Este Gobierno laicista radical ha subido un 34% la asignación de la casilla católica del IRPF, ha renunciado a la reforma de la ley de libertad religiosa y se ha gastado varios millones de euros públicos en pagar el reciente viaje del Papa.
Este Gobierno ateazo y secular también financia la enseñanza de religión católica en las escuelas públicas, ha recortado todas las partidas presupuestarias, salvo los más de 6.000 millones anuales que recibe la Iglesia, y mantiene un Concordato preconstitucional, donde el único precepto que aún no se cumple es esa promesa que hizo el Vaticano de autofinanciarse.
Este Gobierno de rojazos comecuras, que incluso nombró al frente del Tribunal Supremo a un magistrado que considera que la verdadera justicia emana del amor a Cristo, es, en palabras de Benedicto XVI, el representante de una España donde “ha nacido una laicidad, un anticlericalismo fuerte y agresivo como se vio en la década de los años treinta”. Rouco Varela, siempre a la ultraderecha del padre, completó la extemporánea comparación con una entrevista, ayer en El Mundo, en la que aseguró que el Gobierno es “hostil contra la familia” y nos ha colocado “en el ranking de primera línea en el laicismo europeo y mundial”.
Las respuestas que da la jerarquía católica ante la generosidad del Gobierno demuestran dos cosas. La primera: que la Iglesia es insaciable, y sólo una teocracia como la iraní, donde la sociedad se somete a sus criterios morales, parece capaz de satisfacerla. La segunda: que no ha servido de mucho la estrategia del apaciguamiento que ha seguido Zapatero.
Si reconocer los derechos de algunos colectivos históricamente oprimidos por la Iglesia –como son los homosexuales o las mujeres– es una hostil muestra de agresivo anticlericalismo, ¿qué dirá la jerarquía católica cuando, en vez de ampliar los derechos de terceros, sean sus privilegios los que al fin se recorten? Me temo que tardaremos muchos años en saberlo.