Por atentar contra el orden público, el gobierno debe iniciar procedimiento penal frente a la decisión de la iglesia católica de boicotear el censo, subrayó el doctor en derecho, Diego Valadés en Palacio Legislativo, quien sostiene que en México hay un uso político del ministerio público.
En el patio central del Congreso michoacano, abarrotado de oyentes entre los que se vieron a diputados, magistrados, dirigentes de partido, académicos, entre otros, Valadés recalcó que hablar de secularidad en el estado pareciera un retroceso, pero “las instituciones están sujetas permanentemente a tensiones, y están expuestas muchas veces a regresiones”.
En la recta final de su conferencia “Problemas actuales del estado laico”, , haría referencia a la decisión de la iglesia católica de boicotear el Censo de Población y Vivienda de este 2010, actitud que a juicio del catedrático debe provocar de parte del gobierno federal al menos un exhorto ya que implica un delito, pues se está atentando en contra del orden público.
Apuntó que en este caso lo que en rigor correspondería es iniciar una averiguación contra la iglesia, ya que está incurriendo a un delito, “por eso la necesidad de establecer el principio de laicidad dentro de la norma constitucional, para evitar que cuando la iglesia opine sobre algún tema, de la impresión que de fondo está emitiendo un mandato para el gobierno mexicano”.
Pero las posturas de la iglesia no sólo están afectando la decisión del gobierno federal a su juicio, sino también la de otros actores políticos, “en el caso del boicot que la iglesia anunció hará al censo de población, yo no he visto ningún pronunciamiento de los partidos políticos, todo el mundo se abstiene de hablar”.
Desde la perspectiva de Valadés, “se está adoptando en la vía de los hechos un fuero de la iglesia católica”, como ejemplo puso los escándalos de pederastia contra sacerdotes en donde las autoridades no han actuado y menos sancionado a los responsables.
El ponente apuntó que cuando se tiene un conflicto político basado en conceptos religiosos, se da la intolerancia y por tanto la exclusión, “este es el tema del estado contemporáneo en lo que respecta al laicismo. En una sociedad libre, abierta y plural deben tener los mismos derechos el creyente que el agnóstico o el ateo.
“Este es un tema que está otra vez presente en México, porque se han dado algunos aspectos en cuanto a la organización de nuestro sistema jurídico, que lindan y entran en colisión con los conceptos y preocupaciones religiosas, uno es el tema del aborto, otro el de la eutanasia, y uno más el del matrimonio entre personas del mismo sexo, las reacciones han sido en buena medida por conceptos de carácter religioso y es ahí donde surge una de las polémicas más duras en los últimos años”.
Para Valdés se debe secar la preocupación de naturaleza moral de las discusiones políticas en el país, “en un estado moderno o contemporáneo, no se puede convertir la convicción de unos, muchos o casi todos, en la convicción que vincule a la totalidad, porque esa vinculación de la totalidad se llama totalitarismo”.
Valadés apuntó que los temas económicos son asuntos de coyuntura que se resolverán de alguna manera, “lo que es un tema de estructura y que es el que puede permear o no en la organización del estado, y determinar los umbrales de libertad y tolerancia a todos los mexicanos es el que se refiere al estado secular, al estado laico, aquí es donde tenemos que poner toda la atención”.
El catedrático apuntó que así como la Ley establece de manera enunciativa que hay secularidad en materia educativa, laboral, jurisdiccional, patrimonial, registral y de relaciones familiares, hay una que no existe que es la de salud y de relaciones sexuales.
“No hay secularidad en México en materia de salud y de relaciones sexuales; el ejercicio de los derechos reproductivos que no están garantizados por la Constitución en el artículo cuarto, particularmente lo relacionado con la salud de la mujer”.
