), en la que intervino junto al presidente de la Asociación Europa Laica, Francisco Delgado, y la miembro del Comité de Bioética de Cataluña y codirectora del Informe sobre Eutanasia y Ayuda al Suicidio, Margarita Boladeras, con motivo de su participación en el Curso Magistral sobre eutanasia que dirige Luis Montes.
El jesuita y profesor de Ética se refirió además a la «dificultad» para lograr que se respete la «autonomía de las personas», así como «su dignidad» y aludió al «dogmatismo» de la Iglesia en temas como la eutanasia. En su opinión, «lo mismo da el ruido de sables militaristas que de mitras episcopales o de políticos» de cualquier ideología, ya que «no permiten» un debate «sereno, científico y con respeto a la pluralidad».
En estos términos se expresó también Delgado, quien recordó que la asociación que preside presentó recientemente a la ciudadanía y a los partidos con representación parlamentaria una propuesta de Ley Orgánica de Libertad de Convicciones y de Conciencia «donde se deben regular los derechos individuales y colectivos y el papel del Estado ante las religiones».
El presidente de Europa Laica apuntó que uno de los apartados de esta propuesta contempla que «la persona debe tener una muerte digna y sin dolor». En este sentido aseguró que «en España llevamos más de 30 años de retraso en el debate social y jurídico sobre la eutanasia y el suicidio asistido».
Delgado apostó por la modificación del artículo 143 del Código Penal para que «no sea penado» el familiar o profesional que «asista a una persona en dar fin a su vida». Añadió que la cultura católica de más de 1.500 años hace que «muchas leyes» en España «no permitan tener en cuenta la autonomía personal».
Por su parte, Boladeras manifestó que es «la voluntad de la persona» la que debe solicitar una muerte digna, ya que «el respeto a la autonomía» es un principio «ético y constitucional» que sirve para «justificar» la despenalización de la eutanasia y la ayuda al suicidio.
Boladeras se refirió al informe 'Recomendaciones a los profesionales sanitarios para la atención a los enfermos al final de la vida', que trata de «aconsejar» qué prácticas médicas «hay que considerar buenas» así como de adoctrinar «a los profesionales sanitarios a ver con claridad las distintas situaciones posibles y aquello que es bueno y necesario hacer».
Libertad religiosa
En cuanto al papel de la Conferencia Episcopal, Masiá manifestó que en España se da una situación «francamente anómala de marcha atrás de medio siglo», ya que se «impone» a los católicos «qué decir, pensar o votar». A su juicio, los obispos «tienen la obligación y el derecho de manifestar sus opiniones», pero «proponiendo y no imponiendo».
Masía consideró «anacrónico» el Concordato de 1953, sobre el que Delgado aseguró que es «urgente» derogarlo, así como el posterior de 1979 y la Ley de Libertad Religiosa de 1980. Asimismo, explicó que la reforma de esta norma debería dar lugar a «una de libertad de convicciones y conciencia».
En este sentido, el presidente de Europa Laica agregó que «posiblemente» esta reforma «no haría falta en una situación normalizada», algo que no se da, a su juicio, como demuestra el revuelo provocado por la posible retirada de símbolos religiosos de las escuelas públicas, «un tema que se tenía que haber superado hace 30 años».
