Nuevos documentos comprometen al Papa en la demora de la sanción a 2 agresores El Vaticano replica que estas últimas acusaciones no tienen «ninguna base»
Estados Unidos sigue sacando a la luz nuevos casos que ponen en cuestión la diligencia del Papa ante los casos de curas pederastas cuando era prefecto de la fe. Tras las recientes revelaciones de The New York Times que implicaban a Benedicto XVI en la paralización del caso contra el padre Lawrence Murphy, que abusó de 200 niños sordos, ahora la agencia Associated Press ha recuperado documentos referentes a dos miembros del clero en Arizona, que fueron expulsados de la Iglesia, pero tras un proceso agonizantemente largo.
En el primero de los casos, el depredador es el padre Michael Teta, sospechoso de haber iniciado los abusos a menores, incluso de 7 años de edad, al poco tiempo de llegar, en 1978, a la diócesis de Tucson. No fue hasta 11 años más tarde, en 1989, cuando el sacerdote quedó en baja administrativa. Y no fue suspendido hasta un año más tarde.
Entonces, el obispo de la diócesis, Manuel Moreno, escribió al papa Juan Pablo II pidiendo directrices y recibió una respuesta del nuncio apostólico indicándole que iniciara un juicio canónico. En 1992, el entonces prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Joseph Ratzinger, hoy papa Benedicto XVI, avisó al obispo Moreno de que se hacía cargo del caso de Teta. El hecho de que las acusaciones incluyeran abusos cometidos en el confesionario obligaban a elevar el caso desde la Congregación para el Clero hasta la de la Doctrina de la Fe, la cual años después acabaría haciéndose cargo de todos los casos de pederastia.
Ratzinger pidió a Moreno que siguiera sus directrices para garantizar el secreto en los procedimientos. «Apreciaríamos enormemente que nos asegurara que el proceso judicial para el padre Teta se está siguiendo de acuerdo con la instructio de esta Congregación, una copia de la cual se ha añadido en esta carta», se lee en la misiva.
CUALIDAD SATÁNICA/ El tribunal eclesiástico que juzgó a Teta habló de una «insidiosa violación de víctimas» e identificó en el sacerdote «casi una cualidad satánica, por su modo de actuar hacia jóvenes y chicos». No obstante, nada sucedió y en una carta de Moreno a Ratzinger en abril de 1997 el obispo le recordó que el caso llevaba abierto siete años.
Ese mismo año llegó la orden de expulsión para Teta, pero una apelación la dejó en suspenso y no fue forzado a abandonar la iglesia hasta el año 2004. Hasta entonces, aunque no podía identificarse como sacerdote ni vestir el alzacuellos, siguió cobrando de la iglesia unos 1.100 euros mensuales.
También el propio Ratzinger se hizo cargo, en el 2003, del caso de Robert Trupia, otro sacerdote de Arizona, experto en derecho canónico, que llevaba 11 años resistiéndose a los procesos de expulsión (llegando incluso, según el Boston Globe, a intentar chantajear a un obispo). Tardó 16 meses en sellar su expulsión.
Desde el Vaticano, Federico Lombardi denostó ayer estas últimas acusaciones como «sin ninguna base» y aseguró que el retraso en la expulsión de Teta estuvo provocado por una pausa en las apelaciones mientras el Vaticano cambiaba sus regulaciones para lidiar con los casos de abuso.
