Es de esperar, por consiguiente, que en los próximos actos públicos desaparezcan definitivamente la simbología religiosa y la presencia de miembros de la jerarquía de la Iglesia Católica
He asistido como espectador republicano, a través de la pantalla del televisor, al acto de proclamación de Felipe VI como rey de España y Jefe del Estado Español. En tanto en cuanto no se produzca una demanda del pueblo español para un cambio constitucional en el modelo de Estado lo que toca es la convivencia con el actual modelo, una Monarquía parlamentaria tal como establece el artículo 1.3 de nuestra Constitución.
En todo acto institucional son importantes los contenidos de los discursos y los protocolos y en este sentido creo que es oportuno destacar la ausencia de símbolos religiosos (salvo la cruz que culmina la corona real) y la estricta referencia a lo contenido en el articulo 61.1 de la Constitución en el juramento realizado por el Rey ante las Cortes Generales, es decir, sin alusiones a seres más allá de la condición humana ni a libros sagrados.
Esto parece una obviedad en un Estado presumiblemente aconfesional -la Constitución española dice que ninguna confesión religiosa tiene carácter estatal (articulo 16.3)- sin embargo ese mismo articulo menciona expresamente a la Iglesia Católica, los Acuerdos en materia económica y educativa con la Santa Sede (Concordato) establecen un sistema de cooperación y ayuda financiera a la citada Iglesia, existen ciertas prerrogativas por la cual se concede a la Iglesia Católica su calidad de fedatario publico en virtud de la cual puede inmatricular bienes a su nombre (en vías de derogación, pero lo hecho, hecho está) y existen innumerables casos de asistencia de las autoridades civiles en calidad de tales, con demasiada asiduidad, a actos religiosos y la presencia igualmente de representantes de la jerarquía católica en actos institucionales. Quizás el hecho más destacado que muestra la no aconfesionalidad del Estado es la breve ceremonia, cargada de simbología religiosa, de juramento o promesa del cargo de los presidentes y ministros de los gobiernos de España en el Palacio de la Zarzuela, en la que éstos se acercan y juran o prometen el cargo ante la figura destacada de un crucifijo de considerables dimensiones, junto al cual se dispone de un ejemplar de la Biblia y otro de la Constitución, simbolizando la unión de los poderes civiles y religiosos a la par; por fortuna no hay ningún representante eclesiástico.
Por estas circunstancias considero que puede y debe tener transcendencia histórica el acto llevado a cabo en la mañana del 19 de junio de 2014 en lo que se refiere a la aconfesionalidad del Estado y a la necesaria laicidad del mismo, de acuerdo con el desarrollo y evolución de la sociedad española. Es de esperar, por consiguiente, que en los próximos actos públicos desaparezcan definitivamente la simbología religiosa y la presencia de miembros de la jerarquía de la Iglesia Católica, de la misma forma que los representantes del pueblo soberano deben respetar las creencias religiosas o no religiosas de los ciudadanos y dejar de participar, salvo a titulo personal, en actos religiosos y, mucho más, dejar de hacer el ridículo haciendo invocaciones a figuras religiosas, imponiendo medallas al merito militar a vírgenes o nombrando alcaldesas a patronas locales, lo que no significa otra cosa que un desafío a la inteligencia y a la razón.
Nuestro Estado, si es democrático, debe respetar la pluralidad ideológica, como también la pluralidad religiosa, agnóstica y atea. Así pues, separemos lo civil de lo religioso, los intereses del Estado de los intereses de la Iglesia Católica o de cualquier otra confesión religiosa. El laicismo va asociado a la libertad, es indisoluble de ella, de forma que a mayor grado de laicidad mayor libertad para los ciudadanos.
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