La ley permitirá «excepcionalmente» derivar a otra región a las mujeres
Un resquicio legal permitirá a Navarra seguir enviando a las mujeres de la comunidad a abortar fuera de ella (lo que en el lenguaje administrativo se conoce como "derivar"). Un artículo del proyecto de real decreto de calidad asistencial de la nueva ley del aborto que se va a discutir hoy en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) prevé que, si el servicio donde la mujer embarazada haya solicitado la asistencia no puede facilitarle en tiempo la prestación, aquella tendrá el derecho de ir a cualquier otra comunidad y la suya tendrá que abonarle la intervención. Navarra es la única región en la que no se practican abortos. Ni en hospitales públicos ni en privados. Así, las mujeres navarras se ven obligadas a desplazarse a otras comunidades para someterse a la intervención. En 2008 abortaron más de 700. Ninguna en la comunidad foral.
Fuentes de la Consejería de Sanidad navarra aseguran que el artículo incluido en el proyecto de Real Decreto les posibilitará, a partir del 5 de julio (día en que entra en vigor la nueva ley de plazos), seguir obrando como hasta ahora. Es decir, los centros de la comunidad no realizarán abortos, pero el Gobierno foral sí pagará los que se efectúen en otras comunidades.
El argumento de las autoridades es que en Navarra no es posible facilitar esta prestación porque todos los profesionales sanitarios objetan. "Todos, desde médicos hasta enfermeros y celadores", aseguran fuentes de la consejería. Esto a pesar de que los celadores, por ejemplo, no tienen reconocido este derecho. Y también a pesar de que, al no existir un registro, no se conoce el número real de médicos que se niegan a realizar esta intervención por motivos de conciencia. Este es el mismo argumento que se arguye desde hace 25 años para justificar que, en toda España, sólo el 2% de las interrupciones se realicen en centros públicos.
Ese apartado en el desarrollo que reglamenta la nueva ley, sin embargo, tiene un carácter excepcional. "Va destinado a que la mujer tenga más garantías de que se le realiza la prestación; a que si a la mujer su servicio de salud, por ejemplo, no le responde a tiempo, pueda ir a cualquier clínica acreditada en el territorio nacional y luego se le abonen los costes", explica José Martínez Olmos, secretario general de Sanidad. El borrador de Real Decreto marca que se le debe devolver el dinero a la mujer en un plazo de 10 días naturales a contar desde el momento en el que solicitó la prestación.
La nueva ley de interrupción voluntaria del embarazo, que marca un plazo de aborto libre de 14 semanas, dice en una de sus disposiciones finales que "corresponderá a las autoridades sanitarias competentes garantizar la prestación contenida en la red sanitaria pública o vinculada a la misma, en la comunidad autónoma de residencia de la mujer embarazada". Una disposición que, según Navarra, invade sus competencias, y uno de los motivos por los que planteaba recurrir al Constitucional la norma, aprobada el pasado mes de marzo. No obstante, con el artículo incluido en el real decreto, la comunidad foral apenas se vería obligada, por el momento, a cambiar su actuación.
Sin embargo, Martínez Olmos asegura que el caso de Navarra se normalizará. "No es normal que allí no haya una prestación de servicio. Tendrán que ver cómo lo resuelven. Mientras tanto, tendrán que solucionarlo con la vía que estamos planteando", dice. "Navarra tiene que cumplir la ley, pero esto les da garantías a las mujeres", declara. "Y no sólo a las mujeres navarras. También a las de otras comunidades", aclara. Y es que esa no es la única región que deriva a las mujeres a abortar fuera. Otras como Castilla y León o Castilla-La Mancha también lo hacen, aunque sólo en algunos casos, como las malformaciones fetales (cuando la intervención se hace con el embarazo más avanzado y es más complicada).
El Ministerio de Sanidad no puede obligar a ninguna comunidad a que preste el servicio con recursos propios. Es decir, en los hospitales públicos. De hecho, en comunidades como Andalucía se conciertan con clínicas privadas todas las interrupciones voluntarias del embarazo. Un patrón que en mayor o menor medida se repite en otras muchas autonomías. Pero el caso de Navarra es excepcional hasta en eso. En la comunidad foral no existe ninguna clínica privada que realice abortos. Fuentes de la Consejería de Sanidad aseguran que ninguno de estos centros ha solicitado nunca establecerse allí.
El proyecto de Real Decreto de calidad asistencial de la interrupción voluntaria del embarazo y el que desarrolla la nueva ley del aborto -que incluye, por ejemplo, qué hacer con las mujeres de 16 y 17 años- aún no se ha aprobado. Hoy se debatirán los dos en el Consejo Interterritorial de Sanidad, en el que participan consejeros de toda España. Aún se está en periodo de alegaciones y su opinión se escuchará. Sin embargo, no es vinculante.
