España es un estado aconfesional, desde 1978, con la aprobación de la Constitución. Un Estado aconfesional es aquel que no reconoce como oficial ninguna religión. Es como un Estado laico, aunque perdure desde el franquismo el Concordato. No habría que analizar más, sobre todo cuando el papa Francisco ha dicho ya que los Estados deben ser laicos. Y lo dice porque él sabe que en todos los países hay diversas religiones que practican o no los ciudadanos y, también debe saber, que los hay que ni creemos ni practicamos ninguna de ellas.
En este sentido se produce la vuelta al nacionalcatolicismo, misión emprendida por la derecha gobernante cuando la religión vuelve a las aulas y como materia evaluable es uno de los retrocesos anticonstitucionales más elementales desde una perspectiva del derecho y de la filosofía misma de Estado. Ni lo desea la Constitución ni la propia Iglesia católica en palabras de su papa.
El retraso a la teoría del Estado católico del régimen anterior es evidente. La escuela vuelve a llenarse de libros y símbolos católicos y la religión hasta tiene la validez de otra asignatura troncal que ha de ser calificada. Y ello cuando en Francia acaba de institucionalizarse oficialmente en los centros públicos, y como idea fundamental de la enseñanza pública, amparada por la Constitución francesa, los derechos humanos y los valores de la libertad y la democracia social, la Carta del Laicismo Escolar.
En la Carta se institucionalizan quince puntos que están ya expuestos en los centros públicos y cuyos contenidos han de cumplirse y explicarse al alumnado. De lo que se trata es de consolidar el Estado laico francés en su dimensión educativa, en las aulas que son propiedad del Estado y, por lo tanto de todos los ciudadanos, tengan las ideas que tengan. Mañana lunes, la Carta del laicismo que presentó públicamente el ministro de Educación francés, Vicent Peillon, los 60.000 centros públicos de Francia enseñarán los quince artículos del laicismo de la Carta, ya presentada y ubicada en lugar visible en esos centros.
En resumen, el documento señala que Francia es una República indivisible, laica, democrática y social que respeta todas las creencias, y esta República laica organiza la separación entre religión y Estado. No hay religión de Estado. El laicismo garantiza la libertad de conciencia. Cada cual es libre de creer o de no creer, el laicismo concilia la libertad de cada uno con la igualdad y la fraternidad, permitiendo el ejercicio de la ciudadanía, y la República garantiza el respeto a sus principios en los centros públicos. El laicismo protege de todo proselitismo y toda presión que impida la libre elección y todos los estudiantes tienen garantizado el acceso a la cultura común y compartida. La carta asegura la libertad de expresión del alumnado y garantiza el rechazo de las violencias y discriminaciones entre niños y niñas. Por eso, el personal escolar está obligado a transmitir el sentido y los valores del laicismo y tienen el deber de ser estrictamente neutrales y nadie puede rechazar las reglas de la escuela de la República invocando su pertenencia religiosa.
De esta manera, la racionalidad de una escuela laica es la de «un espacio preservado y neutro en el que se da a cada uno, sea cual sea su religión, su origen social o geográfico, los medios para elegir y construir su vida», al decir del ministro Peillon. Desde Educación Infantil hasta el Bachillerato, mañana, todos los alumnos y alumnas conocerán el documento, que será explicado por su profesorado, y llevará el sello de una escuela moderna, que sitúa a Francia. Los centros privados han quedado fuera de la obligación de exhibir la Carta del Laicismo, aprobada el pasado 8 de julio, pero también ellos deberán integrarse el próximo curso es esta 'refundación' del Estado laico francés en el estudio de la convivencia ciudadana.
Una buena lección para España que, como se señalaba antes, regresa, contraria a la opinión del mismísimo papa, al nacionalcatolicismo franquista, frente a la razón y búsqueda de una escuela pública laica o aconfesional, como ustedes quieran, reconocida en nuestra Consitución desde 1978.
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