Desde la denuncia del Concordato hasta una militancia «a la carta» el PSOE quiere conectar con una mayoría social y «superar la travesía del desierto»
El denominador común entre todos los asistentes a la Conferencia Política del PSOE que se ha clausurado hoy a primeras horas de la tarde ha sido el deseo de recuperar la iniciativa política y una situación de postración que mantiene a la organización en su punto más bajo de respaldo político. "Hemos de volver a ser nosotros y hacer que la mayoría de la sociedad nos crea", ha comentado una delegada de una federación periférica a modo de resumen.
Para lograr ese propósito, en el que se ha comprometido la dirección que encabeza Alfredo Pérez Rubalcaba, nada mejor que volver a lo orígenes, a las raíces socialistas. Dar un giro a la izquierda con propuestas abandonadas tras años en el poder y en plena crisis. "Hemos de volver a lo que somos, a las raíces socialistas; y decir a la sociedad, a las personas, que queremos recuperar el apoyo de una mayoría social para transformar la sociedad", ha comentado antes de acabar el cónclave una delegada de mediana edad de una federación periférica.
Los trabajos para depurar un nuevo proyecto han llevado meses, según insisten desde la dirección del partido y entre la militancia. 12.000 enmiendas al texto marco han sido depuradas en cuatro comisiones para estructurar el nuevo ideario, que quiere ser claramente identificado como de izquierdas. Y en cuatro apartados básicos: sociedad, economía, reformas institucionales y orgánicas para el propio partido.
En el primero de ellos destaca la apuesta por la laicidad. Por primera vez el PSOE anuncia su deseo de denunciar el Concordato con el Vaticano, vigente desde 1979 pero que fue negociado por el Gobierno de la UCD antes de aprobarse la Constitución. Del mismo modo se pide que la iglesia Católica se autofinancie, pero no se propone la supresión de la casilla en el impreso del IRPF. También se pedirá que los edificios de propiedad eclesiástica que no estén destinados al culto paguen el IBI municipal.
Asimismo, se apuesta por la desaparición de los símbolos religiosos de las escuelas públicas y que la religión no sea una asignatura curricular y evaluable. En este capítulo los participantes han aprobado la reforma de la ley de Indulto, que data de 1870 y es la más antigua de España para que el Gobierno deba motivar y razonar los indultos, siempre bajo supervisión judicial. De este modo se hubieran evitado indultos polémicos como el del número dos del Banco de Santander, Alfredo Sáenz, del último Gobierno de Zapatero, o el más reciente del kaamikace der Polinyá decidido por el Ejecutivo de Rajoy
En el apartado económico las propuestas son diversas, con la decisión de elaborar una ley que garantice la igualdad salarial entre hombres y mujeres; también se fija el compromiso de colocar topes salariales para que la diferencia en la escala salarial en una empresa el sueldo más alto no supere en 12 veces el más bajo. La Conferencia Política también se muestra contraria al contrato único.
Los delegados han aprobado también que los mileuristas queden exentos de pagar el IRPF, al igual que otros colectivos que atraviesen dificultades económicas. El ideario socialista ha aprobado que se establezca por ley una renta mínima de subsistencia.
En el capítulo de reformas institucionales, tal vez el que más polémicas ha generado, destaca la pelea hasta el último momento por hacer explícito el carácter republicano del partido. Una propuesta defendida hasta el mismo domingo por la mañana, momentos antes de la clausura, por las Juventudes Socialistas y el grupo Foro Ético de Odón Elorza. Finalmente, gracias a una enmienda de los ponentes, que encabezaba Ramón Jáuregui, la tensión se ha relajado y el PSOE se declara con una tradición republicana pero no pone en cuestión a la monarquía, institución a la que se le exige que cumpla "con transparencia y auteridad" sus funciones constitucionales.
Los socialistas también proponen la reforma de la ley electoral, pero para establecer las listas "cremallera" por sexos sin que se contemplen las listas abiertas. Tal vez la reforma más importante consista en el compromiso de incluir en el texto de la Constitución, como derecho fundamental de los ciudadanos, el acceso a la sanidad pública y gratuita. Asimismo, se propone una reforma de los reglamentos parlamentarios para acercar a los diputados y senadores a los ciudadanos que les han elegido, así como agilizar sus actividades parlamentarias.
Finalmente, el apartado orgánico, uno de los que más atención concentra para la propia militancia, se ha decidido apostar por una militancia "a la carta" con el propósito de abrir la organización a los ciudadanos. Esta medida, que puede convulsionar los ritos internos del partido, contempla tres formas de militancia: la actual, vinculada a una agrupación local; la militancia directa, por la que cualquier persona se adscribirá sin formalidades al partido a través de una federación o directamente a la sede central —pensada para profesionales sectoriales sin compromisos en los órganos del partido— y la del simpatizante, que tendrá protagonismo en diversas actividades de la organización. Se quiere romper con la cultura endogámica de los locales/sede del partido y abrir sus estructuras a la ciudadanía.
En cuanto al código ético se busca un catálogo riguroso para los militantes y, sobre todo, cargos púbicos que se comprometerán a dimitir si son imputados en un proceso judicial. Este código lo redactará la comisión federal de Ética y Garantías que preside la andaluza Carmeli Hermosín, según el encargo de la ponencia.
Pero el tema estrella ha sido la certificación de los procesos de primarias abiertas —es decir, con participación de personas no afiliadas al partido— para elegir al candidato a los candidatos a la presidencia de las comunidades autónomas, al igual que a la presidencia del Gobierno. Para que esto sea posible se deberá contar con el permiso del comité federal, el máximo órgano entre congresos. La dirección del partido no ha admitido este proceso para seleccionar a los candidatos a las alcaldías.
Todas las propuestas debatidas en las cuatro comisiones han sido aprobadas por el plenario de forma abrumadora y tan solo han registrado votos negativos los apartados que incluía la cuestión de la monarquía y la de economía, con cinco y dos votos, respectivamente, de un total de 1.000 asistentes con derecho aa voto.
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