La sociedad española es cada vez más secular y da menos importancia a la religión, mientras que el Estado va muy por detrás en lo referente a laicidad.
Esta es la principal conclusión de tres trabajos elaborados por varios profesores de Derecho Eclesiástico para la Fundación Alternativas.
Se trata de tres documentos que analizan el pluralismo religioso y la laicidad del Estado, el uso de símbolos religiosos y la gestión pública de la religión y que, según ha explicado hoy en rueda de prensa Belén Barreiro, directora del Laboratorio Alternativas, "invitan a hacer algo, a dar una respuesta política".
El primero de los documentos, y que sirve como base para los otros dos, se titula "Identidad social, pluralismo religioso y laicidad del Estado", y está elaborado por los catedráticos de Derecho Eclesiástico Ana Fernández-Coronado y Gustavo Suárez.
Fernández-Coronado ha afirmado que la sociedad española cada vez está más secularizada y se ha emancipado de los valores religiosos, y ahora persisten unos "usos sociales" religiosos que tienen un corte cultural: "La religión importa menos e importa de manera distinta".
Sin embargo, ha asegurado que todavía perdura "una cierta contaminación" del Estado que "es necesario depurar y que puede funcionar como límite a la secularización", lo que ha definido como "residuos confesionales" consecuencia de la estrecha vinculación entre religión y Estado durante la época franquista.
Gustavo Suárez, por su parte, ha abogado por la necesidad de "promover la neutralidad" frente a "los intentos de invasión del espacio público por doctrinas religiosas", y ha pedido un nuevo pacto entre Iglesia y Estado más acotado y más acorde con la Constitución.
El segundo de los trabajos se centra en el uso de los símbolos religiosos en el espacio público, y corre a cargo de los profesores Fernando Amérigo y Daniel Pelayo, que distinguen entre símbolos personales, como el velo, o institucionales, como los crucifijos.
En cuanto a los personales, amparados por la libertad ideológica y religiosa, ha apostado por la vía de la educación para "buscar espacios de tolerancia y puntos en común" y, en el caso específico del velo, por el fomento de las políticas de igualdad y no discriminación para que las mujeres "adopten la decisión de llevarlo manera informada".
En lo referente a los símbolos institucionales, este trabajo recomienda evitar su presencia cuando afecten a la neutralidad del Estado, que la participación de funcionarios en actos religiosos sea voluntaria y eliminar los símbolos ligados a una confesión en actos institucionales como los funerales de Estado.
El tercero de los trabajos se ocupa de la gestión que la administración pública hace de los asuntos religiosos, y corre a cargo del doctor en Derecho y Catedrático de Derecho Eclesiástico José María Contreras.
Ha afirmado que es necesario gestionar, no tanto la relación entre la Iglesia y el Estado, sino la libertad religiosa, y ha alertado de que esa gestión sigue aún anclada "en épocas pasadas".
Contreras ha pedido una descentralización de la gestión de los asuntos religiosos porque "lo más próximo es lo más eficaz" y "en un país donde se ha descentralizado prácticamente todo la cuestión religiosa sigue bastante centralizada".
También ha alertado sobre las divergencias que existen a la hora de elaborar normas sobre distintos aspectos que afectan a la religión: "O hay un aluvión de normas o no hay".
Ha puesto el ejemplo de la enseñanza de la religión, asunto regulado por más de 250 normas, frente a la asistencia religiosa en las Fuerzas Armadas, que solo puede ser ejercida por la Iglesia Católica porque no hay ninguna ley que desarrolle este aspecto.
