«Esto que ocurre en España es algo que atenta completamente contra este espíritu de la educación como un derecho humano».
Que la educación es un derecho humano y que, como tal, tiene que ser pública, gratuita y de calidad es el tótem más repetido por Camila Croso. La directora de la Campaña Mundial por la Educación y coordinadora de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) ha visitado España coincidiendo con las movilizaciones de la comunidad educativa contra la ley Wert. Una ley que, asegura, es "regresiva" y presenta muchas similitudes con otras polémicas reformas de Latinoamérica.
Visita España en plena resaca tras las movilizaciones de la comunidad educativa, ¿qué opinión le merece la protesta que ha sacado a la calle a miles de personas contra la LOMCE?
Desde la CLADE apoyamos totalmente las reivindicaciones de la ciudadanía española y nos solidarizamos con ella. Lo que hemos podido observar respecto a la LOMCE es que es una ley regresiva que fisura y rompe la espina dorsal de un sistema basado en una lógica de los derechos humanos y que, de hecho, tiene muchas similitudes con sistemas regresivos que tenemos en Latinoamérica, especialmente en Chile. Por ejemplo, las ventajas a los colegios concertados –allá se llaman subvencionados–, que responden a la misma lógica. En Chile observamos que aumenta la segmentación en un país ya segmentado. Los sistemas educativos justamente existen para cohesionar las sociedades, y nos preocupa muchísimo que este modelo aumente más la fisura.
También nos preocupa la segregación. El hecho de que se financien escuelas religiosas que fomentan la separación de niños y niñas. Es sorprendente y preocupante porque va a generar una doble fisura por clase social y por género, que es absolutamente contraria a cualquier planteamiento sobre la igualdad de género. La igualdad de género presupone una revisión de las relaciones entre hombres y mujeres que implica convivencia. Y segregar los géneros es exactamente lo contrario.
En España el curso ha empezado con 80.000 alumnos más pero 25.000 profesores menos. ¿Qué tiene que decir usted, que impulsa una campaña llamada 'Sin profes no hay escuelas'?
Otra vez, es algo que va en contra de las recomendaciones de todas las instancias internacionales e incluso de los organismos más conservadores, como el Banco Mundial. El planteamiento es que los maestros son fundamentales para la calidad educativa, sea cual sea la definición de calidad, porque eso también se está discutiendo. Pero en lo que hay un gran consenso internacional es en que existe una brecha de maestros gigantesca, que es un problema estructural del sistema educativo a nivel mundial, y en que las políticas públicas deben poner en marcha los mecanismos necesarios para subsanarla. Desde la Campaña Mundial por la Educación, la CLADE o informes como el Global Monitoring Report de la Unesco, se plantea la importancia de valorar la profesión docente mejorando sus condiciones de trabajo, tanto en salario como en carrera, pero también aumentando su autonomía y dándole la posibilidad de que participe en procesos de debate de las políticas públicas. Eso es valorar a la profesión y a los profesionales.
Otra cuestión muy debatida en España es el acceso y la permanencia en la educación superior. Han aumentado las tasas y se han endurecido las condiciones para obtener una beca, por lo que ya se está notando en una bajada en las matriculaciones, la pérdida de alumnos y la búsqueda de mecenas por parte de las universidades. ¿Un palo más en la rueda educativa?
Los actores que están involucrados en luchar por el derecho a la educación básica cada vez más tienen conciencia de que la pelea tiene que ser por la educación en todos los niveles. Eso fue un avance desde los movimientos sociales porque nuestra agenda tiene que ser global y porque todas las etapas son fundamentales. Los instrumentos internacionales de derechos humanos dicen que la educación obligatoria debe ser gratuita, pero también que tiene que ser pública. Y punto. Y que los Estados tienen que hacer planes concretísimos para ampliar la gratuidad más allá de los niveles obligatorios. Por tanto, esto que ocurre en España es algo que atenta completamente contra este espíritu de la educación como un derecho humano. Es una política profundamente regresiva. Las políticas tienen que ser, aunque sea despacio porque no todos los países tienen las mismas condiciones, progresivas.
Ahora que habla de la educación como un derecho humano, ¿considera que todas las reformas en España están cambiando ese espíritu?
Claramente la educación se está mercantilizando. Todavía no se refleja tanto en las leyes, y ojalá no lleguemos a eso, pero en las prácticas, sí. Observamos una tendencia a privatizar y mercantilizar la educación a nivel mundial. Y eso nos lleva a otro tema que tiene que ver con la democracia, porque en las leyes y en las prácticas educativas y de derechos humanos son los ciudadanos los que tienen que definir sus contenidos. Cuando se mercantiliza la educación y pasa a ser vista como un gran mercado y un gran negocio, aparecen empresas e iniciativas privadas de consultoría que sólo quieren ganar dinero. Lo que vemos hoy es una tensión entre democracia y consultocracia. Entre lo público y lo privado, entre los Estados y las empresas. Es un doble problema. Por un lado, la mercantilización, porque esas empresas no responden a los intereses de la población sino al lucro, y ese propósito no es compatible con el del bien común, por lo que la educación deja de ser un bien público y un derecho humano. Y también se cortocircuita la democracia, porque quienes toman las decisiones son empresas, no es la democracia ni la ciudadanía.
Un problema muy grave a nivel mundial, y que aquí también preocupa mucho, son las altas tasas de abandono escolar temprano. ¿Qué se puede hacer para luchar contra ello?
La no conclusión de etapas educativas supone un debilitamiento de la soberanía de un país, de su tejido y su capacidad de pensarse, superar crisis, generar más riqueza y de evidenciar los derechos humanos. Para que un país tenga justicia social tenemos que tener ciudadanos bien formados y educados en el sentido más amplio, capaces de pensar, de resolver problemas…, y no esa ciudadanía robotizada, de agendas reducidas, de esos sistemas educativos que se están generalizando a nivel mundial. El riesgo que se tiene con el abandono es que los países y sus ciudadanos se debiliten y no puedan cumplir su misión de Estado-nación. Para contrarrestarlo en Latinoamérica hemos hecho muchos debates sobre Educación Secundaria y estamos observando las dificultades de muchos hombres, sobre todo para compatibilizar educación y trabajo, y una total falta de pertenencia a la educación. En Latinoamérica, y sospecho que es general, se percibe que la educación no dialoga con sus estudiantes y les niega sus identidades juveniles y, por tanto, esos jóvenes se resisten a estar en el sistema. Y lo peor es que esa negación de identidad es de hecho una negación de los derechos humanos.
En Latinoamérica estamos viendo también muchas movilizaciones contra las políticas educativas, ¿cuáles son los problemas fundamentales a los que se enfrentan?
Nos preocupan dos tendencias. Una es la mercantilización y privatización de la educación. Está creciendo la concepción de la educación como negocio y las grandes empresas están entrando para captar este 'mercado', a la par que se impone también la promoción de escuelas privadas de bajo coste, una política explícita de la Agencia Británica de Cooperación, como una solución. Detrás de eso está el achicamiento del Estado y una promoción activa de la privatización de la educación, porque se trata de un mercado enorme, ya que la escuela es lo único por lo que todos los individuos están obligados a pasar. Cuando se promueve la educación barata para pobres, un Estado está promoviendo la mercantilización. Y también nos preocupa la criminalización. A medida que aumentan las movilizaciones sociales, también lo hace su criminalización. Lo estamos viendo en Chile, Honduras, Brasil, México, Colombia, República Dominicana… Y en este sentido, las leyes lo que hacen es achicar lo que se define como legítimo, las leyes están marcando qué es protestar legítimamente. No hay más que mirar a República Dominicana, donde se está restando ciudadanía con la sentencia del Tribunal Constitucional que quita la nacionalidad a cuatro generaciones de emigrantes. Es una barbaridad y una vergüenza. Por eso, las claves de la lucha pasan por afirmar la educación como un derecho y consolidar democracias, porque va de la mano de los derechos humanos. Cuando pasa algo como esto, todos los derechos humanos se ven afectados.
La Campaña Mundial por la Educación, y la CLADE, está presente en la agenda 2021 de la Organización de Estados Iberoamericanos, ¿cuáles son las principales metas de los organismos que representa?
Estamos viviendo un momento muy difícil; no quiero ser pesimista pero hay que mirar a la realidad. Ahora, a nivel internacional, se está debatiendo hacia qué modelo hay que seguir y qué significa desarrollo y educación. Hay opiniones muy preocupantes –como la del estudio Hight Level Report, que menos mal que Ban Ki-moon [secretario general de la ONU] no utilizó en su informe pero sigue influyendo– que mantienen una concepción economicista. Para ellos el desarrollo es igual a urbano, tecnólogico, moderno y consumista, y prevé el fin de lo rural en 2030. Su planteamiento está enmarcado en una idea de educación para el empleo y el mercado de trabajo. ¡Y ni siquiera hablan de un trabajo digno! Y en un modelo de escuela robotizada en la que no se piense y cuyos indicadores son alcanzar algunos mínimos en matemáticas o lengua. Eso es terrible porque apunta a un reduccionismo y a una economía de mercado a la que todos sirven pero que en ningún momento habla de la economía al servicio de los derechos humanos.
De cara a la Asamblea General de la ONU, desde la Campaña Mundial por la Educación, que incluye a 22 organizaciones como la CLADE, Ayuda en Acción o Right to Education Project, seguimos diciendo que para que la educación sea un derecho humano fundamental, lo primero es reconocer, aunque parezca una tontería, que en tanto que somos humanos tenemos derechos humanos. Además defendemos que los Estados son los garantes de estos derechos humanos y es necesario que fortalezcan el sistema público, porque defender la educación es defender la educación pública y gratuita. Creemos que todas las etapas son fundamentales, y que se debe poner el acento en la importancia de la educación en adultos y su alfabetización. Creemos en defender una educación de calidad alejada de las agencias y empresas de testing, que subraye la igualdad y no discriminación como elementos fundamentales y dote de la importancia que tienen a maestros y profesores. Y sobre todo, destacamos que el Estado es quien debe proveer los fondos necesarios para financiar la educación pública.
Camila Croso, directora de la Campaña Mundial por la Educación y coordinadora de la Campaña Lationamericana por el Derecho a la Educación. / P.C.
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