Alonso insiste en que los calendarios planteados por el Gobierno dificultan su aplicación al dejar «sin margen» a las comunidades
La Junta de Andalucía, en el marco que le permite tanto el Estatuto de Autonomía como la Ley de Educación, activará para paliar la implantación en la región de la estatal Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), se reducirá al mínimo exigible por ley la impartición docente de la asignatura de Religión.
Así lo ha confirmado en rueda de prensa el consejero titular del ramo, Luciano Alonso, que no obstante ha descartado que la Consejería tenga en cartera alguna iniciativa relacionada con la reducción de este profesorado como consecuencia de dicha medida.
Al respecto, Alonso ha reseñado la intención del Ejecutivo andaluz de promover que se dé "lo mínimo que se pueda dar". "Si se puede dar una hora a la semana, pues una hora", ha especificado, apelando en este sentido a la importancia de que "un andaluz del siglo XXI" pueda tener la posibilidad de recibir formación sobre Educación para la Ciudadanía (EpC), cuya inclusión como asignatura "desterrada" por la reforma educativa, al objeto de romper el "equilibrio" que la nueva norma ofrece "al situar los principios constitucionales al mismo nivel que los religiosos", supone otra de las claves.
Estas actuaciones se encuadran, así, en la preparación que la Junta de Andalucía lleva a cabo, por medio de sus propios decretos de enseñanza con afección al currículo educativo, por si "milagrosamente" la Lomce llega a tiempo para poder aplicarse a partir del próximo curso, a pesar de la "rigidez" de los calendarios normativos.
Así, Educación, por una parte, ha insistido en el recurso de inconstitucionalidad que la administración andaluza interpondrá contra la ley estatal por invasión competencial en materia de evaluación y de garantía de calidad. Alonso ha confirmado que dicha acción judicial se interpondrá ante el Tribunal Constitucional (TC) antes de que finalice el presente mes de febrero y ha manifestado que aunque otras comunidades autónomas también podrían estar dispuestas, ello queda en manos de los gobiernos de las regiones que han dejado claro su rechazo a la Lomce –al margen de la propia Andalucía, Asturias, Canarias, País Vasco y Cataluña–, en una situación que parece descartar un recurso conjunto.
ALTERNATIVAS A LA REVÁLIDA
Por otro lado, Alonso ha dado cuenta de otras medidas, tales como el favorecimiento de una formación más "humanista" e "integral" a través de itinerarios curriculares, así como el mantenimiento de los refuerzos educativos y la atención a la diversidad.
En cuanto a los libros de texto, en Andalucía se mantiene el programa de gratuidad de libros de texto, si bien este carácter sólo se extenderá a aquellos manuales que se editen conforme a la norma autonómica y que estén inscritos en el registro de Libros de Texto de Andalucía. Nuevamente, las apreturas en el calendario de aplicación podrían ser un aspecto fundamental.
También se garantiza la permanencia del profesorado junto a los alumnos dos cursos seguidos, frente a la eliminación de los ciclos educativos que recoge la Lomce, así como medidas para evitar la "segregación", con criterios que garanticen un "equilibrio" en la escolarización de alumnos con necesidades de apoyo educativo, o la reafirmación de que no se concertará a los centros de educación diferenciada por sexo, en lo que supone una negativa 'de facto' a la nueva petición de convenio realizada por estos colegios para el próximo curso.
Por otra parte, la comunidad autónoma andaluza seguirá dando preponderancia a la existencia de plazas públicas, exigirá intervención de la Junta y el profesorado público en la evaluación –Educación ha negado que en la región se vayan a publicar los resultados a modo de ranking y ha justificado la supresión de las Pruebas de Diagnóstico en la necesidad de compaginar la orientación evaluativa en Andalucía con las fases impuestas por la Lomce para no "saturar" a la comunidad educativa– y aplicará alternativas, que se están trabajando bajo la convicción de que un refuerzo educativo podría ser una buena solución, para ofrecer una salida a quienes no superen la reválida a pesar de aprobar el curso, "de forma que ningún niño se quede en tierra de nadie".
ANDALUCÍA SE "REBELA" PERO NO SERÁ "INSUMISA"
Estas medidas pretenden exprimir en la medida de lo posible las competencias andaluzas para atenuar las consecuencias de la reforma educativa. La región se "rebela", si bien el consejero de Educación, Cultura y Deporte ha confirmado que Andalucía no será "insumisa" a una ley que, pese a todo, supone "un callejón sin salida" que "no gusta a nadie" y que parte, a su juicio, con "errores de concepto" que dificultarán su aplicación.
Se ha preguntado "dónde está la mejora" tras el anuncio por parte del Ministerio que dirige José Ignacio Wert de aplazar el desarrollo del currículo de Secundaria y Bachillerato para el próximo año, dejando no obstante para este curso el de Primaria y Formación Profesional (FP) Básica. Asimismo, ha criticado que el texto nazca con vocación de "castigar" a aquellas comunidades con mayor tasa de abandono escolar –considera que se pone el punto de mira directamente sobre Andalucía– y que no se tenga en cuenta el "escaso" margen de déficit dejado para actuar: en este sentido, Alonso ha recordado que Andalucía necesitaría 150 millones de euros al año para su implantación en los términos actualmente propuestos, mientras que ha criticado la falta de información del proceso sobre la financiación.
Además, ha explicado que esta ley y su desarrollo impone un calendario que deja "sin margen" a las comunidades autónomas y centros educativos para cumplir con su obligación. Ha calificado de "imposible" implantar la ley en un plazo de tres años e iniciarla en pocos meses "si queremos un mínimo de calidad", pues ha recordado que el Gobierno aprobará los decretos de Enseñanzas Básicas, como muy pronto, en marzo, dejando para las comunidades autónomas la configuración de puntos como las asignaturas troncales, los criterios pedagógicos y metodológicos o los horarios: ello supondría un plazo razonable de seis a ocho meses, "lo que nos obliga a renunciar a un aspecto que consideramos clave, el de alcanzar el mayor consenso posible con la comunidad educativa".
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